Texto del fallo
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA
SEGUNDA
SENTENCIA N° 041/2020
EXPEDIENTE: 235/2017
DEMANDANTE: Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB)
DEMANDADO (A): Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
TIPO DE PROCESO: Contencioso Administrativo
RESOLUCION IMPUGNADA: RD N° 03-054-17 de 10 de mayo
MAGISTRADO RELATOR: Dr. Ricardo Torres Echalar
LUGAR Y FECHA: Sucre, 12 de febrero de 2020
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VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fojas 13 a 18, interpuesta por Olvis Jesús Oliva López, en representación legal de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos, en mérito a la Resolución de Directorio N° 030/2013 de 4 de diciembre (fojas 11 a 12), impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico RD 03-054-17 de 10 de mayo (fojas 2 a 9), el memorial de contestación de fojas 40 a 48, el memorial de renuncia a la réplica de fojas 54 y vuelta, el decreto de autos de fojas 55, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I:
I.1. Antecedentes de la demanda.
Expresó que la demanda que interpone, tiene relación con la vulneración de derechos y garantías constitucionales dentro de un proceso administrativo denominado “relacionamiento”, sobre la base de la normativa siguiente: Resolución de Directorio de la Aduana Nacional RD 01-006-12 de 20 de julio, que aprobó el Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros y RD 03-024-08 de 14 de abril, Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones a los Concesionarios de Depósitos de Aduana, Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento.
Manifestó que la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ULELR N° 174/2016 de 12 de diciembre, vulnera principios, derechos y garantías constitucionales por la aplicación de la Resolución de Directorio (RD) 03-024-08, pues se encuentra sin efecto, pero sigue siendo aplicada.
Que la situación planteada debió ser resuelta en su oportunidad (2011-2012), cuando quizá la supuesta infracción no hubiera sido motivo del presente proceso, pues de acuerdo con el parte de recepción de la mercancía, no se observó faltante.
Argumentó acerca de la respuesta tardía en su concepto, a la nota DAB/GNO/SRLP-CA N° 424/2016 de 13 de abril, presentada como descargo a la nota de inicio de relacionamiento y que posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ULELR N° 174/2016 de 12 de diciembre, alegando que se desconoce qué plazos procesales cumple la Aduana Nacional de Bolivia; al respecto, hizo referencia al artículo 19, parágrafos I y II del artículo 21 y al artículo 71 del Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003.
Citó los incisos g), h) y
- j)del artículo 4 de la RD 01-006-12 de 20 de julio, en relación con los incisos c), f), g), j),
- k)y m) del artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los que según su afirmación, no fueron cumplidos en el proceso de relacionamiento, agregando que tomó conocimiento solamente de un resumen del informe que identificó la infracción en la Nota AN-GRLPZ-LAPLI N° 74/2016 de 5 de diciembre, negándosele el derecho a conocer el texto íntegro, lo que le provoca indefensión.
I.2. Fundamentos de la demanda.
I.2.1. Expresó que la Sentencia N° 573/2015 de 7 de diciembre, pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dejó sin efecto la Resolución RD 03-024-08; que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado prevé el principio de retroactividad de la ley y que todos los actuados en este procedimiento se realizaron a partir de diciembre de 2015, cuando la resolución administrativa citada ya no tenía efecto.
I.2.2. Transcribió luego los artículos 27 y 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, haciendo énfasis en los incisos b) y f) sobre la causa y finalidad del acto administrativo, además de los parágrafos I al III del artículo 33 del mismo cuerpo normativo, sobre las notificaciones y el artículo 76 en relación con el procedimiento punitivo. Sostuvo que los actos de la Administración Aduanera no tienen coherencia con la Ley de Procedimiento Administrativo.
I.2.3. Expresó que al resolver su recurso de revocatoria, se indicó que el concesionario es el único responsable de la custodia y conservación de la mercancía; que sin embargo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Ley N° 615 de 15 de diciembre de 2014 y el artículo 72 de la RD 1-006-12 de 20 de julio, pero que en este caso, la Aduana Nacional de Bolivia demoró años para cumplir su función, lo que influye en el estado de la mercancía, provocando riesgo para que el concesionario incurra en una infracción administrativa contemplada en el artículo 83 de la resolución de directorio señalada.
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