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TSJ

SE/0033/2026

Tribunal Supremo de Justicia
24 de marzo de 2026Sala Social 2da
Proceso
Proceso Contencioso Administrativo

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA SENTENCIA N 33/2026 Sucre, 24 de marzo de 2026 Expediente : 54/2025 Demandante : Exaulio Bruno Torrez Murillo Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo Resolución Impugnada : Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1661/2024 de 11 de noviembre de 2024 Relator : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 57 a 75, interpuesta por Exaulio Bruno Torrez Murillo, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1661/2024 de 11 de noviembre de fs. 2 a 12; el Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2025, a fs. 78 y vta., que admitió la demanda; la contestación de fs. 165 a 172; el apersonamiento del tercero interesado de fs. 250 a 262; la réplica y duplica de fs. 184-17 vta. y 192 a 194 vta., respectivamente, el decreto de Autos para Sentencia de 16 de septiembre de 2025 a fs. 196; los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar:

IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA El demandante sostuvo que el origen del caso se remonta a obligaciones tributarias correspondientes a los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 1992, vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT).

Dichas obligaciones fueron determinadas mediante la Resolución Determinativa L.P. 200 N 00019 de 15 de noviembre de 2002, cuya notificación fue practicada el 19 de diciembre de 20083, a partir de esa notificación, argumento que se produjo la interrupción del término de la prescripción, por lo que el nuevo cómputo debía iniciarse el 01 de enero de 2004, conforme a las reglas previstas en el Código Tributario de 02 de julio de 1970 y la Ley N 1340 de 28 de mayo de 1992. En consecuencia, señaló que el plazo de prescripción de cinco años debia concluir el 31 de diciembre de 2008, salvo que durante ese periodo hubiera existido alguna causal legal de suspensión o interrupción expresamente reconocida por la norma tributaria.

Sostuvo que, el Pliego de Cargo N 071/04, emitido el 15 de septiembre de 2004 y notificado el 30 de septiembre de 2004, no podía ser considerado como causal de interrupción ni de suspensión del término de la prescripción, puesto que dicha actuación no se encuentra prevista expresamente en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley N 1340 ni en los artículos correspondientes del Código Tributario de 1970 como acto con eficacia interruptiva o suspensiva.

Refirió que, la Administración Tributaria continuó desarrollando actuaciones de cobro coactivo durante varios años, entre ellas el embargo de su inmueble ubicado en la Zona Villa Bolivar, Calle 2 N 105 de la ciudad de El Alto, con Matrícula N 2.01.4.01.0039077. Sin embargo, sostuvo que las medidas coactivas, mandamientos de embargo, solicitudes de información, avalúos, publicaciones o gestiones internas de cobro no tienen la capacidad legal de interrumpir ni suspender el término de la prescripción, al no estar reconocidas expresamente como causales por la normativa tributaria aplicable.

Señaló que, las últimas actuaciones efectivas tendientes al cobro de la supuesta deuda tributaria datan de la gestión 2015, gestión

en la que la Administración Tributaria contrató los servicios de un arquitecto para el avalúo del inmueble, notificó dicha actuación el 24 de junio de 2015, notificó el informe de avalúo pericial el 02 de julio de 2015 y posteriormente, en fecha 12 de agosto de 2015, publicó una invitación pública para la presentación de cartas de expresión de interés y posterior adjudicación directa del bien inmueble sujeto a disposición.

Resaltó que, si se asumiera que las actuaciones de 2015 hubieran tenido algún efecto relevante, el cómputo de la prescripción debía reiniciarse el 01 de enero de 2016, concluyendo el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, aun considerando determinadas suspensiones por recursos o peticiones administrativas, el plazo máximo se habría extendido únicamente hasta el 31 de diciembre de 2022. Por ello, al momento de emitirse la Resolución Administrativa N 232421000093 de 22 de marzo de 2024, las facultades de cobro coactivo ya se encontraban prescritas.

Cuestionó que, la Administración Tributaria, mediante la Resolución Administrativa N 232421000093 de 22 de marzo de 2024, hubiera rechazado nuevamente la prescripción solicitada, afirmando que no se habría configurado la pérdida de la facultad de ejecución tributaria por el paso del tiempo. Contra dicha resolución, el contribuyente interpuso recurso de alzada en fecha 17 de abril de 2024, el cual fue resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0536/2024 de 02 de agosto de 2024, confirmando el acto administrativo impugnado.

Adicionalmente señaló que, el demandante interpuso recurso jerárquico en fecha 27 de agosto de 2024, denunciando principalmente que la ARIT realizó un cálculo equivocado del término de la prescripción, al considerar que cada nota, solicitud, reiteración o recurso presentado por el contribuyente debía suspender automáticamente el plazo por tres meses. Dicho recurso fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1661/2024 de 11 de noviembre de 2024, que confirmó la resolución de alzada y mantuvo vigente el rechazo de la prescripción.

Sostuvó que, el razonamiento de la AGIT resulta ilegal y arbitrario, porque interpreta el artículo 55 de la Ley N 1340 como si toda actuación ppresentada por el contribuyente 1 generara automáticamente tres meses de suspensión, sin diferenciar entre peticiones de fondo, recursos administrativos, solicitudes de fotocopias, notas de cumplimiento, reiteraciones o simples actuaciones defensivas. A criterio del demandante, esa forma de cálculo no tiene respaldo legal y transforma indebidamente cada memorial en una causal de suspensión, aun cuando la norma no establece semejante consecuencia.

Denunció que, varias de las notas consideradas por la Administración Tributaria y por las autoridades recursivas no podian suspender mnuevamente el plazo, porque fueron presentadas cuando el término de prescripción ya se encontraba suspendido. En ese sentido, invocó el razonamiento contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0247/2007 de 11 de junio de 2007, que estableció que una nueva petición no puede generar otra suspensión cuando el plazo ya se encuentra suspendido por una petición anterior.

Afirmó que, la AGIT desestimó dicho criterio citando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0302/2008 de 02 de mayo de 2008, pero sin explicar de manera suficiente por qué correspondia apartarse del precedente más favorable al administrado. Por ello, sostuvo que ante la existencia de dos criterios administrativos contradictorios obre la imisma Oproblemática juridica, correspondia aplicar la interpretación más favorable al sujeto pasivo, en resguardo de los principios pro actione, pro homine, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y debido proceso.

Indico que, la AGIT incurrió en falta de fundamentación y

motivación, porque no explicó con precisión cuál es la norma que autoriza a suspender el término de la prescripción por tres meses por cada nota presentada, incluso cuando el plazo ya estaba suspendido. Tampoco justificó por qué solicitudes de fotocopias, notas de reiteración o solicitudes de cumplimiento de resoluciones debían ser tratadas como peticiones capaces de afectar el computo de la prescripción.

Refirió, que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1661/2024 vulnera el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que no responde de manera clara y razonada a los agravios principales expuestos en el recurso jerárquico. La resolución impugnada, según la demanda, se limita a confirmar el criterio de la Administración Tributaria sin desarrollar una explicación jurídica suficiente sobre la naturaleza de cada actuación y su verdadero efecto sobre el cómputo prescriptivo.

Sostuvo que, no existe vacío legal en la Ley N 1340 respecto a la prescripción de las facultades de cobro coactivo. Para ello, invoco la Sentencia N 11 de enero de 2020, emitida por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, la cual recoge el razonamiento de la Sentencia N 031/2018 de 10 de abril, señalando que el régimen de prescripción se encuentra debidamente regulado por la Ley N 1340 y que no corresponde acudir supletoriamente al Código Civil.

Con base en dicha línea jurisprudencial, señaló que las medidas coactivas, gestiones de cobro, proveídos de inicio de ejecución tributaria y pliegos de cargo no pueden interrumpir ni suspender la prescripción, porque la normativa tributaria no les reconoce ese efecto. En consecuencia, considera que la AGIT vulneró el principio de legalidad y la seguridad jurídica al atribuir efectos suspensivos o interruptivos a actuaciones administrativas que la

Ley no contempla.

Advirtió que, admitir el criterio de la AGIT implicaría crear una especie de imprescriptibilidad de hecho de la ejecución tributaria, porque bastaría que la Administración Tributaria realice gestiones internas o medidas coactivas unilaterales para impedir indefinidamente la consolidación de la prescripción, tal interpretación, según el demandante, desnaturaliza la finalidad de la prescripción, que busca otorgar certeza juridica, limitar temporalmente las facultades estatales y evitar que el sujeto pasivo permanezca indefinidamente sometido a una deuda antigua.

Finalmente, la parte demandante resaltó que han transcurrido más de veintitrés años desde la emisión de la Resolución Determinativa L.P. 200 N 00019 de 15 de noviembre de 2002 y más de treinta y tres años desde los hechos generadores correspondientes a la gestión 1992. Por ello, considera irrazonable y contrario a la seguridad jurídica que la Administración Tributaria pretenda mantener vigente el cobro coactivo de una obligación tributaria tan antigua, especialmente cuando no existe una causal legal válida que haya impedido la consolidación de la prescripción.

En consecuencia, solicitó que se declare probada la demanda contenciosa administrativa, se revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1661/2024 de 11 de noviembre de 2024 y disponga la prescripción de las facultades de exigir el pago de tributos, multas, intereses, recargos y cobro coactivo respecto a los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 1992, así como de las sanciones contenidas en la Resolución Determinativa L.P. 200 N 00019 de 15 de noviembre de 2002.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La AGIT, representada legalmente por Katia Mariana Rivera

Gonzales, mediante memorial de fs. 265 a 272, contestó negativamente a la demanda contenciosa administrativa, señalando:

Negó expresamente los argumentos de la demanda y sostuvo que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1661/2024 se encuentra plenamente respaldada en fundamentos técnicos, jurídicos y normativos. Según la entidad demandada, dicha resolución no incurrió en las vulneraciones alegadas por la parte actora, toda vez que habria realizado un análisis completo de los antecedentes, de los agravios expuestos en sede administrativa y de la normativa tributaria aplicable al caso concreto.

Sostuvo que la demanda contenciosa administrativa no cumpliría con los presupuestos esenciales propios de este tipo de proceso, debido a que, en criterio de la entidad demandada, la parte actora se habría limitado a expresar inconformidad genérica con la resolución impugnada, sin precisar de manera clara la relación entre los hechos, el derecho invocado y la lesión concreta supuestamente causada.

Invocó la Sentencia N 238/2013 de 5 de julio de 2013, emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para sostener que en un proceso contencioso administrativo no basta copiar o reiterar argumentos formulados en sede administrativa, sino que corresponde al demandante identificar con precisión los agravios que justificarían la revisión jurisdiccional del acto impugnado.

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Datos del proceso

Demandante
Exaulio Bruno Torrez Murillo
Demandado
Autoridad General de Impugnación Tributaria - Agit
Proceso
Proceso Contencioso Administrativo
Magistrado relator
German Saul Pardo Uribe
Tribunal Supremo de Justicia24 de marzo de 2026SE/0033/2026Fuente oficial