Texto del fallo
SALA PLENA
SENTENCIA: 33/2019.
FECHA: Sucre, 20 de noviembre de 2019.
EXPEDIENTE Nº: 547/2011
PROCESO: Contencioso.
PARTES: Servicio de Impuestos Nacionales c/ Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
MAGISTRADO RELATOR: Marco Ernesto Jaimes Molina
Pronunciada en el proceso contencioso seguido por el Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el Banco Santa Cruz S.A., ahora Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa de fs. 137 a 144 vta., de cumplimiento de obligación de pago de multas generadas por incumplimiento del “contrato C.ASES 84/99” suscrito entre el Servicio Nacional de Impuestos Internos (SNII) y la entidad bancaria; contestación y reconvención de fs. 315 a 328 vta.; memoriales de réplica y dúplica cursante de fs. 403 a 407 y de 419 a 429 vta., la Sentencia 282/2015 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de fs. 636 a 651, la Resolución N° 03/2016 de 02 de agosto emitida por el Juzgado Público Civil y Comercial N°27 de La Paz constituido en Tribunal de Garantías de fs. 671 a 674 vta., la Sentencia N° 452/2016 de 27 de septiembre de fs. 683 a 701 vta., el de fs. 706 a 716, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.
I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.
Que el Servicio Nacional de Impuestos Internos (SNII) ahora Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representado legalmente por Roberto Ugarte Quispaya nombrado mediante Resolución Suprema Nº 02391 de 1 de febrero de 2010, y adjuntando testimonio de Poder Nº 691/2011 de 7 de octubre de 2011, se apersona y fundamenta su demanda señalando lo siguiente:
I.1.- El Servicio Nacional de Impuestos Internos (ahora SIN) y el Banco Mercantil S.A. (ahora Banco Mercantil Santa Cruz S.A.) suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios C.ASES 84/99 de 1 de diciembre de 1999 (fs. 41 a 53), por tres (3) años de vigencia desde el 1/10/99 y que posteriormente fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2004; es decir, el citado Contrato C.ASES 84/99 tuvo vigencia desde el 1 de octubre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004, señalando que por consecuencias técnico jurídicas del contrato, así como por la naturaleza de los hechos que regula, va mucho más allá de esa fecha de conclusión de contrato, por el volumen de información y complejidad de los datos e información que suponen las transacciones.
Que el contrato C. ASES 84/999 establece obligaciones de las partes, donde el CONTRATADO debía recaudar tributos para el Estado y el CONTRATANTE cancelar una comisión por el servicio prestado, cuyo incumplimiento establece la imposición de multas conforme a los arts. 30 al 36 de la Resolución Ministerial (RM)N° 783 de acuerdo al siguiente detalle:
* Mora en la Acreditación de la Recaudación = Multa 8 % (art. 30).
* Mora en la Presentación de la Documentación en la Inform. Primaria en la M. Magnético = Multa 2% art. 31).
* Completitud de Datos Primarios con Respecto a Datos finales = Multa 10 % (art. 32).
* Mora en la Presentación de la Información Definitiva en Medio Magnético = Multa 4 % (art. 33).
* Calidad de Información inscrita por las entidades Financieras = Multa 17 % (art. 34).
* Mora en la Presentación de la Información Documental = Multa 6 % (art. 35).
* Completitud en la entrega de Documentos Físicos al SIN = Multa 5 % (art. 36).
Bajo esos antecedentes, el demandante manifiesta que de acuerdo a la cláusula vigésima segunda, inc. c) del Contrato, éste quedará resuelto con el simple vencimiento del plazo si no se procede a su renovación, por lo que al encontrarse resuelto, se cumple con la condición establecida en el art. 47 de la RM Nº 783 referente a la “conciliación de adeudos”, disposición aplicable cuando existe resolución del contrato por vencimiento o cumplimiento del plazo, por lo que correspondía la conciliación de adeudos, que el SNII (ahora SIN) inició dicha conciliación antes de la conclusión del contrato, de montos de multas y bonificaciones, con la Reunión Conciliación Montos Multas y Bonificación, llevada a cabo el 27 de diciembre de 2004, con participación del Banco Santa Cruz S.A. representado por Néstor Cuentas (fs. 68 a 71), acordándose que la revisión de cada una de las infracciones (multas) se efectuará bajo la misma metodología empleada para la Infracción Calidad de Transcripción, conforme la información sea devuelta por las entidades financieras.
Continúa expresando que preliminarmente se estableció que el CONTRATADO incumplió las obligaciones contraídas, y era pasible a multas en la suma de Bs82.650,60, lo cual se comunicó al demandado, quien solicitó 15 meses de plazo a partir del 1 de julio de 2006 para presentar descargos. (fs. 72 a 74 cuerpo 1), los cuales fueron presentados por el CONTRATADO según afirmación del actor, en diferentes fechas y notas, concluyendo la entrega del último descargo el 3 de marzo de 2007, mismos que luego de ser procesados por el SIN, generó y notificó el importe final de las multas de Bs32.322.494,31 (Treinta y Dos Millones Trescientos Veintidós Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro 31/100 Bolivianos), advirtiéndose además que existió bilateralidad y contradicción en el proceso de conciliación de multas y bonificaciones que determinó el adeudo por incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el Contrato.
I.2.- Incumplimiento del Banco Santa Cruz S.A. a la RM Nº 783/99, Contrato y el Origen de las Multas. Señaló que las cláusulas Sexta y Séptima del Contrato C. ASES 84/99, establece derechos y obligaciones a las partes contratantes, obligando al CONTRATADO a cumplir con la RM Nº 783/99, Capítulo VII, arts. 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, establecer multas por incumplimiento de obligaciones para las Entidades Financieras que prestaron el servicio de recaudación.
El art. 30 referente a la Mora en las acreditaciones de la recaudación (Multa 8). debieron ser realizadas dentro los plazos establecidos para cada tipo de Sucursales, incurriendo en mora automáticamente en caso de no hacerlo, con los efectos señalados en los incisos a), b) y c), detallando la Multa 8 por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, cuya sumatoria total según recuadro asciende a Bs17.953.796,99 de acuerdo a los Reportes Originales extraídos de la Base de Datos Corporativa del SIRAT II del SIN, con el que fue notificado mediante cartas CITE: GNGRE/DRBOE/8130/2007 de 09/11/2007.
El art. 31 referente a la Mora en la Presentación de la Información Primaria en Medio Magnético (Multa 2), cuyo incumplimiento en la remisión a la oficina nacional del SNII los medios magnéticos de datos primarios correspondientes a la recaudación tributaria dentro de los plazos establecidos para cada clase de Sucursales, generó automáticamente, sin necesidad de declaración judicial o extrajudicial, las multas establecidas en los incs. a), b) y c), detallando la Multa 2 por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, en el importe total de Bs 444.614,74 de acuerdo a los Reportes Originales de la Base Corporativa del SIRAT II del SIN, con el que fue notificado mediante cartas CITE: GNGRE/DRBOE/6941/2007 de 09/11/2007.
Por su parte el art. 32 referente a la Complejidad de Datos Primarios con respecto a Datos Finales (Multa 10), establece la obligatoriedad del CONTRATADO de enviar a la oficina nacional de SNII la información primaria de todos los formularios recibidos en sus sucursales en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento generó una infracción sancionada según los incs. a) y b), en el que la Multa 10 por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, generó una multa de Bs 47.036,88 de acuerdo a los Reportes Originales extraídos de la Base de Datos Corporativa del SIRAT II del SIN, con el que fue notificado mediante CITE: GNGRE/DRBOE/6945/2007 de 9/11/2007.
El art. 33 referente a la Mora en la Presentación de la Información definitiva (Multa 4) que indica el deber del CONTRATADO de efectuar la remisión a la oficina nacional del SIN de los medios magnéticos de información definitiva correspondientes a la recaudación tributaria dentro de los plazos para cada tipo de sucursal, cuyo incumplimiento generó la mora automáticamente, las multas señaladas en los incisos a) y b), resultando la Multa 4 por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, el importe de Bs 1.520.314,13 por el retraso tolerado para la presentación de datos finales, que es de cinco (5) días como máximo, datos obtenidos de los Reportes Originales extraídos de la Base de Datos Corporativa del SIRAT II del SIN, con el que fue notificado mediante carta CITE: GNGRE/DRBOE/6942/2007 de 09/11/2007.
El art. 34 referente a la Calidad de Información transcrita por las Entidades Financieras (Multa 17) indica la obligación del CONTRATADO, de transcribir toda la información de las declaraciones juradas y boletas de pago en forma completa y sin modificar u omitir ningún dato, cuyo incumplimiento generó una infracción sancionada conforme a los incs. a) y b), resultando la Multa 17 por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, el importe de Bs23.733,63 de acuerdo a los Reportes Originales extraídos de la Base de Datos Corporativa del SIRAT II del SIN, con el que fue notificado mediante carta CITE: GNGRE/DRBOE/6946/2007 de 09/11/2007.
El art. 35 referente a la Mora en la Presentación de la Información documental (Multa 6) indica la obligación del CONTRATADO de presentar los documentos físicos a la oficina nacional del SNII en el plazo establecido para cada tipo de sucursal, cuyo incumplimiento generó una infracción sancionada conforme a los incs. a) y b), resultando la Multa 6 por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, el importe de Bs 12.331.234,21 de acuerdo a los Reportes Originales extraídos de la Base de Datos Corporativa del SIRAT II del SIN, con el que fue notificado mediante carta CITE: GNGRE/DRBOE/6944/2007 de 09/11/2007.
El art. 36 referente a la Complejidad en la Entrega de Documentos Físicos al SIN (Multa 5) indica la obligación del CONTRATADO de enviar a la oficina nacional del CONTRATANTE todos los formularios que correspondan a un medio magnético de datos definitivos en el plazo establecido para cada tipo de sucursal, cuyo incumplimiento generó una infracción sancionada conforme a los incs. a) y b), resultando la Multa 5 por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, el importe de Bs1.763,73 de acuerdo a los Reportes Originales extraídos de la Base de Datos Corporativa del SIRAT II del SIN, con el que fue notificado mediante carta CITE: GNGRE/DRBOE/6943/2007 de 09/11/2007.
Ratificando en conclusión que el adeudo a favor del SNII (SIN) alcanza a la suma de Bs. 32.322.494,31.- por incumplimiento a lo establecido por los arts. 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la RM Nº 783 de 10 de junio de 1999.
I.3.- Motivos para no proceder al cobro de multas en la vigencia del contrato. Señaló que el 31 de julio de 2006, por Nota Cite: GNGRE/DRBOE/6625/06 se dirigió al Viceministro de Tesoro y Crédito Público (fs. 129 a 132), manifestando:
1. Las Declaraciones Juradas y Boletas de Garantía no habían sido transcritas debido a que el área de Producción de la Gerencia Nacional de Informática y Telecomunicaciones del SIN rechazó Órdenes de Transferencia que fueron observadas desde la gestión 2000 y éstas no habían sido reingresadas al SNII con las correcciones respectivas, con responsabilidad exclusiva del CONTRATADO.
2. A partir de la gestión 2003, se fue requiriendo a las entidades financieras regularizar la entrega de las Órdenes de Transferencia rechazadas e información asociada a través de notas, y que esta información fue entregada con mucha demora; no obstante, los requerimientos semanales, los cuales fueron entregados hasta octubre de 2005 para su respectiva validación de toda la documentación.
- 3.-No corresponde atribuir responsabilidad al SIN porque en 6 años no hubiera comunicado el incumplimiento a las Entidades Financieras ni total, ni parcialmente, por cuanto este extremo se hizo conocer al Banco Santa Cruz S.A. a través de varias comunicaciones, solicitándole realizar el reintegro de la documentación pendiente de entrega, cuyo incumplimiento precisamente generó las multas y se procedió a la comunicación preliminar de las penalidades.
I.4.- Obligaciones recíprocas y mutuas según Contrato C. ASES 84/99.- Señala que de acuerdo a la cláusula décima segunda se obligó el CONTRATADO asumir las multas que el SIN le imponga, como resultado del incumplimiento de los arts. 30 a 36 de la RM Nº 783 y de acuerdo al art. 38 de la referida RM, teniendo el plazo de cinco (5) días para pagar la multa o presentar descargos. En el caso presente el contrato se resolvió por cumplimiento o vencimiento de plazo el 31 de diciembre de 2004 e iniciado el proceso de conciliación de deudas que concluyó el 3 de marzo de 2007, estableciéndose expresamente que el CONTRATADO incumplió las citadas disposiciones legales, determinándose las multas en Bs32.322.494,31 vulnerándose su obligación de entregar cosa cierta y determinada al SIN, siendo pasible al pago de daños y perjuicios conforme previenen los arts. 310. II) y 339 del Código Civil (CC), por haber el CONTRATADO desconocido que el contrato es ley entre las partes, y debe ser ejecutado de buena fe y obliga a los suscribientes no sólo a lo que se ha expresado en él, sino a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, de acuerdo a los arts. 519 y 520 del CC, habiéndose tornado contenciosa ante la negativa del CONTRATADO de cumplir dicha obligación, considerando además que el SIN jamás renunció a su acreencia y pretensión de cobro, constituyendo en mora al deudor de acuerdo al art. 340 del CC, como se desprende de la Nota Cite: SIN/PE/GG/GNGRE/DNGRBOE/NOT/3355/2010 de 25/11/2010, notificada el 02/12/2010 mediante Notario de Fe Pública, máxime si el ahora demandado por nota Cite: VPOyA ICI/0297/2010 de 06/12/2010, expresó que no quiere, ni pretende cumplir su obligación, por lo que la constitución en mora tiene efecto sin intimación o requerimiento, de acuerdo al art. 341 del CC. De conformidad a lo expuesto, solicita se declare PROBADA la demanda, y se disponga al Banco Santa Cruz S.A. ahora Banco Mercantil Santa Cruz S.A. que dentro del tercer día pague las multas adeudadas, bajo alternativa de apercibimiento y ejecución forzosa de sus bienes, más daños, perjuicios y con costas.
II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
El Banco Mercantil Santa Cruz S.A., a través de su representante René Marcelo Montecinos Meneses, por escrito de fs.315 a 328, contesta la demanda en forma negativa, y como mecanismo de defensa opone excepción perentoria de prescripción, y de falta de mérito y derecho en la pretensión de cobro de multas, con los siguientes fundamentos:
II.1.-Prescripción de las multas.-Manifiesta que cursa en antecedentes testimonio Nº 308 de 2000, relativo a un contrato de adhesión de prestación de servicios C.ASES 84/99, de naturaleza administrativa, en razón:
- a)El SIN es una entidad pública, por cuanto su actuación está sometida al principio de legalidad imperante, traducida en las siguientes normas:
- i)Decreto Supremo (DS) 24596;
- ii)RM N° 783/99;
- iii)Resolución Suprema (RS) 216145 (NBSABS); Pliego de Condiciones 02/99; v) Resolución de Adjudicación y demás normativa imperante para contratos de naturaleza administrativa; y
- b)El objeto de contrato, plasmado en la cláusula quinta de dicho contrato, que versa sobre la prestación de servicios de Recaudación de Tributos Fiscales. Sostiene que ambos aspectos sustentan la naturaleza del contrato administrativo aplicable al acuerdo C. ASES 84/99. Conforme a la cláusula cuarta, las disposiciones aplicables, se encuentran:
- i)la RM N° 783/99 y
- ii)el Pliego de Condiciones;
- iii)el CC. En tal virtud, se le debe aplicar presupuestos propios de la teoría de contratos, de la teoría general de las obligaciones y los mecanismos de extinción de obligaciones, lo que implica de manera necesaria la aplicación de la normativa civil.
Expresa que establecida la normativa aplicable para el contrato administrativo, a la luz de la Teoría General de las Obligaciones, existe una diferencia entre las obligaciones principales y las obligaciones accesorias, aspecto que incide directamente en la forma de extinción de las mismas; teniendo las obligaciones principales una relación directa con el objeto del contrato, y las accesorias que son aleatorias, tienen una génesis directa en el incumplimiento de una o más obligaciones no referida a la prestación principal.
En ese contexto señala, corresponde establecer el régimen legal para la extinción de ambas obligaciones, principales y accesorias, e interpretar los arts. 1507 y 1508 del CC, que preceptúa dos supuestos diferentes:
- a)la prescripción del resarcimiento del daño que causa un hecho ilícito;
- b)la prescripción del resarcimiento de un hecho generador de responsabilidad. Desde el criterio de interpretación sistemático de la ley, se establece que el art. 1508 del CC, está íntimamente conectado con el art. 532 del mismo cuerpo legal, por cuanto las obligaciones accesorias, tienen un régimen especial y diferente al de las obligaciones principales, estableciendo un plazo razonable entre las obligaciones principales, cuyo régimen de prescripción debe estar regido por el art. 1507 del CC y entre las obligaciones accesorias, cuyo régimen extintivo, debe regirse por el art. 1508. I del CC, en su segundo supuesto.
Para el caso de la exigibilidad de las multas de una obligación principal, por su naturaleza debe ser mayor al plazo de exigibilidad para una obligación accesoria, al tenor del art. 1508 del CC, las multas plasmadas en la cláusula décimo tercera del contrato, a ser accesorias, pudieron ser exigidas por el Contratante en el plazo razonable de tres años (trienal), habiéndose por tal motivo operado la causal de extinción por prescripción, extremo reconocido por el SIN en su demanda, al afirmar como últimos actos de exigibilidad el 9 de noviembre de 2007, con las notificaciones de las multas 8, 2, 10, 4, 17, 6, 5, fecha a partir de la cual el SIN pudo exigir judicialmente el cumplimiento de dichas multas, y recién el 25 de noviembre de 2010, mediante Nota Cite: SIN/PE/GG/GNGRE/DNGRBOE/NOY/ 3355/2010, notificada el 2 de diciembre de 2010, constituyó en mora al contratado mediante Notario de Fe Pública, habiendo transcurrido tres años, tiempo en el que el presunto acreedor hubiera exigido el cobro de las “ilegales multas”.
En cuanto al régimen de prescripción de las obligaciones con el Estado, expresa que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 410. I de la CPE, establece la teoría del Bloque de Constitucionalidad bajo el principio de la supremacía constitucional, en correspondencia de los arts. 13. IV y 256. I de la Constitución, refiere que en cuestión de derechos fundamentales, rige por mandato de la propia Constitución, el principio de favorabilidad, plasmado de manera específica en el art. 29 del Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969, que prohíbe una interpretación restrictiva o limitativa, bajo ésta egida, debe interpretarse que el plazo razonable de juzgamiento tiene dos ámbitos esenciales:
- a)el plazo razonable para la exigibilidad de un derecho; y
- b)el plazo razonable para la conclusión de un proceso ya iniciado.
Concluye señalando que interpretando extensivamente el art. 8.1 del CADH, que forma parte del bloque de constitucionalidad, establece un aspecto más favorable a los derechos, al contenido del art. 324 de la CPE, y considerando el principio de favorabilidad, merced a la primera parte, sí opera la prescripción en cuestiones patrimoniales referentes al Estado, por lo que no podría alegarse la imprescriptibilidad de ilegales multas de naturaleza administrativa, por estar vinculado el plazo con el art. 1508. I del CC, siendo procedente la excepción perentoria de prescripción extintiva o liberatoria de las supuestas multas invocadas por el actor a tiempo de pronunciar sentencia.
II.2.- Excepción perentoria de falta de mérito y derecho en la pretensión de cobro de multas.- El excepcionista refiere que existen multas pecuniarias progresivas, exorbitantes y excesivas, y que debieron demostrarse las causas de éstas, su valides y eficacia y, esencialmente, el incumplimiento de la obligación u obligaciones en que pudo haber ocurrido el contratado que asumió las prestaciones. Necesariamente para su existencia y ejecución exige el incumplimiento de las obligaciones contraídas, lo cual no ha sucedido en la relación jurídica contractual entre el ex Banco Santa Cruz S.A. con el SIN según el contrato C. ASES Nº 84/99 de 1 de diciembre de 1999, y concluido el 31 de diciembre de 2004. El objeto del contrato fue la recaudación de impuestos de los llamados “resto de contribuyentes”, estableciéndose la multa tipificada numeralmente y cuantificada conforme a un procedimiento específico, establecido en la RM Nº 783 de 10 de junio de 1999, en sus arts. 30 al 36, multas que según la cláusula décima segunda resultaban aplicables cuando el contrato sea “resuelto”, según la cláusula décima quinta, eventualidad en la que debía aplicarse los arts. 43 y 44 inc. c) de la mencionada Resolución Ministerial. El segundo párrafo establecía que “el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas en el contrato, dará lugar a la resolución de pleno derecho del mismo, de conformidad al art. 568 y 569 del Código Civil con el resarcimiento del daño y perjuicio ocasionado, sin necesidad de requerimiento alguno”, aspectos por los que pide al Tribunal realizar la correcta interpretación conforme a los arts. 510. I. II, 511 y 512 del CC.
III.- Contesta negativamente a la demanda contenciosa.
De manera simultánea a las dos excepciones perentorias, la parte demandada contesta negativamente a la demanda contenciosa, manifestando:
- a)Tomando en consideración la naturaleza jurídica o instituto de la “resolución” que tiene por causa única y exclusiva el “incumplimiento voluntario de las obligaciones o prestaciones establecidas en un contrato bilateral”, y se constituye una forma de extinción de un contrato por no haber alcanzado su finalidad, que hace al contrato fallido como un modo extintivo de la relación jurídica, en cuyo caso la ley prevé la sanción traducida en el resarcimiento del daño ocasionado al contratante cumplido a cargo del incumplidor, siendo la resolución el presupuesto para ese resarcimiento que las partes pueden establecer las multas pecuniarias, pero en ningún caso cuando el contrato se ha extinguido por incumplimiento del plazo, que no se asimila a una resolución afirma.
- b)Al haberse renovado de manera constante el contrato, la expiración del plazo no constituía causa de resolución.
- c)Siendo el contrato a plazo determinado, quedaba extinguido a su cumplimiento o vencimiento de plazo.
- d)No habiéndose dado la resolución de contrato, dentro del marco de los arts. 568 y 569 del CC, y art. 43 de la RM Nº 783/999 y siendo inaplicable el art. 47 de la citada RM, funda su excepción perentoria de falta de derecho y mérito como para exigir las multas tipificadas y cuantificadas unilateralmente, por cuanto no habiendo resolución del contrato, no hay resarcimiento menos multas y peor aún, la pretendida aplicación del art. 47 de la RM Nº 783/99, que es otro de los fundamentos de la demanda.
- e)Al tratarse de contrato de prestación de servicios de cumplimiento sucesivo o tracto sucesivo, y no habiéndose resuelto de pleno derecho o resolución pactada, extinguiéndose por cumplimiento del plazo.
- f)Todo contrato no puede superar los marcos de orden público, por ello existen limitaciones señaló, tal como enseña el parágrafo II del art. 454 del CC, por consiguiente la reunión y conciliación realizada entre las partes, no tiene apoyo legal ni moral sostiene, no siendo por tanto digno de protección jurídica, por vulnerar el principio contenido en el art. 1279 del CC “los derechos se ejercen y los deberes se cumplen conforme a su naturaleza y contenido específico…..(sic), las reglas de la buena fe y el destino económico-social de esos derechos y deberes.”
III.1.- Inexigibilidad de las multas pretendidas por deficiencias técnicas en software proporcionado por el SIN. - Expresa que de acuerdo al art. 339 del CC, la obligación pactada se torna inexigible, cuando quien inicialmente se encuentre obligado a una prestación determinada, pruebe que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable. En el caso presente expresa que el SIN incumplió con la provisión de un software apto y eficiente para la prestación del servicio, que se constituye como un sistema central, de cuyo funcionamiento dependían los demás subsistemas para el cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por el CONTRATADO, y que por consecuencia cualquier incumplimiento en los plazos contractuales, obedecen a dichas deficiencias y no atribuibles al CONTRATADO, como se desprende de la carta CITE: 502/99 de 26 de octubre de 1999, por el que ASOBAN envió al SIN, que recibió la respuesta mediante CITE: DG 218/99 de 9 de noviembre de 1999, nota que establece la imposibilidad de cobrar multas (multa 8) por la mora en la acreditación de la recaudación, habiendo el SIN reconocido tácitamente de las imperfecciones y deficiencias del sistema de software, quedando plenamente justificada y probada la “excepción perentoria de inexigibilidad de multas”.
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