Texto del fallo
a A A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA SENTENCIA N 29/2026 Sucre, 24 de marzo de 2026 Expediente : 25/2025 Demandante : Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria Proceso : Contencioso Administrativo Resolución impugnada . Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1484/2024 de 7 de octubre Relator : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 16 a 29, interpuesta por la Administración de Aduana Frontera Yacuiba, dependiente de la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional representada por su apoderado Fabian Cristian Rivero Soliz, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1484/2024 de 7 de octubre; el decreto de admisión de 15 de enero de 2025, a fs. 32; la contestación de fs. 61 a 69; la réplica de fs.
158 a 164 vta.; la dúplica de fs. 169 a 171; la intervención de los terceros interesados de fs. 36 a 44 y de fs. 47 a 54 vta.; el decreto de Autos para Sentencia a fs. 173; los antecedentes del proceso y todo lo que en materia fue pertinente analizar:
IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA:
La entidad demandante manifestó los siguientes puntos de agravios:
Vulneración al principio de sometimiento pleno de la Ley.
La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1484/2024 incurrió
en Violación al principio de sometimiento pleno de la Ley, al confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0207/2024 de 22 de julio que revocó totalmente la Resolución Determinativa N AN/GRTJA/FYB/RESDET/29/2024 de 2 de enero, a través de la cual la Aduana, de la verificación del despacho correspondiente a la DIM DI-2023-621-2435866 de 6 de diciembre de 2023, para la mercancía consistente en Manzana, determinó que no fue posible aplicar los métodos del 1 al 5 del acuerdo sobre Valoración Aduanera, conforme lo establece el art. 48 del Reglamento Comunitario, para la aplicación del método del último recurso; por lo que, se debió acudir a la flexibilidad de la duda razonable, o en su caso los principios y disposiciones con los principios y disposiciones del acuerdo sobre valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Previa descripción de métodos de Valor de Transacción, la entidad demandante refirió que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), tomó decisiones incongruentes al confirmar una Resolución de Alzada, que dejó sin efecto el acto administrativo respecto a la determinación de omisión de pago determinado a través del método de último recurso referido.
Expresó que, si en caso de que se hubiere identificado inconsistencias formales, no correspondía una Resolución revocatoria sino la anulación del acto, dando la oportunidad a la Administración Aduanera de explicar de manera fundamentada, mediante un nuevo acto administrativo como corresponde.
Vulneración del derecho al debido proceso en su componente de Motivación y Fundamentación, porque la AGIT fundamentó su resolución haciendo referencia a lo dispuesto en Alzada, sin valorar el resto de los elementos del proceso, sin considerar que el auto administrativo de la Aduana se encuentra con la debida fundamentación y los respaldos necesarios, privando el derecho de la Administración Tributaria de conocer los motivos para llegar a
E AN AA esa decisión.
Refirió que la AGIT emitió una Resolución carente de fundamentación y motivación, sin reencausar el proceso si es que hubiese identificado vicios formales, citó el art. 15-II de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N 0405/2012-R de 22 de junio, asimismo citó el art. 211 de la Ley N 2492 - Código Tributario Boliviano (CTB), que establecen la necesidad de fundamentar toda decisión respecto de las decisiones planteadas.
Citó también la Ley N 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), que exige exponer los hechos, fundamentar legalmente y citar normas que sustenten la disposición de la Resolución, para que la parte afectada por dicho acto, conozca cuales fueron las razones que motivaron dicha decisión. De la misma manera, Citó la SCP N 0275/2012 de 4 de junio como sustento jurisprudencial, asi como la Sentencia Constitucional (SC) N? 0752/2002 de 25 de junio, que recoge lo señalado por la SC N 1369/2001-R de 19 de diciembre, que disponen que toda Resolución sea debidamente fundamentada.
Refirió que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1484/2024 de 7 de octubre no se encuentra debidamente fundamentada expresando los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones. Citó las Sentencias Constitucionales (SSCC) N 1083/2014 de 10 de junio y 0486/2010-R como sustento jurisprudencial y expresó que, con esos precedentes se evidencia que la Resolución impugnada es totalmente arbitraria e incoherente por no ajustarse al ordenamiento jurídico.
Sostuvo que la Resolución de Recurso Jerárquico impugnada, lesionó el derecho al debido proceso en su elemento de Seguridad Jurídica toda vez que la Instancia Jerárquica no valoró los actuados legales y administrativos presentados durante el proceso; máxime si el Principio de Verdad Material el cual rige a la
verdad jurídica, no fue analizado oportunamente, y al haber confirmado revocar la Resolución determinativa de la Aduana, tomó en cuenta solamente los argumentos y pruebas presentadas por el operador ahora tercer interesado.
El debido Proceso se encuentra proclamado en el art. 115 parag. I y II de la CPE, conforme lo establece el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de las SSCC N 1756/2011-R, 0902/2010-R y 1336/2011-R de 26 de septiembre que, establece el razonamiento con relación a la seguridad jurídica.
Expresó que el derecho de igualdad e partes fue vulnerado con la Resolución Jerárquica impugnada, al no haber aplicado igualdad de condiciones para ambas partes, actuando de manera parcializada, toda vez que la administración aduanera actuó sometida a la Ley conforme a lo señalado en el art. 186 de la Ley general de Aduanas (LGA), los arts. 157 y 165 del CTB, desde la emisión de la Acta de Reconocimiento/ Informe de Variación de Valor ARIVW-2023-62 1-88 de 7 de diciembre de 2023, más todos los actuados administrativos tanto con el operador como con el declarante (terceros interesados), quienes incurrieron en omisión de probar los hechos constitutivos y que la Autoridad Jerárquica pretende soslayar, pronunciándose de manera parcializada a favor del recurrente incurriendo de esa manera en vulneración a la igualdad de partes conforme al parag. 1 del art. 211 del CTB.
Concluyó pidiendo que se emita Sentencia declarando Probada la demanda contenciosa administrativa, revocando totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1484/2024 de 7 de octubre y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa N AM/GRTJA/FYB/RESDET/29/2024 de 2 de abril, emitida por la Administración Aduanera; o en su caso se disponga la nulidad de la Resolución del Recurso Jerárquico impugnado, a objeto de que se emita una nueva que module el proceso administrativo en base a los elementos cursantes en
O AO AA antecedentes.
HI. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
La AGIT, legalmente representada por su Directora Ejecutiva, Katia Mariana Rivera Gonzales, contestó negativamente la demanda contenciosa administrativa con los siguientes argumentos:
Refirió que, de la lectura de la demanda, se puede advertir que la misma no cumple con los presupuestos esenciales, referentes a la conculcación de derechos y se habría generado una vana interpretación normativa Tributaria y Aduanera, seguido de una transcripción reiterativa de su posición vertida tanto en instancia de alzada como jerárquica.
Lo que convierte a la demanda incoada en una afirmación sin respaldo, en una queja general, con una carga argumentativa genérica y abstracta que no desvirtúa la legalidad y presunción de legitimidad del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1484-2024 de 7 de octubre. En tal sentido la parte demandante omite hechos acontecidos y solo emite criterios subjetivos sin hacer una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la vulneración causada, lo cual constituye en un impedimento para ingresar al fondo de la demanda.
Citó jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, contenida en las Sentencias Nos. 339/2016 de 13 de julio, y 42/2022 de 20 de abril que disponen que no corresponde al Tribunal suplir la insuficiencia de la carga administrativa de la acción del demandante. De la misma manera citó la Sentencia N 229/2024 de 15 de septiembre de este Tribunal, la cual establece declarar improbada la demanda cuando esta no concreta el tema o la problemática de disentimiento que conducen a cuestionar la determinación impugnada.
Asimismo, expresó que, la fundamentación técnica jurídica desarrollada en la Resolución del Recurso Jerárquico impugnado
cumple con las exigencias de debida motivación, fundamentación y coherencia, o toda vez que contiene un análisis de los hechos y el derecho aplicable, en el marco de las atribuciones conferidas por los arts. 139-b), 144 y 211 del CTB, exigido por los arts. 28-e) y 30-a) de la LPA, citó a su vez la Sentencia N 42/2022 de 20 de abril de este Tribunal Supremo de Justicia.
En cuanto a los argumentos expuestos en el memorial de la demanda con relación a la supuesta vulneración al principio de sometimiento pleno de la Ley, señaló que corresponde rechazar este agravio formulado por la administración aduanera, toda vez que la Resolución jerárquica hoy impugnada, se emitió en estricto cumplimiento de la normativa legal aplicable y los principios que rigen la actuación administrativa.
En relación a los métodos de valoración aplicables del 1 al 5 y al método del último recurso, se observó que la Aduana no ha presentado pruebas suficientes que demuestren la imposibilidad de aplicar los métodos primarios de valoración, la mera alegación de precios ostensiblemente bajos y falta de correspondencia no justifica la omisión de los métodos preferenciales que deben ser la primera opción según la norma vigente. Tampoco se evidencia en el expediente un análisis detallado y fundamentado de por qué los métodos anteriores fueron descartados. La aplicación del último recurso requiere una justificación exhaustiva y motivada demostrando que se agotaron las demás opciones, lo cual no se cumplió en el presente proceso.
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