Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA
SENTENCIA Nº 24
Sucre, 10 de marzo de 2020
Expediente : 196/2017-CA
Demandante : Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional.
Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo.
Resolución Impugnada : AGIT-RJ N° 0230/2015 de 18 de febrero.
Magistrado Relator : Lic. José Antonio Revilla Martínez
Emitida dentro del proceso contencioso administrativo, seguido por la Administración de la Aduana Interior La Paz La Paz, dependiente de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada por Wendy Marisol Reyes Mendoza, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) representada por Daney David Valdivia Coria, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 230/2015 de 18 de febrero.
VISTOS.
La demanda de fs. 25 a 28, la contestación de fs. 72 a 83, el apersonamiento del tercero interesado de fs. 95 a 97, la réplica de fs. 152 a 157, la dúplica de fs. 165 a 168, el decreto de autos de fs. 169, los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada.
I. CONTENIDO DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN
- 1.-Fundamentos de la demanda y petición.
Luego de realizar una relación de los antecedentes hasta la emisión de la resolución jerárquica ahora judicializada, puntualiza:
Violación de lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento, además de los procedimientos existentes para procesos aduaneros.
En el fundamento principal y lo más relevante de la resolución jerárquica impugnada señala: “…el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años y en cuanto al cómputo, el párrafo III, art. 60 de la citada Ley, señala que: en el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria”.
Aspecto completamente divorciado del principio de legalidad, puesto que el art. 59, parágrafo III de la Ley Nº 2492, modificado por las Leyes N° 291 y 317, establece que la facultad de ejecutar la sanción es de 5 años, tal como se desprende de dicho artículo con su modificación. Lo cual implica que no debe aplicarse un artículo derogado, sino el art. 59 parágrafo III del Código Tributario vigente, pues de aplicarse una norma legal derogada, se estaría aplicando ultractivamente la norma jurídica, conforme el entendimiento que se desprende de la que transcribe parte de ella al efecto.
En tal sentido, al no estar regulada la aplicación ultractiva de la norma tributaria en el art. 150 de la Ley N° 2492, ni en ninguna otra disposición normativa, la facultad de ejecución de la Administración Aduanera para ejecutar la sanción es de cinco años, bajo ese análisis se tiene que el cómputo de la prescripción para el caso, para la ejecución de las sanciones por contravención aduanera y omisión de pago en la falta de regularización de las DUIs C-11888 de 7 de septiembre de 2007, C-8778 de 4 de julio de 2007, C-14788 de 5 de noviembre de 2007, C-9077 de 11 de julio de 2007, C-16702 de 12 de diciembre de 2007, C-16109 de 3 de diciembre de 2007, C-15412 de 19 de noviembre de 2007, C-16325 de 5 de diciembre de 2007, C-7945 de 18 de junio de 2007, C-12591 de 21 de septiembre de 2007, C-14738 de 1 de noviembre de 2007, se inició al momento en el que las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI91/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, adquirieron la calidad de título de ejecución tributaria, y los citados actos administrativos fueron notificados el 14 de diciembre de 2011, lo que implica, que al día siguiente en el que finalizó el plazo para ejercer su derecho de impugnación, esto es a partir del 4 de enero de 2012, se inició el cómputo de la prescripción para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias de conformidad al art. 60 parágrafo II de la Ley N° 2492, concluyendo esta facultad del sujeto activo el 4 de enero de 2017 por tanto la facultad de la Administración Tributaria (AT) no prescribió.
Por otra parte, la decisión de la AGIT crea incertidumbre en la administración de justicia, lo cual daña los intereses del Estado. Toda vez que reconoce tratarse de una deuda tributaria, sin embargo, desconoce que el actuar de la ADA CIDEPA Ltda., genera un daño económico, conforme el art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), norma que establece que “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”; en consecuencia, la Administración Tributaria Aduanera, se encuentra facultada para perseguir el cobro de los adeudos o exigir su pago, de ahí que la disposición concebida por el legislador sobre la no prescripción de deudas por daños causados al Estado, debe ser aplicada no sólo por los funcionarios públicos, sino a todo boliviano, conforme al mandato del art. 108 de la CPE, en relación al art. 152 de la Ley N° 2492.
A continuación, se refiere a la supremacía constitucional y jerarquía normativa, establecidos en el art. 410 de la CPE, que reconoce que la Constitución es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa.
Tampoco la AGIT consideró que los Proveídos de Ejecución Tributaria, fueron notificados en abril y mayo de la gestión 2013, según se puede advertir en los antecedentes del proceso notificados a la ADA CIDEPA Ltda, antes que opere la prescripción; consiguientemente, la Administración Tributaria de la Aduana, dentro del plazo para ejercer su facultad de ejecución tributaria, realizó las actividades de cobranza, los cuales no permitieron que se configure la prescripción, más aún cuando la facultad de ejecutar la deuda tributaria es IMPRESCRIPTIBLE.
Petitorio.
En mérito a los argumentos señalados pidió, se declare probada la demanda y consecuentemente se revoque parcialmente la resolución jerárquica impugnada y mantenga firme y subsistentes las facultades de ejecución de las sanciones por omisión de pago y contravención aduanera de vencimiento de plazo, establecidas en las Resoluciones Determinativas detalladas anteriormente.
Admisión.
Por decreto de fs. 59, se admitió la demanda, ordenándose la citación de la entidad demandada.
- 2.-Contestación a la demanda y petición.
Citada formalmente, la AGIT contestó la demanda por memorial de fs. 72 a 83, señalando lo siguiente:
- 1.-Sobre la prescripción de la ejecución de sanciones, la parte actora sólo citó las Leyes N° 291 y 317, sin emitir criterio jurídico o citar la disposición legal que la haría aplicable a la causa; en ese sentido, la resolución de recurso jerárquico demandada, fue taxativa al establecer la aplicabilidad de la Ley N° 2492 sin modificaciones, específicamente en lo previsto en el parág. III, art. 60 de la Ley N° 2492, el cuál señala que el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria y toda vez que el 14 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a la ADA CIDEPA LTDA., con las Resoluciones Determinativas AN-GRLPZ-LAPLI Nº 85/2011, 93/2011, 78/2011, 79/2011, 89/2011, 76/2011, 80/2011, 52/2011, 77/2011, 82/2011 y 81/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, las cuales no fueron impugnadas dentro del plazo de veinte días establecido en el art. 143 de la mencionada Ley, cuyo plazo feneció el 3 de enero de 2012, el término de prescripción de dos (2) previsto en el Parágrafo III, art. 59 de dicha Ley, se inició el 4 de enero de 2012 y concluyó el 4 de enero de 2014.
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