Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA
SENTENCIA Nº 7
Sucre, 23 de enero de 2020
Expediente : 082/2018-CA
Demandante : Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales
Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria
Tipo de proceso : Contencioso Administrativo
Resolución impugnada..: Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1764/2017 de 19 de diciembre
Magistrado Relator : Lic. José Antonio Revilla Martínez
Emitida dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria:
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 14 a 18, presentada por Néstor Hugo Muñoz Cossío en representación legal de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1764/2017 de 19 de diciembre emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; el Auto de admisión de fs. 21, la contestación de fs. 61 a 70, notificación al tercero interesado Pedro Eugenio Ustares Heredia de fs. 53 según provisión citatoria diligenciada, los memoriales de réplica y dúplica de fs. 75 a 79 y 83 a 85, respectivamente, el decreto de Autos para sentencia de fs. 94, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.
I. CONTENIDO DE LA DEMANDA
Fundamentos de la demanda.
Manifiesta en los hechos, que:
1. La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (GDEA-SIN) alega en relación al Pliego de Cargo 174/98 de 30 de abril, que fue emitido por Declaraciones Juradas (DDJJ) impagas correspondientes al Impuesto a las Transacciones – Formulario 156, por el importe de Bs.15.966.-; notificado al contribuyente de forma personal el 8 de septiembre de 1998, iniciando la ejecución tributaria.
2. El contribuyente el 10 de septiembre de 1998 presentó memorial de solicitud de concesión de facilidades de pago de impuestos devengados.
3. La Administración Tributaria el 18 de noviembre de 2013, expidió el Mandamiento de Embargo Nº 23 0292 13, contra los bienes del contribuyente Pedro Eugenio Ustares Heredia y se realizó el embargo mediante Acta de Embargo de 30 de mayo de 2014, de las acciones y derechos del lote de terreno ubicado en la Urbanización Villa Mercedes “Unidad Vecinal E” con una superficie de 300 mts2, Lote Nº 25, Manzano E-14, sobre calles S/N, con registro de Derechos Reales de la ciudad de El Alto bajo el Folio Real 2014010147078, iniciándose el proceso de remate.
4. El contribuyente solicitó en 20 de enero de 2017 prescripción de la obligación tributaria.
5. La Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa Nº 231721000141 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/CC/RA/00020/2017) de 17 de mayo de 2017, que rechazó la solicitud de prescripción del contribuyente, que fue notificada de forma personal.
6. Señala actuados y resultados procesales de la impugnación en vía prejudicial, teniéndose la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1067/2017 de 26 de septiembre, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT LA PAZ), que Revocó totalmente la Resolución Administrativa Nº 231721000141 de 17 de mayo de 2017; posteriormente se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1764/2017 de 19 de diciembre, por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), que confirmó la Resolución de Recurso de Alzada; y en consecuencia, se declaró prescritas las facultades de cobro de la Administración Tributaria, sobre el Pliego de Cargo Nº 174/1998 de 30 de abril, correspondiente al Incumplimiento de Deberes Formales del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero a junio de 1996, dejando sin efecto la Resolución Administrativa Nº 231721000141 emitida por la GDEA-SIN.
El demandante refiere entre sus argumentos de derecho, los siguientes agravios, sufridos por la Resolución AGIT-RJ 1764/2017:
1. Del Reconocimiento de la obligación; señala que la AGIT no aplicó debidamente el art. 54 en su numeral 3 de la Ley Nº 1340, al no tomar en cuenta la solicitud de Facilidades de Pago (FAP), ni los pagos efectuados mediante boletas por el sujeto pasivo; interpretando indebidamente este hecho, sin realizar las consideraciones legales del caso, ni pronunciarse respecto de la firmeza de la deuda tributaria, debido a que contaba con un Pliego de Cargo debidamente notificado, por lo que la Resolución de Recurso Jerárquico está viciada en el elemento forma, debido a que adolece de motivación, omitiendo una formalidad esencial dispuesta por el art. 28 de la Ley Nº 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).
Señala que de acuerdo al art. 306 de la Ley Nº 1340, el Pliego de Cargo es título suficiente para iniciar la acción coactiva; y que una vez que, quedó firme y exigible de acuerdo al art. 304 de la Ley Nº 1340, corresponde el análisis del término para el cobro coactivo de la deuda tributaria.
Argumenta que ni la ARIT, ni la AGIT, consideraron argumentos de fundamento legales, que la Ley Nº 1340, tiene un vacío jurídico, con relación al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, norma legal que únicamente refiere al término de la prescripción para la obligación tributaria previa a su determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a la determinación tributaria y que no establece expresamente nada sobre la prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda determinada y firme.
Señala que ante esa inconsistencia legal y en virtud a la analogía y aplicación de subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley Nº 1340, la AGIT aplicó las previsiones contenidas por los arts. 1492 y 1493 del Código Civil (CC), así como la R, relacionada a criterios sobre prescripción.
Expresa que en caso de presentarse un vacío legal, el Código Civil y el Código Tributario Boliviano han previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas refiriéndose al art. 6 y 7 de la Ley Nº 1340, señalando que la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) no consideró el art. 54 núm. 2 de la Ley Nº 1340, que señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. El pedido de prorroga u otras facilidades de pago; y que esas descripciones, son concordantes con el art. 1505 del Código Civil que establece : “(Interrupción por reconocimiento del derecho y reanudación de su ejercicio) La prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquel contra quien el derecho puede hacerse valer. También se interrumpe por reanudarse el ejercicio del derecho antes de vencido el término de la prescripción”.
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