SE/0004/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">SENTENCIA Nº

FECHA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:004/2025

:20 de junio de 2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:33/2019

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Filiberto Choque Vásquez.

:Sentencia 4/2011 de 11 de febrero

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA RELATORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Rosmery Ruiz Martínez.

</td>

</tr>

</td>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA.

El Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada presentado el 27 de junio de 2019 (fs. 39 a 46) por Filiberto Choque Vásquez, solicitando la revisión de la Sentencia 4/2011 de 11 de febrero (fs. 182 a 187 del Anexo 1), el Auto Supremo 73/2020 de 25 de noviembre (fs. 56 a 57) que determinó la admisión del recurso; el memorial del Ministerio Público (fs. 90 a 95) y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES.

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Como antecedentes del proceso se tiene que, el Tribunal de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió la Sentencia 4/2011 de 11 de febrero (fs. 182 a 187 del Anexo 1), condenando al recurrente a cuatro años de reclusión a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Sebastián por el delito de Estelionato.

Contra la referida Sentencia, se interpuso el Recurso de Apelación Restringida, siendo resuelto mediante el Auto de Vista 40 de 9 de junio de 2014 (fs. 248 a 251 vta. del Anexo 2) que declaró PROCEDENTE EN PARTE el Recurso; ante ello, se formuló el Recurso de Casación, que fue resuelto mediante Auto Supremo 747/2014 de 17 de diciembre (fs. 299 a 307 del Anexo 2), que declaró INFUNDADO el Recurso, siendo declarada la ejecutoria de la Sentencia mediante Auto de 10 de febrero de 2015 (fs. 312 del Anexo 2).

I.2 ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA.

Mediante el Auto Supremo 73/2020 de 25 de noviembre (fs. 56 a 57), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declaró admisible el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada planteado por el recurrente, con los siguientes argumentos:

Del análisis del Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada y el escrito de subsanación, se evidencia que el recurrente Filiberto Choque Vásquez, expone argumentos amparado en la causal prevista en el art. 421 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, en la existencia de un fallo posterior debidamente ejecutoriado que declara la falsedad de la prueba que se valoró para la emisión de la Sentencia 4/2011 de 11 de febrero; tiene la legitimación activa para presentar el recurso y adjunta la prueba consistente en la Sentencia de 5 de diciembre de 2016 emitida por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, fallo que es posterior a la Sentencia 4/2011 de 11 de febrero, que se pretende revisar.

I.3 CONTESTACIÓN DE LA VÍCTIMA.

Conforme lo dispuesto por el Auto Supremo 73/2020 de 25 de noviembre, se puso en conocimiento de Eliodoro Bustos Baltazar en su calidad de víctima, quien pese a haber sido legalmente notificado con el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, mediante Edicto Judicial (fs. 139 a 146) no se apersonó al presente proceso.

I.4 CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Mediante memorial de 29 de octubre de 2021 (fs. 90 a 95), el Ministerio Público contesta el Recurso, bajo los siguientes fundamentos:

El recurrente funda su pretensión en el art. 421 del CPP que señala: “Procederá el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y en favor del condenado, en los siguientes casos: 2) “Cuando la sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado”. Adjuntando en calidad de prueba de reciente obtención la Sentencia de 5 de diciembre de 2016 dictada por el Juez Público en lo Civil y Comercial Nº 1 de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en la cual FALLA DECLARANDO PROBADA LA DEMANDA Y SE DISPONE LA NULIDAD DEL DOCUMENTO DE DICIEMBRE DE 2005, PROTOCOLIZADA EL 22 DE JUNIO DE 2009.

Revisada la Sentencia referida se colige que Filiberto Choque Vásquez el 30 de julio de 2009 planteó demanda ordinaria de Nulidad de Documento, siendo admitida la misma mediante decreto de 14 de agosto de 2009, contra Elena Rosmery Choque de Romero y Edgar Isidro Romero Copa, proceso que mediante la prueba de cargo aportada en la inspección de la Notaria de Fe Pública de 2da Clase N° 5 a cargo de Ángel Jimenez Muriel, concerniente al préstamo de dinero con garantía hipotecaria otorgada por Edgar Isidro Romero Copa y Elena Rosmery Choque de Romero por la suma de $us12.000 (Doce mil 00/100 Dólares Americanos), en la cláusula Quinta con respecto a las garantías, aparece entrelineado y con otra letra presumiblemente tapeado a máquina de escribir, entre "acciones y derechos” y AL FINAL DEL PROTOCOLO SE SALVA ESTE HECHO CON LA NOTA QUE SEÑALA “ACCIONES Y DERECHOS" CORRE Y VALE DOY FE, firma de los otorgantes y el Notario, manifestando este último que presentó ante ese Juzgado la minuta original donde se evidencia que la cláusula quinta de garantías, también aparece entrelineado acciones y derechos, al final de la minuta de 29 de diciembre de 2005, se salva entrelineado que indica "acciones y derechos" corre y vale, al pie de esta minuta aparece firma y sello repetido del abogado Efrain Quiroz Claure y la firma de Filiberto Choque Vasquez, Edgar Isidro Romero y Elena Rosmery Choque de Romero, en dicha inspección la abogada patrocinante pidió aclaración al Notario con respecto si la minuta original fue presentada con el interlineado de acciones y derechos, y porque no se transcribió en el protocolo en forma continua como debió ocurrir, respondiendo el Notario que lo normal es que se transcriba en forma correlativa y continuada todo el contenido del documento, pero que en este caso seguramente vino el abogado y completó lo omitido en la minuta que indica acciones y derechos, por lo que solo se interlinea a máquina, y de acuerdo a las causales de nulidad de contrato invocadas por el demandante "Art. 549.- El contrato será nulo 3) por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato y 5) en los demás casos determinados por Ley”, la Juez infirió que dicho contrato hecho por ambas partes, si bien no existe un contradocumento, empero los demandados no han desvirtuado con prueba idónea los fundamentos de la pretensión pues se limitaron a presentar declaraciones testificales que no tiene relevancia jurídica con el objeto de la prueba y menos con el proceso, concurriendo las causales del art. 549 núms. 3 y 5 del Código Civil (CC) y FALLA DECLARANDO PROBADA LA DEMANDA Y SE DISPONE LA NULIDAD DEL DOCUMENTO DE DICIEMBRE DE 2005, PROTOCOLIZADA EL 22 DE JUNIO DE 2009 donde figura Elena Rosmery Choque quien le indilgo una deuda y puso gravamen de hipoteca por préstamo ficto de su lote de 600 mts2; siendo esta Sentencia de 5 de diciembre de 2016 dictada por el Juez Público en lo Civil y Comercial Nº 1 de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, posterior a la Sentencia Ejecutoriada 4/2011 de 8 de febrero que declara a Filiberto Choque Vasquez autor y culpable por el delito de Estelionato tipificado en el art. 337 del CP.

Asimismo, en el documento aclaratorio de 12 de octubre de 2009 con reconocimiento de firmas de la misma fecha, las partes suscribientes refieren “...que en fecha 23 de febrero de 2006, suscribieron la minuta de transferencia sobre el total de terreno, sobre 600 metros de superficie por el precio de Bs. 5000, y vía aclaratoria rectifican que el Sr. Angel Ramirez Poma tiene a bien aclarar, que el terreno adquirido a título de compra y venta, es solo por la cantidad de trecientos cincuenta metros cuadrados y no así de 600 m2, como figura el documento de transferencia...", posterior a la Sentencia Ejecutoriada 4/2011 de 8 de febrero que declara a Filiberto Choque Vasquez autor y culpable por el delito de Estelionato tipificado en el art. 337 del CP.

Solicita que en uso de la atribución conferida por la Ley del Órgano Judicial y el CPP, se emita resolución de acuerdo al contenido normativo que prevé el precepto jurídico de la Revisión Extraordinaria de Sentencia formulado por el recurrente Filiberto Choque Vásquez.

CONSIDERANDO V: FUNDAMENTOS DE LA SALA PLENA.

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales pronunciados en la jurisdicción ordinaria, lo que tiene plena concordancia con el art. 184.7 de la norma suprema, respecto al conocimiento y resolución de casos de revisión extraordinaria de Sentencia; aspecto que está íntimamente ligado con el art. 38.6 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), además de tener una relación directa con los arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada es un mecanismo a través del cual se busca la invalidación de una sentencia que ha adquirido firmeza y autoridad de cosa juzgada, en procura de reivindicar la justicia material, porque la verdad procesal declarada es disonante con la verdad histórica del acontecer objeto de juzgamiento; esta demostración sólo es posible jurídicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente señaladas en el CPP; y para ello, se debe sustentar en alguna de las causales contenidas en el art. 421 del CPP.

La causal de procedencia debe estar sustentada en prueba que posibilite cuestionar la resolución primigenia y tenga la fuerza suficiente para declararla ineficaz jurídicamente, de ahí que, quién promueva este medio de impugnación, debe acompañar la prueba que sea equiparable al fallo cuya revisión se pretende.

La procedencia del Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, al ser un instituto para invalidar sentencias condenatorias firmes, debe sustentarse en alguna de las causales contenidas en el art. 421 del CPP; es decir, cuando existan elementos nuevos y distintos a los que determinaron la decisión, por resultar incompatibles con situaciones relevantes posteriormente descubiertas o por circunstancias sobrevinientes. La causal de procedencia debe estar sustentada en prueba que posibilite cuestionar la resolución condenatoria ejecutoriada y tenga la fuerza suficiente para declararla ineficaz jurídicamente, de ahí que, quién promueva la revisión de sentencia condenatoria penal, debe acompañar la prueba que sea equiparable al fallo cuya revisión se pretende, de tal naturaleza que demuestre que el sentenciado estuvo gravemente impedido de acceder a ella y que por su importancia afectaría sustancialmente el curso de la resolución motivo de revisión.

De acuerdo al contenido del art. 423 del CPP, el Recurso de Revisión de una Sentencia Condenatoria Ejecutoriada debe plantearse adjuntando la prueba correspondiente, exponiendo la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables; el art. 421.2) del citado Código, establece: "Procederá el recurso, en todo tiempo y a favor del condenado; en los siguientes casos: (...) 2) Cuando la sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado”.

La causal de procedencia que posibilite cuestionar y por consiguiente invalidar o modificar la sentencia condenatoria ejecutoriada, debe tener la fuerza suficiente para declararla ineficaz jurídicamente, de ahí que, quien promueva la revisión de sentencia condenatoria penal con base a lo previsto por el art. 421.2) del CPP, debe fundarla en prueba que demuestre que la sentencia impugnada se funda en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado.

CONSIDERANDO VI: RESOLUCIÓN DEL CASO.

De la revisión de los antecedentes del presente caso, el recurrente arguye y fundamenta su pretensión impugnativa en dos causales taxativamente previstas por el ordenamiento procesal penal:

a) Se le condena por haber obtenido un préstamo de $us12.000 (Doce mil 00/100 Dólares Americanos) a su favor mediante documento de 29 de diciembre del 2005, otorgando como garantía la totalidad de los 600 mts.2, de los que 200 mts.2 son de propiedad de Eliodoro Bustos Baltazar, gravando como propio un bien ajeno.

Sobre la causal establecida en el art. 421.2 del CPP, prueba falsa declarada judicialmente, aduce la acreditación de falsedad del medio probatorio en el que se sustentó la condena, circunstancia reconocida por fallo judicial; a dicho efecto, el recurrente presenta la Sentencia Civil de 5 de diciembre de 2016, dictada por el Juez Público Civil y Familiar N° 1 de Quillacollo del Tribunal Departamental del Cochabamba que declara la nulidad del documento de préstamo de $us12.000 (Doce mil 00/100 Dólares Americanos), que demuestra que su persona no actuó con dolo ya que si bien firmó dicho documento fue porque confió en la buena fe de su hijastra, que el mismo era ficto y la supuesta deuda no era real, nunca lo hizo con la intención de aprovecharse de nadie, y no quiso en ningún momento poner en riesgo el patrimonio de Eliodoro Bustos Baltazar ni de su esposa; aspectos que demuestran que su conducta no se adecua al tipo penal de Estelionato, que es eminentemente doloso y que su persona no actuó con intención y voluntad, como demuestra la demanda de 30 de julio de 2009 de nulidad de documento y la Sentencia Civil de 5 de diciembre de 2016 dictada en ese proceso y que adjunta como nueva prueba.

b) La Sentencia 4/2011 de 11 de febrero, también le condena por otro hecho, el haber vendido la totalidad del bien inmueble, es decir, los 600 m2 a Ángel Ramírez Poma, afirmando el fallo que vendió no solo sus 400 m2 sino también los 200 m2 de propiedad de Eliodoro Bustos Baltazar, mediante documento de 23 de febrero del 2006, adecuando su conducta al delito de Estelionato en la modalidad de vender como propio un bien ajeno.

El recurrente adjunta prueba consistente en un documento de aclaración de superficie vendida suscrito entre Ángel Ramírez Copa y su persona que evidencia que nunca vendió los 600 m2, y que solo transfirió en favor de Ángel Ramírez Poma la superficie de 350 m2, superficie inferior a los 400 m2 que le correspondían, por lo que no afectó, ni vendió terreno ajeno, sino que todo se debió a un error, pues como dice en el mismo documento aclaratorio Ángel Ramírez Poma solo pagó el precio por la superficie de 350 m2. Afirma que esta nueva prueba aportada descarta por completo la existencia del delito de Estelionato, además, que aún quedan 50 Mts.2 de su propiedad, puesto que en ese momento no era tenedor de la nueva prueba que ahora adjunta. La escasa prueba que tenía no fue introducida en su totalidad por su abogado de defensa pública, sin embargo, acude a esta vía de Revisión Extraordinaria de Sentencia porque le da la posibilidad de probar su inocencia a través de la nueva prueba colectada y que acompaña conforme al art. 421.2 del CPP.

En virtud de todo lo expuesto, el recurrente sostiene que se ha configurado plenamente la concurrencia de causales legalmente previstas para la revisión de la sentencia, debiendo el Tribunal de revisión ejercer un control material sobre la validez sustantiva de la Sentencia condenatoria cuestionada, a efectos de restituir la vigencia de las garantías constitucionales vulneradas y preservar la legalidad sustantiva del orden jurídico.

Los argumentos del Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, deben ser contrastados con la Sentencia 4/2011 de 11 de febrero, que establece cuales fueron los hechos delictivos que configuraron el delito de Estelionato por el cual fue condenado el ahora recurrente, el fallo establece:

Primera.- El imputado Filiberto Choque Vásquez, juntamente su ex esposa, Fortunata Jiménez Chumbe, conforme se tiene del testimonio No. 56/2000 otorgado por la Notaria de Fe Pública No 4 de Quillacollo a cargo de Rubén Mejía Montaño, de fecha 17 de abril de 2.000, aparecen en calidad de propietarios, de un lote de terreno de la extensión superficial de 600 Mt2 ubicado en Villa Urcupiña de Quillacollo, otorgado por Andres Costana Costana, Juan Almaraz Bascope, Bruno Zenteno Coca, registrado en la Oficina de Derechos Reales, bajo la partida y fojas 4067 del libro primero de propiedad de Quillacollo, en fecha 31 de octubre de 2.000,

Tercera.- Que el imputado Filiberto Choque Vásquez, no obstante de haber otorgado en calidad de venta del 50% el bien inmueble y posteriormente la extensión superficial de 200 Mt2 a los esposos Eliodoro Bustos Baltazar y Victoria Cayo Copa, mediante minuta de préstamo de dineros con garantía hipotecaria, de fecha 29 de diciembre de 2.005 hasta la suma de 12.000 $us., adquiere dicho préstamo de los acreedores Edgar Isidoro Romero Copa y Elena Rosemary Choque de Romero, con la garantía hipotecaria acciones y derechos de la totalidad del bien inmueble de la extensión superficial de 600,24 Mt2, no obstante de haber otorgado en venta el 50% de sus acciones y derechos.

Cuarta.- Que, en forma posterior al préstamo de dineros con garantía hipotecaria, mediante minuta de fecha 23 de febrero de 2006 con reconocimiento de firmas en fecha 24 de febrero de 2.006, el imputado Felipe Choque Vásquez y Fortunata Jiménez de Choque, en calidad de propietarios del lote de terreno descrito anteriormente, de la extensión superficial de 600 Mts2 ubicado en la zona de Cotapache de la jurisdicción de Quillacollo, registrado en la oficina de Derechos Reales de Quillacollo a Fojas y Partida No 4067, del libro primero de propiedad de Quillacollo, en fecha 31 de octubre de 2.000, otorgan en calidad de venta real y definitiva la totalidad de la extensión superficial de 600 Mts2, a favor de Angel Ramirez Poma.

Quinta.-, Conforme se tiene de la certificación de la Oficina de Derechos Reales, de fecha 18 de agosto de 2.008, el lote de terreno, ubicado en la zona de Cotapachi comprensión de Quillacollo Inscrito a nombre de Filiberto Choque Vásquez y Fortunata Jiménez de Choque, registrado a fojas y partida 4067 del libro primero de propiedad de Quillacollo, en fecha 31 de octubre de 2.000, se encuentra gravado con la siguiente obligación hipotecaria 1) por escritura No. 850 de 29 de diciembre de 2.005, otorgado ante el Notario Angel Jimenez, registrado en fecha 07 de febrero de 2.006 fojas y partida 360 del libro segundo de gravámenes, por el que consta que Edgar Isidro Romero Copa y Elena Rosemery Choque de Romero, conceden préstamo de dinero a favor de Filiberto Choque Vásquez, la suma de 12.000 $us, con los plazos e intereses, 2) en dicha partida consta una nota marginal de 27 de mayo de 2006 sobre una anotación preventiva a mérito del Auto de 23 de abril de 2.008 dispuesto por la juez Coca Revollo, sobre las acciones y derechos de Filiberto Choque Vázquez, por el cobro de la suma de 5.000 $us, dentro la demanda ejecutiva seguido por Maritza Huanca.” (Las negrillas y subrayado son nuestros).

En contra de la Sentencia, se interpuso el Recurso de Apelación Restringida, que fue resuelto por el Auto de Vista 40 de 9 de junio de 2014, que a su vez fue impugnado a través del Recurso de Casación que mereció el Auto Supremo 747/2014-RRC de 17 de diciembre, (fs.299 a 307 del Anexo 2), cuyo contenido es concordante y congruente con los hechos establecidos en la Sentencia señalando textualmente en el apartado II.2 Análisis del caso concreto: “Al respecto y en sujeción al razonamiento expresado en el acápite III.2 del presente Auto Supremo, se advierte que el Tribunal de mérito efectuó una debida subsunción de la conducta del imputado al delito de Estelionato, por cuanto llegó a la convicción que el imputado a pesar de haber transferido, a través de la minuta de 3 de julio de 2003, a favor del acusador particular y su esposa la superficie de 200 m2 de los 600 m2 con los que contaba el terreno objeto de la venta, el 29 de diciembre de 2005, contrajo una deuda con la garantía hipotecaria de la totalidad del referido inmueble; es decir, de los 600 m2, constando además que en el registro de Derechos Reales sobre el mismo inmueble existia una nota marginal de 27 de mayo de 2008, de anotación preventiva sobre el mismo bien, como efecto de la demanda ejecutiva seguida por Maritza Huanca contra el imputado, con lo que se tiene acreditado que el recurrente incurrió en la acción tipica del delito de Estelionato, cual es el de gravar un bien inmueble que parcialmente no le pertenecia. Por otro lado, de la minuta de transferencia de 23 de febrero de 2006, celebrada entre el acusado y su esposa, como propietarios del bien inmueble de extensión superficial de 600 m2, con Angel Ramirez Poma, se tiene que vendió el referido bien, que parcialmente ya no le pertenecia, acomodando su accionar en la conducta tipica de la de vender un bien inmueble ajeno, condición de la que tenía pleno conocimiento, denotando dolo en su accionar y la intención de obtener beneficios económicos para si en perjuicio del acusador particular, impidiendo que éste pueda ejercer su derecho propietario libre e irrestrictamente, causándole un detrimento económico en consecuencia, no existe contradicción de la doctrina legal invocada por el recurrente, con los razonamientos asumidos por el Tribunal de Sentencia”. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).

En estos fallos, de manera concordante y coherente, se establece cuáles son los hechos que configuran el delito de Estelionato, por el que fue condenado Filiberto Choque Vásquez, hechos que no pueden ser alterados, modificados o suprimidos por el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada y tampoco por la Sentencia que resuelva el precitado medio de impugnación.

a)En cuanto al hecho establecido en la Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, referido a que Filiberto Choque Vásquez, otorgó en calidad de garantía hipotecaria la totalidad del bien inmueble a favor de Isidoro Romero Copa y Rosemary Choque Jiménez, gravando como propio un bien ajeno, de propiedad de Eliodoro Bustos Baltazar, y de la prueba adjunta al Recurso; se tiene que esta persona el 30 de julio de 2009 planteó demanda ordinaria de Nulidad de Documento, emitiéndose la Sentencia de 5 de diciembre del año 2016, por el Juez Público Civil y Familiar N° 1 de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que adquirió ejecutoria a través de Auto de 15 de mayo de 2017, (fs.1 a 15 vta.), que FALLA DECLARANDO PROBADA LA DEMANDA Y DISPONE LA NULIDAD del documento de préstamo de dinero por la suma de $us12.000 ((Doce mil 00/100 Dólares Americanos), que Filiberto Choque Vásquez, adquirió de Edgar Isidoro Romero Copa y Elena Rosemary Choque de Romero, en el que otorga como garantía hipotecaria, la totalidad del lote de terreno ubicado en la Zona de Cotapache, Quillacollo, inscrito a nombre de Filiberto Choque Vásquez y Fortunata Jiménez de Choque, por Adjudicación del Sindicato Agrario de Cotapache, a mérito de la Escritura N° 56 de 17 de abril del 2000, otorgado ante Notario J. Rubén Mejía Montaño, registrado el 31 de octubre del 2000, Ptda. 4067 del Libro Primero de Propiedad de la provincia Quillacollo, cuyo gravamen hipotecario se registró como efecto de la Escritura N° 860 de 29 de diciembre de 2005, otorgado ante el Notario de Fe Pública, Ángel Jiménez, el 7 de febrero de 2006 a fojas y partida 360 del Libro Segundo de gravámenes, por el que consta que Edgar Isidoro Romero Copa y Elena Rosmery Choque de Romero, concedieron como préstamo de dinero a favor de Filiberto Choque Vásquez, la suma de $us 12.000 (Doce mil 00/100 Dólares Americanos); protocolizado el 22 de junio de 2009. A consecuencia de la declaración de nulidad la Sentencia también dispuso la cancelación de este gravamen en la oficina de Derechos Reales.

Al respecto, debe considerarse el efecto jurídico de esta Sentencia emitida en la jurisdicción Civil, que determina la nulidad del documento precitado, ello implica que este no produce efectos legales y se considera como si nunca hubiera existido. En términos generales, la nulidad implica la invalidez del documento y la imposibilidad de que genere las consecuencias jurídicas entre ellas el gravamen del inmueble; demostrándose así también, que, los hechos objeto del documento declarado nulo, nunca existieron; es decir, que el recurrente no tuvo la intención de otorgar en garantía un bien inmueble ajeno, de propiedad de Eliodoro Bustos Baltazar, y que el gravamen registrado en Derechos Reales debe ser considerado como inexistente; siendo evidente además, que se constituye en prueba nueva que declara su falsedad en fallo posterior ejecutoriado; habiéndose dictado con posterioridad a la Sentencia 4/2011 de 11 de febrero, que condena al recurrente, teniendo la Sentencia de 5 de diciembre de 2016, la calidad de cosa juzgada, y la fuerza probatoria suficiente para declarar ineficaz jurídicamente el documento tantas veces indicado.

De lo precedentemente expresado, se evidencia que se cumple lo establecido por el art. 421.2 del CPP, puesto que el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, procede únicamente cuando la Sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad haya sido declarada mediante fallo posterior ejecutoriado, otorgando certeza jurídica a los procesos de revisión y evitar el uso prematuro de decisiones aún susceptibles de modificación, que no han adquirido firmeza ni autoridad de cosa juzgada, lo que podría generar inseguridad jurídica.

b)Del análisis minucioso de la Sentencia 4/2011 de 11 de febrero y del Auto Supremo 747/2014-RRC de 17 de diciembre, se entiende que, también sustenta la condena por el delito de Estelionato, en otro hecho, referido a que Filiberto Choque Vásquez, ahora recurrente, dio en calidad de garantía el bien inmueble precitado, a Maritza Huanca, cuyo gravamen se demuestra también de la misma Certificación de Derechos Reales de 18 de agosto de 2008 (fs. 134 del Anexo 1), que refiere:: “En la partida consta una nota marginal de 27-05-2008, sobre Anotación Preventiva a mérito del auto de 23 de abril del 2008, dispuesto por la Sra. Juez (ilegible) Coca Revollo, sobre las acciones y derechos de Filiberto Choque Vásquez por cobro de $us 5000, dentro de la demanda ejecutiva seguido por Maritza Huanca.”, (sic) que se consigna en la precitada Sentencia y Auto Supremo.

Al respecto, se debe precisar que, la Sentencia, valoró no solo la certificación de 18 de agosto de 2008 emitida por Derechos Reales, sino también la prueba de descargo presentada por el ahora recurrente, consistente en un Memorial dirigido al Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil de 20 de mayo de 2010, (fs. 165 del Anexo 1), presentado por Filiberto Choque Vásquez, dentro del proceso ejecutivo seguido en su contra por Maritza Huanca Mamani, que refiere lo siguiente: “…en su último auto pronunciado por su autoridad, en la que admite el desistimiento realizado a mi favor por parte de la actora, al mismo tiempo que para efectos de cancelación de la anotación preventiva, me exige la presentación del folio real sobre el inmueble ofrecido en garantía hipotecaria, cual debo manifestar que no existe tal folio real, sino conforme a mis títulos inmueble fue registrado a fojas y partida 4067 del libro primero de propiedad de la provincia Quillacollo, de fecha 31 de octubre del año 2000, en secuencia Sra. Juez, pido a su autoridad quiera ordenarse al Encargado del Registro de Derechos Reales previa su notificación evacue el estado hipotecario del inmueble dado en garantía.”, coligiéndose, que el ahora recurrente, también dio en calidad de garantía el bien inmueble a Maritza Huanca, prueba que fue valorada en la Sentencia en el apartado denominado “PRUEBA LITERAL DE DESCARGO”, (fs. 186 del Anexo 1). (Las negrillas y subrayado son nuestros).

Sobre éste segundo hecho, establecido en la Sentencia, que demuestra que el recurrente adecúo su conducta al delito de Estelionato, también en la modalidad de gravar como propio un bien inmueble ajeno, de propiedad de Eliodoro Bustos Baltazar, en el que igualmente se sustenta la Sentencia condenatoria, el recurrente, no ha presentado ninguna prueba, intentando sorprender al Tribunal, al soslayar deliberadamente este hecho en el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.

c)En cuanto al tercer hecho establecido en la Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, también configurador del delito de Estelionato, referido a la venta de un bien ajeno, consistente en la venta de la totalidad del inmueble en la extensión de 600 mts.2 a favor de Angel Ramírez Poma; de la revisión de la prueba presentada en el Recurso, consistente en el “DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO”, de 12 de octubre de 2009, debidamente reconocido ante Notario de Fe Pública en la misma fecha (fs. 28 a 29), suscrito entre el ahora recurrente y Angel Ramirez Poma, respecto a la venta lote del inmueble (lote de terreno) indicado en la Sentencia, refiere lo siguiente: “TERCERO.- Al presente y en la vía aclaratoria y ratificatorio, donde el Sr. ANGEL RAMIREZ POMA tiene a bien en aclarar, que el terreno adquirido a título de compra venta, es solo por la cantidad superficial de TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS, y no así de 600m2, como figura en el documento de transferencia. Por lo que se ha cancelado su precio y valor por esa cantidad de 350 ms2. CUARTO.- Con los antecedentes expuestos, yo Angel Ramirez Poma, con la presente aclaración y ratificatorio, lo realizo por mi propia y entera voluntad, sin mediar presión alguna, ni física ni psíquica, sino de mi entera voluntad, por lo que reitero, que el indicado documento firmado en fecha 23 de febrero del 2006 con los vendedores, se debe ante todo por un error en su faccionamiento, siendo el presente documento el verdadero y real que surtirá efectos en adelante para su inscripción en DD.RR. Siempre sobre trescientos cincuenta metros cuadrados de superficie…”(sic)

De la revisión de antecedentes, se colige que éste “DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO”, de 12 de octubre de 2009, es de naturaleza privada, y al ser suscrito antes de la dictación de la Sentencia por Ángel Ramírez Poma y Filiberto Choque Vásquez, con reconocimiento de firmas que se realizó en la misma fecha, no le era desconocido, y que fue ofrecido como prueba de descargo antes de la realización del juicio (fs.16 del Anexo 1), pero, no fue presentado, y como resultado, no fue objeto de análisis y valoración por el Tribunal en el fallo sentencial, adjuntándose al proceso después de la dictación del fallo condenatorio, que demuestra que Filiberto Choque Vásquez no vendió el inmueble en la extensión total de 600 mts.2, es decir que, no vendió los 200 mts.2 que le eran ajenos y que son de propiedad de Eliodoro Bustos Baltazar.

Debe considerarse que el el Auto Supremo 73/2020 de 25 de noviembre, que admite el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, se funda únicamente en la causal establecida en el art. 421.2 del CPP, que exige como requisito fundamental, la existencia de una Sentencia Judicial Ejecutoriada que declare la falsedad de la prueba en que se sustenta la Sentencia Condenatoria, en el caso concreto, del análisis de esta documental, se colige que es un simple documento privado con reconocimiento de firmas, y no tiene la calidad de una Sentencia Judicial Ejecutoriada, por lo que se demuestra que el recurrente no cumple con lo establecido en la norma precitada, no ameritando mayor análisis.

A pesar de que fue desvirtuado uno de los hechos que configuraron el delito de Estelionato, establecidos en la Sentencia, dos de ellos no fueron objeto de fundamentación, y probanza de acuerdo a la exigencia del art. 421.2 del CPP.

POR TANTO.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 184.7 de la CPE, 38.6 de la LOJ, y 424.1 del CPP, RECHAZA POR IMPROCEDENTE el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada interpuesto por Filiberto Choque Vásquez, ordenándose la devolución del proceso penal remitido por el Tribunal de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sea con nota de atención, además del desglose de la documentación aparejada al recurrente y el archivo del expediente.

En aplicación del art. 427 del CPP, se deja constancia que, el recurrente puede volver a presentar un nuevo Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada fundado en motivos distintos.

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