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TSJ

AS/2080/2025-A

Tribunal Supremo de Justicia
14 de abril de 2026Sala Penal
Proceso
Violación de infante, niño, niña o adolescente

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

A A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 2080/ 2025-A ANÁLISIS DE ADMISIÓN Proceso: Chuquisaca 05/2025 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: Luis Alfredo Berna Campos Delitos: Violación Infante, Niño, Niña o Adolescente art. 308 Bis del Código Penal (CP) Sucre, tres de febrero de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 10 de enero de 2025 de fs.

271 a 275, Luis Alfredo Berna Campos, impugna el Auto de Vista 480/2024 de 23 de septiembre de 2024 de fs. 253 a 264 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violación Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 del CP.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Il.

SENTENCIA Por Sentencia 13/019 de 22 de marzo de fs. 139 a 150 vta., el Juzgado de Sentencia Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Luis Alfredo Berna Campos, autor y culpable de la comisión de los delitos de Violación Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis. con la agravante del art 130 inc. 3 del CP, imponiendo la medida socioeducativa de internamiento en el Centro Solidaridad de la ciudad de Chuquisaca por el lapso de cinco años, en aplicación del art. 268 del Código Niño Niña y Adolescente (Ley 548).

: I.2.

APELACIÓN RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA Contra la mencionada Sentencia, Luis Alfredo Berna Campos, formula el recurso de apelación restringida de fs. 160 a 170, resuelto por Auto

de Vista 480/20254 de 23 de septiembre de 2024 de fs. 253 a 264 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el referido recurso, confirmando la Sentencia apelada.

II MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN El recurrente, denuncia que el Auto de Vista impugnado, incurre en falta de fundamentación e incongruencia omisiva al eximirse de pronunciarse sobre el primer motivo de su apelación restringida, referido a la fundamentación insuficiente de la Sentencia y a la defectuosa valoración de la prueba de cargo y descargo, defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP), en relación con el art. 124 del mismo cuerpo legal.

Sostiene que el Tribunal de alzada se limitó a señalar la existencia de un defecto absoluto permitido en el segundo motivo de apelación y a disponer el reenvío, sin emitir criterio respecto a la denuncia de sentencia citra petita ni a la omisión de valorar los argumentos de la defensa y la prueba testifical y documental de descargo, lo que, a su entender, vulnera su derecho al debido proceso y a la defensa reconocidos en los arts. 115.II y 117.1 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos (AASS) 411/2006 de 20 de octubre, 417/2003 de 19 de agosto, 6/2007 de 26 de enero, 529/2006 de 17 de noviembre y 444/2005 de 15 de octubre;

así como las Sentencias Constitucionales (SSCC) 1674/2003-R de 17 de diciembre, 119/2003-R, 1276/2001-R, 418/2000-R, 717/06-R de 21 de julio, 281/2010-R de 7 de junio, 14/2010-R de 12 de abril y 486/2010-R de 5 de julio.

IHI MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN El derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria.

A la luz de lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior Jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (sic).

Del mismo modo, en el Caso Barreto Leiva contra Venezuela,

Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la Corte IDH, estableció de

forma categórica que: ... el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.

El art. 180.1 de la CPE, garantiza la impugnación como un principio en los procesos judiciales. El art. 394 del CPP, consagra el derecho a recurrir, señalando que: Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante.

Asimismo, el , precisó que: (...) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia.

Por otra parte, el principio de reserva de ley, también conocido como principio de legalidad en sentido estricto, constituye un pilar fundamental dentro un sistema democrático. Su esencia radica en la exigencia de que ciertas materias, particularmente aquellas que inciden en derechos fundamentales o imponen restricciones a los mismos, sean reguladas exclusivamente por ley formal, emanada del órgano legislativo, depositario de la soberanía popular. En el ámbito del derecho procesal, y con especial énfasis en materia recursiva, este principio adquiere una trascendencia aún mayor, al erigirse como

garante de la seguridad juridica, la predictibilidad de las decisiones

judiciales y la proscripción de la arbitrariedad.

De lo señalado, se infiere que ningún derecho fundamental tiene un

carácter absoluto, pues ningún derecho, ni aún los de naturaleza o

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Datos del proceso

Demandante
Defensoria de la Niñez y Adolescencia y MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Luis Alfredo Berna Campos
Proceso
Violación de infante, niño, niña o adolescente
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia14 de abril de 2026AS/2080/2025-AFuente oficial