Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA SENTENCIA N 30/2026 Sucre, 24 de marzo de 2026
Expediente : 356/2024 Demandante : Central Integral de Comercialización
de Minerales de las Cooperativas
Mineras Demandado : Autoridad General de Impugnación
Tributaria - AGIT Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo Resolución Impugnada : AGIT RJ 1147/2024 de 19 de agosto Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 39 a 48, interpuesta por la Central Integral de Comercialización de Minerales de las Cooperativas Mineras (COMERMIN), representada legalmente por Oswaldo ¿Quispe Colque, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1147/2024 de 19 de agosto, de fs. 1 a 15 del expediente, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); el memorial de contestación de fs. 125 a 130 vta.; el memorial de apersonamiento de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en su calidad de tercero interesado de fs. 61 a 69; el memorial de réplica de fs. 136 a 143 vta., el Decreto de Autos para sentencia a fs. 145; y los antecedentes administrativos y de emisión de la resolución impugnada.
IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA COMERMIN RL representada por Oswaldo Quispe Colque,
interpuso demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1147/2024 de 19 de agosto, pronunciada por la AGIT; en mérito a lo establecido en el art. 2 de la Ley N 3092, arts. 52, 53, 55 de la Ley N 1340, 213 del Código Procesal Civil (CPC-2013) y 115, 117 de la Constitución Politica del Estado (CPE); y, luego de hacer una relación de los antecedentes administrativos y del proceso de impugnación en la vía administrativa, señaló los siguientes puntos de agravio:
Refirió que la Administración Tributaria y la AGIT transgredieron el art. 104-V de la Ley N 2492-Código Tributario Boliviano (CTB) que establece que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de 12 meses en relación con los dispuesto por el art. 4 del citado código, pues establece que los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios; por lo que no se puede suspender indefinidamente la emisión de actos administrativos, sin considerar lo establecido por la caducidad prevista por el art. 1514 del Código Civil (CC), concordante con el art. 61-I del Decreto Supremo (DS) N 27113; ya que los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia.
Sostuvo que la Resolución de Alzada N 0288/2024, no consideró ni ingreso en el análisis respecto a la aplicación de la normativa correcta y sus modificaciones; es decir, si el proceso de fiscalización fue iniciado al amparo de CTB, sin modificaciones;
sin embargo, para el presente caso el hecho generador de las gestiones 2014 y 2015 se encuentran regidas por las Leyes Nos.
291 y 317, y no así por la Ley N 812, por lo que la emisión del proceso de fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, vulneraron los principios de favorabilidad establecida en el art. 154 del CTB; siendo aplicable la Ley N 2492 sin las modificaciones al régimen de prescripción introducida por
A A las Leyes Nos. 291, 317 y 812.
Indicó que, la Administración Tributaria no analizó ni consideró la anulación unilateral de las facturas y ponen observaciones infundadas al referir Sin respaldo de documentos de medios fehacientes de pago; toda vez que, anulan las facturas que se declararon en la misma fecha; empero, son de diferente numeración de factura y montos, indicando que son de fecha repetida, análisis discrecional que tuvo efecto directo en la determinación de la base imponible y determinación del presunto tributo omitido. Sin considerar que son facturas diferentes, por el número y monto consignados.
Manifestó que, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), no realizó el análisis pertinente y objetivo de las pruebas presentadas, ya que para la determinación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por los periodos fiscales octubre 2014 a septiembre de 2015, realizaron el cálculo de forma errada, sin considerar que la gestión 2014 el IUE fue declarado y pagado de manera oportuna; por lo que, no corresponde considerar los periodos fiscales de 2014. Asimismo, señaló que el periodo fiscal 2015 en caso de que fuera correcto el análisis, la misma no podría ser determinada; ya que, el IUE por simple razonamiento se calcula por todo el periodo fiscal, y no solo por 9 meses.
Por otra parte, para la determinación del TUE de manera poco transparente, deciden omitir o dejar de lado los gastos de sueldos y salarios; toda vez que, por principio básico contable el IUE se las expresa por simple deducción de ingresos menos gastos (gastos corrientes y gastos de inversión); por lo que, extraña que los gastos corrientes en los que se encuentran contemplados el pago de sueldos y salarios no sean considerados para la determinación del IUE. Añadió que se crearon una nueva forma de suma y resta,
donde las diferencias son a favor de la Cooperativa, pero de manera extraña lo consignaron como diferencia a favor del fisco.
Acusó que la Resolución Jerárquica no se encuentra fundamentada y motivada vulnerando el principio del debido proceso, ya que, la Resolución ahora impugnada únicamente refiere que fue correcta la determinación de la Administración Tributaria y la instancia de alzada; puesto que, la misma no da a entender de forma clara por qué los actos de la administración incorrectamente determinados no fueron anulados. Acotó que la AGIT no valoró ni investigó correctamente los hechos, asumiendo una posición parcializada, convalidando las aseveraciones del fisco como una verdad inalterable e incuestionable. Asimismo, indicó que la Resolución Jerárquica no mencionó todos los argumentos planteados en el recurso de alzada como en el recurso jerárquico atentando el principio de congruencia.
Continuó señalando que, no se realizó el análisis pertinente y objetivo de la prueba presentada y la documentación que cursa en el expediente, donde se realizó el erróneo cálculo en la determinación del IUE por los periodos octubre de 2014 a septiembre de 2015; sino por el contrario, da por bien hecho el accionar de la Administración Tributaria.
Mencionó que se vulneró los principios de autotutela y razonabilidad afectando directamente los derechos fundamentales de los contribuyentes establecidos en la Constitución, como el derecho a la seguridad jurídica, el debido proceso, y de confianza legitima.
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