SE/0017/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA Nº 17

Sucre, 20 de febrero de 2020

Expediente : 087/2018 - CA

Demandante : Agencia Despachante de Aduanas Calancha

y Ramírez SRL

Demandado : Autoridad General de Impugnación

Tributaria

Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo

Resoluciones impugnadas : AGIT-RJ 0020/2018 de 2 de enero

Magistrado Relator : Lic. José Antonio Revilla Martínez

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 22 a 29, subsanada a fs. 40, interpuesta por la Agencia Despachante de Aduanas (ADA) Calancha y Ramírez SRL, representada por Jorge Calancha Castillo, por intermedio de Fernando Jaime Cruz Selaez, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0020/2018 de 2 de enero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la contestación de fs. 105 a 111, la intervención del tercero interesado de fs. 118 a 125, la réplica de fs. 129 a 131, el decreto de Autos de fs. 144; los antecedentes del proceso en sede administrativa; y,

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

Luego de efectuar una relación de antecedentes, la entidad demandante fundamentó su demanda señalando lo siguiente:

1. Dentro del Control diferido realizado por la Gerencia Regional de la Aduana La Paz, de la Declaración Única de Importación (DUI) 2016/201/C-13559 de 26 de abril de 2016, al ser requerida la presentación de información por parte de la Administración Aduanera, el importador no cumplió con presentar otra documentación adicional; sin embargo, como auxiliar de la función pública, la ADA Calancha Ramírez SRL, remitió toda la carpeta correspondiente a la referida DUI dentro de los plazos previstos, resultando ilógico que posteriormente se le atribuya una responsabilidad solidaria y mancomunada con la importadora Sandra Victoria Ticona Muñoz, propietaria de la mercancía.

2. Citando los arts. 42 y 48 de la Ley General de Aduanas (LGA), y 61 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA), indicó que la Administración Tributaria Aduanera, al iniciar el control diferido de la DUI C-13559, y concluir con la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimiento, estableció observaciones respecto a la factura de reexpedición porque no se describió el lugar y las condiciones de entrega de la mercancía, según los términos internacionales de comercio (INCOTERMS) y que los precios declarados en la Aduana resultaban ostensiblemente bajos; sin embargo, ese despacho aduanero se realizó en base a lo dispuesto en la Decisión 571, que determina que el valor de las mercancías será declarada por el importador en la Declaración Andina de Valor, siendo responsabilidad del importador o comprador de la mercancía, de acuerdo a lo cual, la ADA Calancha y Ramírez SRL, transcribió fielmente los datos de la documentación presentada por el importador, conforme establece la norma, no habiendo cometido ningún acto que no fuera legal y propio de la función aduanera, por lo que no existe motivo fundado para indicar que se hubiese transgredido alguna función en la elaboración de la DUI, ni elemento alguno que demuestre la intervención de la ADA como responsable de la transacción comercial de la mercancía sujeta a importación.

Por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 183 de la LGA, queda eximido de responsabilidad de penas privativas de libertad por delito aduanero y de acuerdo al art. 61 de su Reglamento, no es responsable cuando transcriba con fidelidad, los documentos que reciba de sus comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías; no obstante que, se establezcan diferencia de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en el momento del despacho o en la fiscalización posterior.

Por lo tanto, no corresponde la aplicación del referido art. 183 de la LGA, porque la ADA no intervino en la transacción realizada entre el proveedor y el importador; lo contrario, significaría una violación del principio de legalidad, dado que en el ámbito del derecho administrativo sancionador, el determinar una conducta o ilícito impositivo, tiene como exigencia la existencia de una ley anterior al hecho; y ninguna autoridad administrativa, puede efectuar interpretaciones que justifiquen la procedencia de una sanción administrativa, cuando no existe norma legal o reglamentaria que establezca una conducta de omisión de pago a los auxiliares de la función pública aduanera.