Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM, SOCIAL Y ADM. PRIMERA Sentencia N° 20
Sucre, 06 de abril de 2021
Expediente : 200/2019-CA
Demandante : Unidad Ganadera "CAMPO 23 de MARZO"
dependiente de COFADENA.
Demandado : Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)
Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo.
Resolución Impugnada : Resolución Ministerial FOR N° 44 de 11 de junio de 2019.
Magistrado Relator : Lic. José Antonio Revilla Martínez
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 71 a 73 y la subsanación de fs. 303 a 304, interpuesta por la Unidad Ganadera "Campo 23 de Marzo" dependiente de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), a través de su Gerente Tcnl. DAEN Miguel Ángel López Arteaga, que impugna la Resolución Ministerial FOR N° 44 de 11 de junio de 2019, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, representada por el Ministro Carlos Rene Ortuño Añez; la contestación a la demanda de fs. 344 a 354; el apersonamiento como tercer interesado de fs. 390 a 396; la réplica de fs. 199 a 299; la dúplica de fs. 433 a 435, los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada;
I ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.
Demanda y petición.
COFADENA, alegó que la Resolución Ministerial que ahora impugna, omitió pronunciarse, fundamentar y detallar que tipo de tierra, objeto de protección legal se constituyen los predios del "Campo 23 de Marzo", contraviniendo el art. 12 de la Ley N° 1700, clasificación de tierras, aspecto que vulnera los principios y derechos del debido proceso, seguridad jurídica y debida fundamentación de la resolución agraviante, por cuanto se asumió una sanción sin especificar la particularidad de los terrenos cuya protección se pretende sancionar; es decir, la Resolución Impugnada sostiene una sanción, sin hacer referencia la cualificación del terreno cuya protección se pretenda multar, siendo insuficiente esa fundamentación.
El art. 25 del Decreto Supremo (DS) N° 24453 de 21 de diciembre de 1996, Reglamento a la Ley Forestal, determina que las tierras se califican de acuerdo a su capacidad de uso mayor y de acuerdo a las prescripciones del ordenamiento territorial, clasificación de la cual emerge la cuantificación de la sanción a establecerse y de esta forma únicamente se ha podido verificar que los datos proporcionadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y los planes de ordenamiento predial, la actividad desarrollada en el fundo denominado "Campo 23 de Marzo" con una extensión de 50.000 hectáreas con capacidad de uso forestal, agrosilvopastoril es básicamente la ganadería.
Por lo que, al momento de establecer la Resolución Ministerial que fue correcta la evaluación de la sanción, no hizo la clasificación normativa que tienen los terrenos en cuestión y por ello no pudo sustentar debidamente la sanción impuesta en contra de la Institución que representa.
Señaló que, la Resolución Ministerial sostiene que el artículo 49 bis del Reglamento de Control y Seguimiento de Quemas, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 516/2007 de 18 de diciembre, establece que la Superintendencia Agraria, ahora Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques Tierras, implementara un sistema de monitoreo continuo para la determinación de quemas autorizadas y/o no autorizadas. Este sistema se desarrollaba y ejecutaba por medio del Área de Información de Recursos sobre Áreas y Predios, donde se tenían indicios de quemas ilegales y los resultados de este monitoreo eran informados a la Superintendencia Agraria por medio del Intendente Técnico, a fin de que se disponga las medidas que se vean convenientes en caso de identificarse quemas ¡legales o no autorizadas, argumentos que de ninguna forma otorgan respuesta respecto de la licitud en la intervención de un sistema naciente de otro país otra jurisdicción pues se clarifica que no existe prueba documental alguna de cargo que permita darle fiabilidad a las manifestaciones emitidas por un Sistema extranjero para su validación en un proceso administrativo que tiene base en Leyes y reglamentos de orden nacional interno.
Continua señalando que, la Resolución Ministerial impugnada omitió pronunciarse bajo fundamentos probatorios solidos que permita negar que fuimos notificados en primera instancia con una resolución, que no contenía los anexos a los que la misma, hace referencia; pues por mandato constitucional y el principio, facultad y derecho denominado DERECHO A LA DEFENSA, todo procesado tiene derecho de tomar conocimiento expreso de una Resolución en su integridad a objeto de proceder al ejercicio de su derecho a la impugnación de la misma; es por este detalle de vital importancia que, el procedimiento administrativo y por este tipo de omisiones considera se vulneró el derecho a la defensa conllevando la nulidad de obrados.
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