Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Sentencia N° 27
Sucre, 20 de marzo de 2020
Expediente: 045/2016-CA
Proceso: Contencioso Administrativo
Demandante: BANCO ECONOMICO S.A.
Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI
Resol. Impugnada: Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-151/2015
Magistrado Relator: Lic. Esteban Miranda Terán
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 39 a 51, la contestación de la entidad demandada de fs. 56 a 63, el memorial de apersonamiento de la empresa BANESCO HOLDING en calidad de tercero interesado, fs. 71 a 74, la réplica de fs. 134 a 136, la dúplica de fs. 140 a 141, el de fs. 144 a 149, a través del que se solicita Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCA); la Interpretación Prejudicial emitida por el TJCA de 23 de octubre de 2019 de fs. 152 a 159, el decreto de Autos de fs. 142; los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;
I.-CONTENIDO DE LA DEMANDA
El 22 de febrero de 2016, BANCO ECONOMICO S.A., a través de su apoderado Juan Carlos de la Vía Pereira, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-151/2015, de 9 de julio, bajo los siguientes argumentos:
a. Falta de valoración de la prueba
Señaló que, las pruebas presentadas de fs. 30 a 45 de obrados, fs. 69, 70, 71-76, 108 a 122 no son suficientes, para el SENAPI, sin establecer un criterio especifico porque no son suficientes conforme a la cita de la ; que efectúa, en relación a la verdad material.
Manifestó que, la autoridad recurrida debió realizar un análisis real y efectivo, apartándose de las actuaciones de carácter administrativo formal; como el que quiere imponer, al desacreditar su prueba exigiendo que sean solo facturas y documentos contables, sin considerar el acceso a la página de internet como el que adjuntaron y donde al hacer búsqueda del término BANECO, los primeros vínculos de uso salen relacionados a su empresa y no al oponente, pruebas ofrecidas por su empresa.
En relación al principio de informalismo; señaló que, la regla mencionada por esta jurisprudencia "In dubio pro actione", establece la necesidad de valorar y considerar la prueba presentada dentro del marco de la ley y sobretodo favorable al ejercicio del derecho a la acción y descartar la valoración de la prueba aportada por su parte; indicando que la misma es insuficiente, actuó con arbitrariedad, contrario a este principio básico del procedimiento administrativo, conculcando su derecho a la defensa y al debido proceso; es más, no establece el criterio de lo que sería suficiente para la autoridad; pecando por tanto, de ser un criterio meramente subjetivo y discrecional, violando el principio del debido proceso al no justificar racionalmente su decisión.
Afirmó que, se violó el principio de razonabilidad en la Resolución impugnada, al omitir considerar lo mencionado en el Decreto Supremo Reglamentario a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) que indica: "Los servidores públicos deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y la norma jurídica aplicable al caso y disponer medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguida por el orden jurídico." siendo una característica de la decisión humana basada en la lógica, la sana crítica y en materia administrativa aplicando el principio "in dubio pro actione"; manifestarse y valorar la prueba aportada por su parte, velando por la verdad material, actuando de forma equivocada, sin valorar la prueba.
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