Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
SENTENCIA N° 32
Sucre, 20 de marzo de 2020
Expediente : 118/2018-CA
Demandante : Terapeútica Boliviana SA TERBOL SA
Demandado : Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo.
Resolución Impugnada : Resolución Ministerial N° 095/2018 de 19 de enero.
Magistrado Relator : Lic. José Antonio Revilla Martínez
Emitida dentro del proceso contencioso administrativo, seguido por Terapeutica Boliviana SA - TERBOL SA, representada por Carla Patricia Rivera Mahey, contra el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, representada por Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, impugnando la Resolución Ministerial N° 095/18 de 19 de enero.
VISTOS.
La demanda contenciosa administrativa de fs. 158 a 176; la contestación a la demanda de fs. 354 a 359; la contestación de los terceros interesados de fs. 407 a 410; no cursa réplica ni dúplica; el decreto de Autos de fs. 519, los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada.
I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN
- 1.-Demanda, petitorio y admisión.
Luego de una relación de antecedentes y de hechos señala:
- a.-Violación del art. 15-II de la Constitución Política del Estado (CPE) - Derecho al debido proceso; y arts. 28 de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA), 29-d); y 31-I-b) y II del Decreto Supremo (DS) N° 27113, por evidente falta de motivación y fundamentación de la Resolución Ministerial N° 095/18.
La Resolución Ministerial (RM), judicializada adolece de fundamentación y motivación, porque sólo describe el desarrollo del proceso administrativo y transcribe normas constitucionales; ordinarias, así como jurisprudencia constitucional general, sin crear el nexo causal entre las disposiciones jurídicas o jurisprudenciales, con los hechos acaecidos dentro de la presente causa. Omite la consideración de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SCP) Nos. 1346/2012 de 19 de septiembre de 2012; 0311/2013-L de 13 de mayo de 2013 y la 1088/2015-S1de 5 de noviembre de 2013, referentes a la extinción de la relación laboral por motivos de fuerza mayor por causas ajenas al empleador, diferente a las inscritas en el art. 16 de la LGT., no obstante, de haber sido citadas e invocadas expresamente en los recursos respectivos.
Otra de las inconsistencias, versa en la incoherencia de reconocer que la Resolución Administrativa 24/16 que otorga el fuero sindical a los ex trabajadores reincorporados cuando tal determinación fue revocada por la misma cartera ministerial, mediante la Resolución Administrativa N° 40/2016; no obstante, mantiene a los que les correspondería un supuesto fuero sindical, lo cual resulta un fundamento sumamente incoherente y contradictorio, así como contrario al marco razonable de ponderación de la valoración probatoria. Tampoco se valoraron las pruebas aportadas que justificaban el motivo de fuerza mayor, en la culminación de la relación laboral, que no fue considerado por el Ministro de Trabajo, al momento de emitir la determinación ahora cuestionada. Para el caso, el cierre de su planta en el Barrio Hamacas en cuyas instalaciones los ex trabajadores desarrollaban sus actividades, este hecho, se encuentra totalmente demostrado por la abundante documentación que al respecto se presentó, razón por la cual no podían darse curso legal a la incorporación.
Por tal razón la Resolución Ministerial requería para su validez la motivación y fundamentación adecuada conforme determina los arts. 28 de la Ley N° 2341 y 29-I-d) y 31-I-b) y II del DS N° 27113.
Igualmente, se refirió a la aplicación las SCP Nos. 1346/2012 de 19 de septiembre de 2012; 0311/2013-L de 13 de mayo de 2013 y la 1088/2015-S1 de 5 de noviembre de 2013; así como la inexistencia de fuero sindical de los citados ex trabajadores, siendo que la Resolución Administrativa 24/16 que les confería el fuero sindical, fue revocada por la misma cartera ministerial mediante la Resolución Administrativa N° 40/2016; en tal sentido, era responsabilidad de dicha autoridad ministerial la pertinencia o no en la aplicación de las normas de inamovilidad laboral por fuero sindical, el no hacerlo y simplemente ignorar estos presupuestos provocó la vulneración al derecho al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación y motivación de las decisiones emitidas por las autoridades administrativas o judiciales, en relación al art. 36-II de la Ley N° 2341 y vulnerando de igual modo el art. 115-II de la CPE.
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