Texto del fallo
AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 2017 /2025-A ANÁLISIS DE ADMISIÓN Proceso: Cochabamba 21/2025 Parte acusadora: Ministerio Público y Ramiro Lazarte Crespo Herrera Parte imputada: Johand Bruno Valdivia Solan Delito: Robo Agravado, art. 332 del Código Penal (CP) Sucre. Cuatro de febrero de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 10 de diciembre de 2024, cursante de fs. 539 y vta. Johand Bruno Valdivia Solano, impugna el Auto de Vista 333/2023 de 14 de diciembre de fs. 524 a 527, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Ramiro Lazarte Crespo Herrera, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del CP.
I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.
SENTENCIA Por Sentencia 30/2023 del 4 de mayo de fs. 490 a 497 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en procedimiento abreviado declaró a Johand Bruno Valdivia Solano, autor de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del CP, imponiendo la pena de tres años de presidio, con costas a favor del Estado, una vez que la Sentencia adquiera ejecutoria.
, 1.2.
APELACIÓN RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA Contra la referida Sentencia, el imputado Johand Bruno Valdivia Solano, formuló el recurso de apelación restringida de fs. 509 y vta., resuelto por Auto de Vista 333/2023 de 14 de diciembre de fs. 524 a 527, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso interpuesto; en consecuencia, confirmó la Sentencia Apelada.
II MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN El recurrente, refiriéndose a cuestiones de la Sentencia, señala que en su recurso de apelación denuncio que la Sentencia no realiza una clara y objetiva motivación y fundamentación, violando el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como la inobservancia del principio iura novitt curia, ya que la conducta que ha demostrado en la presente causa se ajusta a una atenuación de la pena y porque no a una posible absolución por reparación del daño ocasionado.
IN MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN El derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria.
A la luz de lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (sic).
Del mismo modo, en el Caso Barreto Leiva contra Venezuela, , Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la Corte IDH, estableció de forma categórica que: ... el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de I interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.
Crgano Juria El art. 180.11 de la CPE, garantiza la impugnación como un principio en los procesos judiciales. El art. 394 del CPP, consagra el derecho a recurrir, señalando que: Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante.
Asimismo, el , precisó que: (...) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizario en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia.
Por otra parte, el principio de reserva de ley, también conocido como principio de legalidad en sentido estricto, constituye un pilar fundamental dentro un sistema democrático. Su esencia radica en la exigencia de que ciertas materias, particularmente aquellas que inciden en derechos fundamentales o imponen restricciones a los mismos, sean reguladas exclusivamente por ley formal, emanada del órgano legislativo, depositario de la soberanía popular. En el ámbito del derecho procesal, y con especial énfasis en materia recursiva, este principio adquiere una trascendencia aún mayor, al erigirse como garante de la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la proscripción de la arbitrariedad.
De lo señalado, se infiere que ningún derecho fundamental tiene un carácter absoluto, pues ningún derecho, ni aún los de naturaleza o carácter constitucional, pueden considerarse como ilimitados!;, sin embargo, al ser derechos de rango constitucional, pueden ser restringidos sólo mediante, o sobre la base, de normas con rango constitucional o de rango inferior al de la Constitución?.
En ese sentido, el constituyente boliviano consagró el principio de reserva legal en el art. 109.II de la CPE estableciendo que: Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. En consecuencia, el principio de impugnación consagrado en el art. 180.II Sentencia 11/1981 de 08 de abril, Tribunal Constitucional de España, fundamento jurídico 7.
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