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TSJ

AS/2056/2025-A

Tribunal Supremo de Justicia
12 de mayo de 2026Sala Penal
Proceso
Tráfico de Sustancias Controladas

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 2056/ 2025-A ANALISIS DE ADMISION Proceso: Beni 1/2025 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: Vicente Roca Roca y Rodrigo Reinaldo Salazar Delito: Tráfico, art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) Sucre, treinta de enero de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 23 de septiembre de 2022 de fs. 117 a 121, Vicente Roca Roca impugna el Auto de Vista 45/2021 de 17 de diciembre de fs. 93 a 103 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso penal seguido en su contra y de Rodrigo Reinaldo Salazar por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Tráfico, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.

SENTENCIA Por Sentencia 1/2021 de 21 de enero de fs. 50 a 55, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, declaró a Vicente Roca Roca y Rodrigo Reinaldo Salazar, absueltos de la comisión del delito de de Tráfico, previsto y sancionado por el art.

48 de la Ley 1008, toda vez, que la prueba aportada no fue suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre su responsabilidad.

1.2.

APELACIÓN RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA

Contra la referida Sentencia, el Ministerio Público formuló el recurso de apelación restringida de fs. 75 a 78, que fue resuelto por Auto de Vista 45/2021 de 17 de diciembre de fs. 99 a 103 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que declaró procedente en parte el recurso planteado; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada.

II MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN ;

En primer lugar, el recurrente denuncia una actuación ultra petita y una falta de congruencia por parte de los Vocales; argumenta que el Ministerio Público, en su apelación restringida reclamó únicamente una supuesta falta de fundamentación fáctica y probatoria; sin embargo, el Tribunal de Alzada anuló el fallo basándose en que varias pruebas que no fueron mencionadas. La defensa sostiene que, al resolver sobre un punto (omisión de pruebas) que no fue objeto de reclamo por la Fiscalía, el Tribunal de alzada actuó de oficio como parte interesada, excediendo sus competencias y vulnerando el principio de imparcialidad, dado que la Sentencia absolutoria sí cumplia con los requisitos legales. En segundo lugar, acusa al Auto de Vista de incurrir en una contradicción interna insalvable, señalando que los Vocales calificaron la fundamentación del Juez inferior como en extremo exigua (reconociendo que existe, aunque sea breve), para luego afirmar que las pruebas no fueron mencionadas (inexistencia de valoración). Esta ambigúedad calificar la valoración como escasa y nula simultáneamente sobre los mismos elementos genera incertidumbre jurídica y evidencia la falta de motivación l coherente en el fallo de segunda instancia. Finalmente, el recurso ataca el fondo de la acusación por Tráfico, alegando que esta se sustenta Únicamente en presunciones y conjeturas carentes de respaldo objetivo; el recurrente enfatiza que una presunción sumada a otra no constituye prueba y que no se ha demostrado su autoría ni los elementos del tipo penal; por tanto, invoca el principio In Dubio Pro Reo, sosteniendo que ante la duda razonable y la falta de certeza, debe prevalecer su inocencia, solicitando en consecuencia que se deje sin efecto la anulación y se respete la absolución dictada inicialmente.

Invoca en calidad de precedentes contradictorios, los Autos Supremos (AASS) 29 de 25 de febrero de 1982 y 385 de 21 de octubre de 2005.

HI MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN 1 derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, onsagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de

derechos humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria.

A la luz de lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de

L Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Carte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (sic).

- Del mismo modo, en el Caso Barreto Leiva contra Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la CorteIDH, estableció de forma categórica que: ... el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.

El art. 180.II de la CPE, garantiza la impugnación como un principio en los procesos judiciales. El art. 394 del CPP, consagra el derecho a recurrir, señalando que: Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante.

Asimismo, el , precisó que: (...) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizario en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia.

Por otra parte, el principio de reserva de ley, también conocido como

principio de legalidad en sentido estricto, constituye un pilar

fundamental dentro un sistema democrático. Su esencia radica en la

exigencia de que ciertas materias, particularmente aquellas que

inciden en derechos fundamentales o imponen restricciones a los

mismos, sean reguladas exclusivamente por ley formal, emanada del

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Datos del proceso

Demandante
Ministerio Público
Demandado
Vicente Roca Roca y Rodrigo Reinaldo Zalazar
Proceso
Tráfico de Sustancias Controladas
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia12 de mayo de 2026AS/2056/2025-AFuente oficial