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TSJ

SE/0036/2026

Tribunal Supremo de Justicia
1 de abril de 2026Sala Social 1era
Proceso
Contencioso Administrativo

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

NA A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 36/2026 Sucre, 1 de abril de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 1560/2022 Demandante : Rosangela Goncalvez Senna Demandado (a) : Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia Proceso : Contencioso Administrativo Resolución Impugnada : Resolución Ministerial 46/2018 Relator - : Mgdo. German Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fs. 210 a 234 vta., interpuesta por Rosangela Goncalvez Senna, inmpugnando la Resolución Ministerial 46/2018 de 26 de enero, emitida por el Ministerio de Educación a fs. 183 a 209; la contestación a la demanda del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a fs.

801 a 808 vta.; el memorial del Ministerio de Educación, en su calidad de tercero interesado a fs. 338 a 349 vta.; el decreto de Autos para Sentencia a fs. 855 a 858; los antecedentes procesales:

IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA Rosangela Goncalvez Senna, Directora General y Propietaria del Instituto Técnico CEIQ (Instituto), sustentó su demanda en los siguientes argumentos:

1. Acusó la interpretación incorrecta de la ley sustantiva, debido a que el Ministro de Educación, impuso la sanción de cierre definitivo de la sede central y la clausura de las sub sedes del Instituto, por haber incurrido en las infracciones establecidas en los incisos 0) Apertura y funcionamiento de subsede y carreras no autorizadas y p) Oferta e implementación de carreras o cursos de capacitación en

caracter riscal y de Convenio Frivado (Reglamento), puntualizando sobre el primer elemento, respecto del término ofertar e implementar, que deben concurrir ambas acciones, donde la letra y es la conjunción copulativa que une palabras, debiendo concurrir ambas acciones; al respecto señaló que la Resolución Ministerial (RM) 46/2018 de 26 de enero, concluyó que el Instituto ofertó el Curso de Instrumentación Quirúrgica en la modalidad semipresencial, pero no señaló que se habría implementado, término que corresponde a la acción complementaria establecida en el art. 103.p) del Reglamento, por lo que al no evidenciarse la concurrencia de ambas acciones, no puede sostenerse que se incurrió en la aludida infracción; interpretación que se convierte en arbitraria, ilegal, inconstitucional y por ende vulneradora de derechos y garantías constitucionales.

Al haberse interpretado el inc. p) del Reglamento oferta e implementación, como una conjunción disyuntiva y no como una conjunción acumulativa, incurrió en error de interpretación de la norma sancionatoria y violación al derecho del Debido Proceso y al principio de Seguridad Jurídica, correspondiendo dejar sin efecto la sanción, en lo que corresponde al art. 103.p) del Reglamento, sobre la oferta e implementación de carreras o cursos, que fue mal interpretado por el Ministerio de Educación, al sancionar una supuesta oferta de cursos semipresenciales, cuando ni siquiera la oferta estaba acreditada, mucho menos la implementación.

2. Señaló sobre el principio de seguridad jurídica, que emerge dentro del estado de derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal, donde la relación Estadociudadano, debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, se evidencia claramente la errónea interpretación de la ley sustantiva, correspondiendo dejar sin efecto la RM 2895/2017 de

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O AE A 11 de diciembre, ante la violación de derechos y garantías constitucionales.

3. Arguyó incumplimiento del deber de fundamentación, citando la Sentencia Constitucional (SC) 937/2006-R de 28 de junio, y la , sobre fundamentación y motivación de las resoluciones y señaló que de la revisión de la RM 2895/2017 de 11 de diciembre y los antecedentes, evidencia que no existió informe emitido por el Director Distrital de Portachuelo, nota oficial o documento que respalde la información sobre la apertura y funcionamiento de subsedes y carreras no autorizadas, basando la sanción en la publicación de un periódico, sin constatar la veracidad de la información brindada, omitiendo la exigencia procedimental sancionatoria de evidenciar in situ las infracciones u omisiones para aplicar la sanción del cierre definitivo, establecida en el art. 105 del Reglamento, que correctamente interpretado se debió realizar el seguimiento correspondiente efectuando la inspección in situ, requiriendo al Instituto, la presentación de documentos e informes en 48 horas computables a partir de la inspección de seguimiento en cada municipio donde se ubicaban las supuestas subsedes.

También alegó falta de fundamentación, porque se hicieron afirmaciones alejadas de la realidad que no coinciden con los antecedentes a los que se hace referencia en cuanto a que no se dio cumplimiento al procedimiento previsto en el citado art. 105 del Reglamento, siendo que no se cuentan con informes; en el caso de Portachuelo, se basan únicamente en la publicación de un medio de prensa y en los otros, no hace referencia a que hubieren existido inspecciones.

Adujo que se debe tomar en cuenta que la RM 2895/2017 de 11 de diciembre, establece una sanción que no está prevista en el Reglamento, el cierre de carreras sin validación de ciclos formativos, aspecto que constituye no solo violación al deber de fundamentación

. cnalo sobre El trocedimiento vancionatorio para institutos Técnicos, citando al art. 105 del Reglamento, que se le otorgó 15 días para la presentación de descargos, habiendo sido notificados con la Nota NE/VESFP/DGESTTLA 246/2017 de 7 de marzo y no así con la prueba que motiva la misma; de los antecedentes y de la lectura de la RM 2895/2017 de 11 de diciembre, se demuestra que no fue notificada con los informes, documentos, inspecciones y toda prueba generada en su contra, por lo que únicamente se defendió de los informes que se dictaban y no de la prueba generada, omisión que no puede pasar inadvertida, correspondiendo anular la RM 2895/2017 de 11 de diciembre y disponer se cumpla el procedimiento previo a la emisión de una RM sancionatoria.

5. Señaló que la RM 2896/2017 de 11 de diciembre, no valoró la existencia de un proceso penal, seguido a instancias del Ministerio Público, donde la ahora demandante, se constituyó en víctima, en contra de los procesados Patricia Salazar Morant y otros, por los delitos de estafa agravada con víctimas múltiples, que versa la acusación por haber suplantado la representación del Instituto y haber inscrito estudiantes, dictado cursos y captado recursos sin autorización del Instituto; no se valoró que el hecho de la causa ya contaba con acusación, por los mismos hechos que hoy la sancionan; tampoco se valoró el hecho de que no eran subsedes del Instituto, sino simplemente un mecanismo empleado por los acusados para enriquecerse y aprovecharse del patrimonio de sus víctimas, entre ellos del Instituto. , En cuanto al cambio de domicilio, no valoró que dicha solicitud se encontraba en trámite y la demora no le es atribuible; tampoco se valoraron las pruebas 4, 5, 6, 9 y 10 sobre las que se limitaron a señalar que no constituyen pruebas de descargo de las infracciones notificadas mediante Nota NE/VESFP7DGETTLA 246/2017 de 7 de Página 4 de 27

AD marzo; finalmente no se valoraron las pruebas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, sobre las que la RM señala que no se consideraron como pruebas de descargo, debido a que no desvirtuó el análisis, valoración y formulación de cargos efectuados en el Informe Legal IN/VEFP/DGESTTLA 926/2016 de 14 de octubre, concluyendo que la propietaria del Instituto, no enervó los cargos formulados en la Nota NE/VESFP7DGETTLA 246/2017 de 7 de marzo.

Afirmó que incurrió en una omisión insubsanable al no haber valorado la prueba de descargo referidas no solo a la apertura y funcionamiento de subsedes, sino a lo relativo al funcionamiento y oferta de carreras y/o niveles no autorizados, quedando establecido que jamás ofertaron nuevas carreras o niveles, sino que únicamente se fomentó el conocimiento especializado a través de talleres, ciclos, conferencia y cursos de actualización que no imparten nuevas carreras y/o niveles, por lo que al no haber valorado de modo alguno las pruebas de descargo en la RM 2895/2017 de 11 de diciembre, se vulneró el derecho a la defensa y por ende al debido proceso por lo que corresponde dejar sin efecto la citada RM.

6. Señaló sobre la valoración al derecho al debido proceso respecto de la ruptura del principio de legalidad de ambas Resoluciones Ministeriales, 2895/20 17 de 11 de diciembre y 46/2018 de 26 de enero, que no emplearon la normativa sancionatoria vigente al momento de emitirlas, no se pronunciaron sobre la violación y quebrantamiento del principio de legalidad, ni consideraron que la RM 2600/2017 de 18 de septiembre, modifica el Reglamento General de Institutos Técnicos y Tecnológicos de Carácter Fiscal de Convenio y Privado, advirtiéndose que la RM 2895/2017 de 11 de diciembre, tiene como fundamentación a la RM 350/2015 de 2 de junio y la RM 787/2015 de 20 de octubre, y no así a la RM 2000/2017 de 18 de septiembre, norma dictada con anterioridad a la RM 2895/2017 de 11 de diciembre, porque no solo se debió dictar la Resolución empleando la normativa vigente, sino que debió

El ACbIdo proceso, En Su veruente del principio de legalidad y al de seguridad jurídica, debiéndose revocar y anular ambas Resoluciones Ministeriales.

Solicitó que se ANULE el proceso administrativo hasta el vicio más antiguo, el Auto de Inicio y por ende las dos Resoluciones Ministeriales 2895/2017 de 11 de diciembre y 46/2018 de 26 de enero, así como del proceso administrativo sancionador contra el Instituto y se deje sin efecto la ejecutoria del mismo.

II. CONTESTACIÓN Por escrito de fs. 801 a 808 vta., el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su representante legal, contestó negativamente a la demanda, en los siguientes términos:

1. Argumentó la improcedencia de la Demanda Contencioso Administrativa por su interposición extemporánea, debido a que después de haber transcurrido más de 3 años desde la interposición del Recurso Jerárquico, el 11 de febrero de 2022, presentó el memorial dirigido al Presidente del Estado, solicitando se tenga por aceptado el Recurso y revocado el acto recurrido, dejando sin efecto la RM 2895/2017 de 11 de diciembre y RM 46/2018 de 26 de enero, por no haberse resuelto el Recurso Jerárquico dentro del plazo de 90 días, la Carta CAR/MPR/DGAJ/UGJ 95/2022 de 12 mayo, no se constituye en acto administrativo que defina una situación de derecho o que ponga fin a un procedimiento administrativo, menos que se constituya en una resolución denegatoria, por cuanto el silencio administrativo negativo, a partir de la interposición del Recurso Jerárquico, el 23 de febrero de 2018, la Administración Pública, tenía 90 días para resolver, transcurrido el mismo, tenía la prerrogativa de interponer el recurso judicial u otra acción correspondiente, dentro del mismo plazo de 90 días que es perentorio e improrrogable, por su naturaleza de caducidad, por lo Página 6 de 27

9 Y que al haberlo hecho fuera de éste plazo, corresponde se rechace la demanda.

2. Señaló sobre: la supuesta incorrecta aplicación de la ley sustantiva que se alega, realiza un análisis parcial de los hechos, no efectúa ninguna relación de éstos con actos lesivos, tampoco identificó o argumentó alguna incorrecta aplicación de la norma sustantiva aplicable al caso. No menciona de forma específica, ni detalla cuál o cuáles normas legales, reglamentarias o especiales, que se habrían transgredido a momento de emitir el Informe INF/MPR/DGA(UGJ 452/2021, impidiendo el ejercicio del derecho a la defensa plena. La supuesta vulneración del derecho a la defensa por no haber sido notificado con las pruebas correspondientes, sin embargo, jamás se acusó que no se le hubiese permitido el acceso al expediente administrativo, cuando se presume la legalidad y legitimidad de los actos de la administración del Estado.

Con relación a la supuesta falta de valoración de las pruebas, las Resoluciones Ministeriales impugnadas, infieren sobre los argumentos postulados, detallando los documentos y demás pruebas presentadas, otorgando un valor a cada una de ellas y el análisis de la juridicidad y antijuridicidad de cada uno de los hechos y documentos probatorios, resolviendo lo que en derecho corresponde, no identificándose argumentos consistentes, con coherencia y congruencia en la demanda contenciosa administrativa, que intenta desvirtuar la legalidad y legitimidad de las Resoluciones Ministeriales.

Concluye solicitando, se RECHACE la demanda contencioso administrativa, al haber sido interpuesto extemporáneamente y al no haberse fundamentado ni acreditado vulneración alguna de derechos o intereses legítimos manteniendo firme y subsistente la RM 2895/2017 de 11 de diciembre y RM 46/2018 de 26 de enero.

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Datos del proceso

Demandante
CEIQ. INSTITUTO TECNICO y Rosangela Goncalves Senna
Demandado
MINISTERIO DE LA PRE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Mary Sonia Wilkinson Ortiz y Maria Nela Prada Tejada
Proceso
Contencioso Administrativo
Magistrado relator
Rosmery Ruiz Martinez
Tribunal Supremo de Justicia1 de abril de 2026SE/0036/2026Fuente oficial