Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Sentencia Nº 36
Sucre, 24 de abril de 2019
Expediente: 278/20178-CA
Proceso: Contencioso Administrativo
Demandante: Previsión BBVA Administradora de Fondos
de Pensiones S.A.
Demandado: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Resolución Impugnada: MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 028/2017 de 30 de mayo
Magistrado Relator: Dr. Esteban Miranda Terán
Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Previsión BBVA Administradora de Fondos de Pensiones S.A. -en adelante y para fines de la presente decisión se denominars Previsión BBVA-, a través de sus apoderados Juan Gerardo Arce Lema, Francisco Javier Rakela Kordez, Eduardo Jaime Urriolagoitia Rodo y Marco Antonio Dávalos Parada, impugnando la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 028/2017 de 30 de mayo, emitida por el señor Ministro de la Cartera de Estado de Economía y Finanzas Públicas.
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 320 a 362, complementada a fs. 368-368 vta., la providencia de admisión de fs. 369, la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de fs. 736 a 750, el memorial de apersonamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros–APS de fs. 565 a 574, en calidad de tercera interesada, el escrito de fs. 756 a 757, mediante el cual la Procuraduría General del Estado pide se tenga presente su intervención en los casos descritos en los numerales 17, 18 y 19 del art. 8 de la Ley N° 064, modificada por Ley N° 768 de 15 de diciembre de 2015; el escrito de réplica de fs. 761 a 762 vta., el memorial de dúplica de fs. 767 a 769, el decreto de Autos de 12 de marzo de 2018 de fs. 770; los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;
I. CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Previsión BBVA, se apersona ante éste Tribunal, a través de sus apoderados; Juan Gerardo Arce Lema, Francisco Javier Rakela Kordez, Eduardo Jaime Urriolagoitia Rodo y Marco Antonio Dávalos Parada, impugnando la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 028/2017 de 30 de mayo, emitida por el señor Ministro de la Cartera de Estado de Economía y Finanzas Públicas, en mérito a los argumentos siguientes:
1. Ilegalidad de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI Nº 028/2017, e inaplicabilidad del régimen sancionatorio establecido en el Decreto Supremo Nº 24469 de 17 de enero de 1997.
Argumenta y fundamenta que, el Régimen de Sanciones del Decreto Supremo N° 24469 de 17 de enero de 1997 fue creado única y exclusivamente para reglamentar la Ley de Pensiones N° 1732 de 29 de noviembre de 1996, a cuyo efecto, no puede ser aplicado para temas y cuestiones relacionados o establecidos en otra norma jurídica, como lo es la nueva Ley de Pensiones N° 065 de 10 de diciembre de 2010, en base los principios de debido proceso, garantía de legalidad, el principio de tipicidad y legalidad, principios que son desarrollados por BBVA Previsión, acusando su vulneración, haciendo cita y análisis de las Sentencias Constitucionales relacionadas a estos principios, entre ellas la , , .
Alega que para el nuevo régimen de la Ley de Pensiones N° 065 de 10 de diciembre de 2010, el legislador o autoridad competente deberá emitir un nuevo régimen sancionatorio acorde y conforme la nueva realidad -nuevo régimen sancionatorio que ya ha sido emitido mediante la R.A. APS/DJ/UI/N° 464/2017 de 19 de abril del año 2017-, y que la emisión de dicha resolución administrativa, es prueba innegable que demuestra el justo, legal y correcto razonar -que ha tenido y tiene BBVA Previsión, pues basta con mirar sus considerandos y articulados para advertir que dicha resolución ha sido emitida para reglamentar al Sistema Integral de Pensiones, Ley N° 065, que atiende la nueva realidad normativa establecida por la nueva Ley de Pensiones N° 065.
Manifiesta que, en el Capítulo II Sanciones y Recursos -artículos 21 al 32- de la Resolución Administrativa APS/DJ/UI/Nº464/2017 se reglamenta temas relacionados y regulados por el Sistema Integral de Pensiones -Ley Nº 065, que muestra la incongruencia con la que actúa el Regulador-Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS -pues por un lado sostiene la posibilidad de sancionar en base al abrogado Régimen de Sanciones del D.S. N° 24469/1997; porque supuestamente éste no es contrario a la Ley de Pensiones 065, y por otro lado emite un nuevo Régimen de Sanciones reglamentando la nueva Ley Nº 065, para enmarcar sus actuaciones conforme a derecho.
Alega que, resulta totalmente irracional contrario a derecho, que dicho nuevo régimen sancionatorio contemple solo cuestiones de inversiones, siendo irrelevante para el caso de autos, pues en esencia dicha resolución administrativa reglamenta en el marco de la nueva Ley de Pensiones N° 065; dejando en descubierto la enorme realidad que pretendía ocultar el regulador, es decir, la necesidad de emitir un nuevo régimen de sanciones acorde al nuevo Sistema Integral de Pensiones, para así pretender enmarcar sus actos sancionatorios conforme a derecho; manifiesta que es oportuno, recordar que de conformidad al art. 166. II de la Constitución Política del Estado cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible, lo cual advierte la ilegalidad de la R.A. APS N° 464/2017.
Argumenta que, uno de los principios esenciales para aplicar el derecho punitivo en el área administrativa y/o penal, es la exigencia de legalidad formal que debe existir para aplicar el derecho sancionador, manifiesta que el derecho sancionador debe revestir de legalidad formal; es decir, no solo por el hecho de que el régimen de sanciones del D.S. N° 24469/1997, no es contrario a la nueva Ley de Pensiones Nº 065/2010, puede dicho régimen ser aplicado a ésta última. Señala que, aceptar tal razonamiento; nos llevaría a pensar que; si el regulador entiende que las sanciones del Código Penal no son contrarias al Sistema Integral de Pensiones también puede ser aplicado para sancionar las conductas descritas en la Ley Nº 065/2010 de Pensiones o; sí, los regímenes sancionatorios de la Autoridad de Telecomunicaciones, Aduana Nacional, Alcaldía, etc., no son contrarios a la Ley N° 065/2010 de Pensiones, también pueden ser aplicados para sancionar conductas establecidas en dicha norma, cuando es totalmente evidente la diferencia existente entre ambos sistemas de pensiones Seguro Social Obligatorio, Ley N° 1732 y Sistema Integral de Pensiones Ley N° 065; situación que no solo sorprende en sobremanera, sino, que crea una total inseguridad jurídica para el regulado.
Añade que, en el proceso sancionatorio, sea en el ámbito que fuere, Penal o Administrativo, necesariamente éste debe hallarse impregnado de todos los componentes que hacen al debido proceso, elementos que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto al juez natural, legalidad formal, tipicidad y defensa irrestricta; manifiesta que este procedimiento sancionatorio, debe ser originado en una falta establecida de antemano, cumpliéndose con el principio de tipicidad, elemento fundamental del debido proceso, que a su vez es común al ejercicio del jus puniendi, que exige la preexistencia de la norma mediante la cual se establece una sanción, dando lugar a la aplicación de la máxima universal del “nullun crimen, nulla poena sine lege”, evitando de ésta manera la indeterminación que da lugar a la arbitrariedad.
Haciendo cita y transcribiendo partes de la , manifiesta que el proceso administrativo sancionatorio, al igual que el procedimiento penal, debe hallarse impregnado de todos los elementos del debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial, entre los que menciona el de legalidad formal, y señala que, en el peor de los casos, mínimamente debiera existir una norma positiva expresa que disponga la aplicación del régimen sancionador del D.S. Nº 24469 de 17 de enero de 1997, al Sistema Integral de Pensiones, por no ser supuestamente contrario a la Ley Nº 065; todo esto para que no exista una total inseguridad jurídica.
Aduce que, de lo expresado surge el siguiente cuestionamiento ¿ Qué norma le faculta a la APS o al ex SIREFI Ministerio de Economía y Hacienda Pública, a determinar qué Ley o Decreto Supremo es contrario a la Ley 065? ¿Con que facultad o prerrogativa legal pueden hacer esa interpretación y terminar aplicando su errónea interpretación de que en virtud del artículo 177 de la Ley 065 le permite aplicar el derogado Decreto Supremo 24469 en su régimen sancionatorio. Señala que, ambas autoridades están asumiendo de hecho facultades que no les corresponden y que no emanan de la Ley, peor aún al existir ya el fallo constitucional mencionado, lo que también podría caer en una usurpación de funciones a los órganos competentes para determinar ese extremo.
Aduce que, la Ley N° 1732, estableció el Seguro Social Obligatorio y la Ley N° 065 (año 2010) establece el Sistema Integral de Pensiones; dos cuerpos normativos totalmente distintos y contrarios entre si, señala que, si hubiesen sido parecidas o relativamente iguales y no contrarios ambos cuerpos legales, el legislador habría hecho una simple modificación o complementación a la Ley N° 1732 del Seguro Social Obligatorio; sin embargo, señala que estamos frente a dos sistemas totalmente distintos por un lado el Seguro Social Obligatorio (Ley 1732-año 1996), y por otro el Sistema Integral de Pensiones (Ley 065-año 2010).
2. La ley de pensiones Nº 065 no contemplaba régimen de sanciones
Mostrando 26 de 129 parrafos.