SE/0026/2021

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 26

Sucre, 21.de mayo de 2021

Expediente : 283/2017-CA

Demandante : Administración de Aduana Zona Franca

Comercial e Industrial El Alto

Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Proceso : Contencioso Administrativo

Distrito : La Paz

Magistrado Relator : Lic. José Antonio Revilla Martínez

Emitida dentro del proceso Contencioso Administrativo interpuesto por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de El Alto, representada por Wendy Marisol Reyes Mendoza, dependiente de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de El Alto, representada por Wendy Marisol Reyes Mendoza, dependiente de la Gerencia Regional La Paz, de fs. 72 a fs. 75, la contestación de fs. 81 a 93, réplica de fs. 140 a 144, dúplica de fs. 148 a fs. 151, el decreto de Autos de fs. 204, los antecedentes del proceso y todo lo que en materia fue pertinente analizar y se tuvo presente;

I: ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACION

La Administración de Aduana, Zona Franca Comercial de El Alto, representada por Wendy Marisol Reyes Mendoza, luego de referirse a los antecedentes del proceso, argumentó que la AGIT al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1674/2013 de 17 de septiembre, que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada que declaró extinguida la deuda tributaria por prescripción en favor de Juana Luzmila Angulo de Antezana, no tuvo en cuenta que la misma tiene origen en el trámite realizado por Juana Luzmila Angulo de Antezana, en la declaración de importación del vehículo adquirido de Toyosa SA, con DUI 2003231-C-5985 de 08 de agosto de 2003, que luego la Aduana Regional El Alto, después de una verificación posterior, resultó que no se declaró el valor real de la compra, observación que motivó la emisión de la Orden Fiscalización No. 55/2004, la Vista de Cargo No. AN-GRLGR-ELALZ-029/04 de 29 de diciembre, que estableció la omisión de pago por UFVs 25.789,55 (Veinticinco mil setecientos ochenta y nueve 55/100 Unidades de Fomento de Vivienda) y la Resolución Determinativa No. AN-GRLPZ-ELALZ 03-219-05 de 14 de octubre de 2005, que confirmó la Vista de Cargo.

La Importadora Toyosa S.A. notificada con la Resolución Determinativa, impugnó la misma; la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, anuló obrados hasta la Vista de Cargo, disponiendo que formule cargos por GA, IVA e ICE de manera discriminada y efectúe la correcta calificación de la conducta.

Recurrida la Resolución de Recurso de Alzada por la Administración Aduanera, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, confirmó la Resolución de la ARIT.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto, la Administración Aduanera, emitió la Vista de Cargo No. AN-GRLLPZ-ELAIZC-049/2012 de 20 de noviembre, sancionando con 92.983, 66 UFVs por Omisión de Pago, previa valoración de los descargos, emitió la Resolución Determinativa No. AN-GRLPZ-ELALZC-003/2013 de 29 de enero.

Impugnada la referida resolución por Juana Luzmila Angulo de Antezana, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, por Resolución de Recurso de Alzada No. ARIT LPZ/RA 0750/2013 de 1 de julio, revocó totalmente la Resolución Determinativa AN-GRLPZC-03/2013, de 29 de enero, declarando extinguida la deuda tributaria por prescripción.

Impugnada por la Administración Aduanera, Zona Franca Comercial e Industrial El Alto, la AGIT por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1674/2013 de 17 de septiembre, confirmó la Resolución de Recurso de Alzada No. ARIT LPZ/RA 0750/2013 de 1 de julio.

Esta decisión considera la entidad demandante atentatoria a los derechos de la Administración Aduanera porque viola el art. 4 de la Ley No. 3092, que refiere: “…además de lo dispuesto por el art. 143 del Código Tributario Boliviano Ley No 2492 (CTB-2003), el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria, será admisible también contra…4. Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación …” norma que obliga a la Autoridad de Impugnación Tributaria a asumir competencia en relación a la prescripción, Única y Exclusivamente cuando un Acto Administrativo hubiese sido emitido por la Administración Aduanera; es decir, debió rechazar la solicitud de prescripción presentada por la interesada, más aún cuando la Resolución Determinativa No. AN-GRLPZ-ELALZC-003/2013 de 29 de enero, no emitió pronunciamiento expreso rechazando o aceptando la prescripción, supuestamente solicitada por la Importadora, por lo que el fallo sería parcializado y Ultra Petita; toda vez que, el Recurso de Alzada interpuesto por el operador, se refirió a la supuesta prescripción, no siendo posible que la Autoridad demandada hubiese emitido opinión, sobre un tema en el cual no existen opiniones contrapuestas, entre la Administración Aduanera y el Operador, si solo conoce la opinión de una de las partes, no existiendo justicia tributaria, como corresponde a la misión de la ARIT, sino una decisión parcializada sobre un supuesto, que al no haber emitido pronunciamiento sobre la prescripción no pudo defenderse.

Prosiguió señalando que, no operó la prescripción, porque el art. 324 de la Constitución Política del Estado, señala: “No prescriben las deudas por daños económicos causados al Estado”, así como el art. 154 de 14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, establece en su art. 3 (Ejercicio de la Potestad Tributaria), parágrafo II: “Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles”, es decir, que la Administración Tributaria se encuentra legalmente facultada para perseguir el cobro de los impuestos debidos o exigir su pago sin importar el tiempo transcurrido. Que el parágrafo I del art. 5 de la Ley No. 2492 CTB-2003, señala las fuentes del Derecho Tributario.

Sobre el tema, invocó el art. 152 de la Ley No 2492-CTB-2003, que establece: “si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieren participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado. A los efectos de este Código, los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño económico al Estado”.

Indicó que, aplicando el art. 59 de la Ley No 2492, en sus parágrafos I, II, III y IV, vigente al momento de la emisión de la Resolución Determinativa, ninguna de las facultades de la Administración Aduanera, se encuentran prescritas, porque se encontraba vigente el plazo para que efectúe la determinación y cobro de la deuda tributaria.

Asimismo señaló que el análisis en el que centra su recurso, se ajusta en saber qué se entiende por POLÍTICA FISCAL y cual es DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO, siendo la primera, la rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, como el gasto público y los impuestos, las variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Los principales ingresos de la política fiscal son los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento político interno y externo. El daño económico, como toda alteración negativa y valuable en dinero, imputable a una persona natural o jurídica, susceptible de reparación sea en el sentido de restituir la situación previamente existente o con el respectivo pago pecuniario.