Texto del fallo
DO ANN AI TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 1994/2025-A ANALISIS DE ADMISION Proceso: La Paz 64/2025 Parte acusadora: Ministerio Público y Paola Tatiana Mamani Lazarte Parte imputada: María Ofelia Esprella Morales y Marcelina Ofelia Morales Quisbert Delitos: Robo Agravado, Amenazas y Atentados Contra la Libertad de Trabajo, arts. 332, 293 y 303 del Código Penal (CP) Sucre, cuatro de febrero de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 16 de agosto de 2024, cursante de fs. 1165 a 1170 vta., María Ofelia Esprella Morales y Marcelina Ofelia Morales Quisbert, impugnan el Auto de Vista 399/2023 de 11 de diciembre de fs. 1144 a 1149, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Paola Tatiana Mamani Lazarte como acusadora particular, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Amenazas y Atentados Contra la Libertad de Trabajo, tipificados y sancionados en los arts. 332, 293 y 303 del CP.
I ACTOS PROCESALES VIN CULADOS AL RECURSO DE CASACION Ll.
SENTENCIA Por Sentencia de 33/2022 de 7 de octubre de fs. 1071 a 1099, el Tribunal de Sentencia Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a María Ofelia Esprella Morales y Marcelina Ofelia Morales Quisbert, culpables de la comisión de los delitos de Amenazas y Atentados Contra la Libertad de Trabajo, previstos y sancionados por los arts. 293 y 303 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión y absueltas del delito de Robo
Agravado, previstos en el art. 332 del CP, más el pago del daño civil y costas en favor del Estado y la víctima, a calificarse en ejecución de Sentencia.
1.2.
APELACIÓN RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA Contra la referida Sentencia, las imputadas formularon el recurso :
de apelación restringida de fs. 1105 a 1112 vta., resuelto por Auto de Vista 399/2023 de 11 de diciembre, de fs. 1144 a 1149, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso interpuesto y confirmando la Sentencia impugnada.
II MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN Señalan las recurrentes, que el Tribunal de primera instancia a tiempo de emitir la Sentencia no cumplió con la fundamentación y motivación con relación a la tipificación de los delitos de Amenazas y Atentados Contra la Libertad de Trabajo, alegando que la Sentencia se basó en hechos inexistentes y no acreditados, señalando que existió valoración defectuosa de la prueba al no considerar correctamente la testifical y las imágenes presentadas como prueba.
También señalan que, el Tribunal de alzada no consideró la falta de testigos de un hecho público que sucedió en plena avenida, tampoco hubiera valorado la prueba de descargo, ni la absolución al delito de robo agravado al estar conexo a los otros dos ilícitos.
Señalan, como precedentes contradictorios los Autos Supremos (AASS) 97/2005 de 1 de abril, 479/2005 de 8 de diciembre, 554/2020-RRC de 10 de agosto y 125/2020-RRC de 21 de febrero.
III MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN El derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria.
A la luz de lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la
AA Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia b adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (sic).
Del mismo modo, en el Caso Barreto Leiva contra Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la CorteIDH, estableció de forma categórica que: ... el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene , errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.
El art. 180.II de la CPE, garantiza la impugnación como un principio en los procesos judiciales. El art. 394 del CPP, consagra el derecho a recurrir, señalando que: Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante.
Asimismo, el , precisó que: (...) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia.
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