SE/0029/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia N° 29

Sucre, 20 de marzo de 2020

Expediente: 029/2018-CA

Demandante: SCHLUMBERGER SURENCO SA Sucursal Bolivia

Demandado: Autoridad General de Impugnación Tributaria

Proceso: Contencioso Administrativo

Resolución impugnada: AGIT-RJ 1474/2017

Magistrado Relator: Lic. Esteban Miranda Terán

Emitida dentro del proceso contencioso administrativo seguido por SCHLUMBERGER SURENCO SA Sucursal Bolivia, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 103 a 123, interpuesta por SCHLUMBERGER SURENCO SA. - Sucursal Bolivia, representada por Daniel Alfredo Rivero Sandoval (en adelante el contribuyente), contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (en adelante AGIT); impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1474/2017 de 30 de octubre; el Auto de Admisión de 7 de febrero de 2018 de fs. 126; la contestación a la demanda de fs. 243 a 263; el decreto de Autos para Sentencia de 5 de noviembre de 2018 de fs. 295; los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar; y:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO:

El 22 de junio de 2015 la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (en adelante SIN) notificó mediante cédula (fs. 20 del Anexo I) al contribuyente, con la Orden de Fiscalización N° 15990100032 de 25 de mayo de 2015 (fs. 20 del Anexo I), iniciando la fiscalización del Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA), Impuesto a las Transacciones (en adelante IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (en adelante IUE) de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011; asimismo, el SIN solicitó al contribuyente la documentación señalada en el Requerimiento N° 119503 (fs. 21 del Anexo I) y la Nota Anexa CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/01054/2015 (fs. 22 a 23 del Anexo I).

El 25 de mayo de 2016, el SIN notificó mediante cédula (fs. 291 del Anexo II) al contribuyente con la Vista de Cargo (en adelante VC) N° 79-29-041-16 de 23 de mayo de 2016 (fs. 292 a 323) que preliminarmente estableció reparos en el IVA, IT e IUE por los períodos fiscalizados; multas por incumplimientos a deberes formales cuyo monto ascendió a la suma de Bs. 43.108.802.-; calificó la conducta como omisión de pago y otorgó el plazo de 30 días para que el contribuyente presentara descargos.

El 24 de junio de 2016, el contribuyente mediante memorial, presentó descargos a la referida Vista de Cargo; por su parte, el SIN labró el Acta de Recepción de Documentos señalando los documentos presentados como descargo.

El 30 de junio de 2016, el SIN notificó mediante cédula al contribuyente, con la Resolución Determinativa (en adelante RD) N° 79-17-201-16 de 29 de junio de 2016, que resolvió determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente, que ascendieron a Bs. 40.524.699.- por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales.

Contra la referida RD, el contribuyente interpuso recurso de alzada, emitiendo la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (en adelante ARIT), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0709/2016 de 25 de noviembre (fs. 629 a 657 del Anexo 4 en etapa recursiva), que resolvió ANULAR obrados hasta la VC N° 79-29-041-16, debiendo el SIN emitir una nueva cumpliendo los requisitos estipulados en el art. 96 de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (en adelante CTB-2492).

Contra la referida Resolución del Recurso de Alzada, el SIN interpuso recurso jerárquico, emitiendo la AGIT la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0243/2017 de 7 de febrero (fs. 795 a 813 del Anexo 4 en etapa recursiva), que resolvió ANULAR la resolución recurrida, debiendo la ARIT emitir una nueva, circunscribiéndose a los agravios expuestos por el contribuyente.

Cumpliendo la referida resolución, la ARIT emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0314/2017 de 23 de junio (fs. 905 a 1017 del Anexo 5 en etapa recursiva), que resolvió CONFIRMAR la RD N° 79-17-201-16, conforme a los argumentos expuestos.

Contra la referida resolución, el contribuyente interpuso recurso jerárquico, emitiendo la AGIT, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1474/2017 de 30 de octubre (fs. 1348 a 1401 del Anexo 7 en etapa recursiva), que resolvió REVOCAR PARCIALMENTE la resolución recurrida, modificando el tributo omitido determinado por el SIN de Bs. 12.866.721.- a Bs. 12.835.195.- por los impuestos y periodos fiscalizados; y manteniendo firme y subsistente la multa de UFV's 3.400.- por incumplimiento de deberes formales y el adeudo tributario correspondiente al diferimiento del IVA e IT.

El 2 de febrero de 2018, el contribuyente interpuso demanda contencioso administrativa (fs. 103 a 123) contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1474/2017.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA, LA CONTESTACIÓN Y EL TERCERO INTERESADO:

Demanda.

Reparo 1, sobre ingresos no declarados: La AGIT señaló que el gasto de Bs. 44.373.693.- no era deducible porque el contribuyente no presentó el comprobante contable N° SI11010024 y otros, por montos menores.

Alegó que la AGIT, omitió valorar la prueba presentada en la fiscalización y en etapa recursiva, conforme al valor probatorio otorgado por el art. 217-a) de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (en adelante CTB-2492); determinando la deuda tributaria, sólo por la ausencia de un comprobante contable que el contribuyente no está obligado a tener y no es requerido por la normativa, incurriendo en error de derecho en la valoración de la prueba y vulneración del debido proceso.

Fundamentó que la AGIT, no objetó la situación análoga que significa el pago del IUE sobre el ingreso imponible estimado de Bs. 27.868.020.- de la gestión 2011, que significó, mayor impuesto a pagar para el SIN, incurriendo en contradicción al asignar un tratamiento distinto a dos hechos similares expuestos, porque desechó la prueba que demuestra el levantamiento del reparo y la convalidó para una mayor recaudación del SIN, vulnerando la congruencia interna de la RJ.

Reparo 2, sobre los gastos no deducibles declarados por la empresa: La AGIT señaló que, la diferencia entre el valor residual de los activos fijos de Bs. 12.476.294,54.- y la transferencia a valor de exportación de Bs. 11.390.138.-, resulta ser Bs. 1.086.155,70.-, que debe registrarse como pérdida conforme al art. 30 del DS N° 24051.

Alegó que la AGIT, en la Pág. 68 de la resolución impugnada, interpretó incorrectamente el art. 30 del DS N° 24051, confundiendo o tomando como sinónimos la "perdida" y el "gasto".

Refirió que, interpretando subjetivamente el art. 30 del DS N° 24051, la AGIT desconoció el gasto deducible registrado por el contribuyente, reconociendo solo el ingreso imponible a los efectos del IUE, situación que viola la "utilidad neta" imponible que resulta de la diferencia entre el ingreso y el gasto, prevista en el art. 47 de la Ley N° 843 y el principio de "capacidad económica" establecida en el art. 323-I de la Constitución Política del Estado (en adelante CPE).

Sobre los gastos apropiados que corresponde a una gestión anterior: La AGIT, conforme al art. 46 de la Ley N° 843, revocó la determinación del SIN respecto de la cuenta "auditores externos", estableciendo que el servicio consignado en 6 facturas, son deducibles en la gestión 2011, al haberse realizado en dicha gestión; empero, no se pronunció de manera individual sobre otras cuentas y facturas por servicios similares, vulnerando el debido proceso en su elemento a la motivación y fundamentación de las resoluciones establecido en el art. 115-II de la CPE.

Gastos no vinculados con la actividad de la empresa: La AGIT señaló que, la documentación presentada por el contribuyente no demostró que los gastos eran necesarios para conservar la fuente y/o estén relacionados con la obtención de renta gravada, como requiere el art. 47 de la Ley N° 843 y los arts. 7 y 8 del DS N° 24051.

Afirmó que, sobre la cuenta "otros gastos de viaje", la AGIT no motivó su decisión de confirmar la RD del SIN y sobre las cuentas "repuestos varios - locales", "alquiler, servicios y mantenimiento de casa" y "materiales de escritorio", expuso una motivación general, sin considerar que son cuentas diferentes y deben analizarse por separado; aspecto que vulneró el debido proceso en su elemento a la motivación de las resoluciones.

Refirió que la AGIT, no se pronunció sobre la denuncia de falta de motivación y fundamentación de la RD sobre los gastos no deducibles, vulnerando el debido proceso en su elemento a la motivación y fundamentación de las resoluciones.

Reparo 3, sobre las regularizaciones de gastos no admitidos: La AGIT señaló que, los gastos por investigación y desarrollo de Bs. 7.367.219.- provisionados y declarados como no deducibles en la gestión 2010, debieron ser ajustados durante los 120 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal conforme al art. 39 del DS N° 24051.

Fundamentó que, no se consideró que para el 2 de mayo de 2011 (120 días posteriores al cierre fiscal anual), no se pagó los servicios prestados por una empresa del exterior, ni se retuvo el IUE-BE por ese pago; entonces, cómo podría imputarlos como gastos deducibles del 2010; por lo que, se aplicó indebidamente el art. 39 del DS N° 24051.

Indicó que la AGIT, violó el art. 46 de la Ley N° 843, al establecer que el contribuyente estaba obligado a imputar el gasto en la gestión 2010, bajo el principio de "devengado", cuando el citado precepto legal dispone que, respecto de los ingresos y gastos por prestación de servicios, los contribuyentes tienen la opción de imputar el gasto por lo devengado o por lo percibido.

Refirió que la AGIT, pretende el pago del IUE sobre una utilidad inexistente, confirmando el cobro impositivo sobre un hecho económico no definido por Ley; violando así, los principios de "capacidad contributiva" y "legalidad" instituidos en los arts. 323-I de la CPE y 6-I-1 del CTB-2492, respectivamente.

Argumentó que, al determinarse un impuesto sobre un hecho generador no ocurrido, se violó el principio de "economía plural" y no se respetó la iniciativa privada y la seguridad jurídica, previstos en los arts. 306-I y 311-II-5 de la CPE, respectivamente.

Estableció que, dado que la decisión de la AGIT implicó una detracción arbitraria e ilegal de la riqueza, se violó el derecho a la propiedad del contribuyente, consagrado en el art. 56 de la CPE.