Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA SENTENCIA N 44/2026 Sucre, 17 de abril de 2026 Expediente : 1560/2024 Demandante : Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.) Demandado : Aduana Nacional Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo Resolución Impugnada : Resolución de Directorio N 03-001 - 2024 de 26 de febrero de 2024 Magistrado Relator : Mgdo. German Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 175 a 182 vta., interpuesta por la Almacenera Boliviana S.A. (Albo S.A.) representada legalmente por Fernando Ríos España, contra la Aduana Nacional de Bolivia (AN); impugnando la Resolución de Directorio RD N 03-001-24 de 26 de febrero, de fs. 55 a 66; el Auto de 31 de mayo de 2024, a fs. 185 y vta., que admitió la demanda; la contestación de fs. 233 a 242 vta.; el apersonamiento del tercero interesado de fs. 253 a 258; el escrito de réplica de fs.
264 a 273 vta., la dúplica de fs. 277 a 278 vta.; el decreto de Autos para Sentencia de 21 de enero de 2025 a fs. 280; los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar:
IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA Luego de efectuar una amplia relación de antecedentes en sede administrativa, la empresa demandante acusó el incumplimiento de los principios que rigen el procedimiento administrativo, en los siguientes términos:
Principio de buena fe.
Citando los arts. 4-e) de la Ley N 2341- Ley de Procedimiento Administrativo y 8-6) del Reglamento de Concesión, refirió que la Administración Aduanera desestimó sus descargos sin argumento ni motivación expresa, señalado la insuficiencia de los descargas que expresamente se detallan y explican los motivos de la demora en la suscripción del contrato que es un requisito esencial para la consolidación, validez y la fecha efectiva de devolución del contrato firmado, así como la evidencia que la no remisión hasta la fecha realizada no fue causada por el concesionario; por lo que, su remisión a la AN por parte del concesionario se realizó con la debida diligencia y privilegiando el cumplimiento de las formalidades esenciales, no siendo posible al concesionario remitir un contrato incompleto, sin las formalidades de validez, únicamente por considerar un aspecto, el plazo, que como se tiene demostrado, no causa afectación alguna por ser una remisión de mero trámite.
Señaló que, según la normativa legal aplicable a contratos, estos pueden prescindir incluso de la forma escrita y no por ello, dejan de producir sus efectos; sin embargo, ALBO SA a efectos de adecuar sus actos a lo estipulado por la Administración Aduanera, ha cumplido con las formalidades necesarias para contar con un contrato expresado y remitirlo a la Unidad de Control de Concesiones produciéndose una situación especial ajena a su voluntad y diligencia que se ha reiterado en contratos con entidades del Estado; aspecto que, debe ser atendido de manera racional por la Administración, atendiendo el contexto, la intervención de terceros que no están reatados a estas obligaciones.
Principio de Tipicidad
Refirió que en el caso la obligación del concesionario establece que los contratos deberán ser remitidos dentro de los siguientes 10 días hábiles a su suscripción, y conforme a los descargos
eZ presentados, no se realizó en la fecha de la emisión del contrato, que no es la misma que la fecha de suscripción, por lo mismo demanda que la sanción aplicada carece de sustento que pueda demostrar la infracción toda vez que la Administración Aduanera decide de manera unilateral que considerara la fecha de emisión del contrato como fecha de cómputo del plazo para su remisión a la unidad de control de concesiones cuando la obligación claramente establece que será a partir de su suscripción; por lo que, este criterio de valoración, atentó contra la descripción expresa de la obligación y por ende, de la tipificación de la infracción.
Asimismo, aún desde su firma, se demostró que los documentos físicos fueron trasladados por funcionarios de la Agencia Despachante desde Santa Cruz hasta la frontera Pisiga de Oruro, por lo cual no pudieron ser entregados en oficinas de la AN, ubicadas en la ciudad de La Paz, en el plazo previsto desde su suscripción, menos aún si se computa la fecha de emisión, del contrato, que es otro aspecto de consideración; sin embargo, la Administración Aduanera, en sus argumentos de sanción y rechazo a los recursos, distorsionó el alcance de la obligación, afectando la tipificación al computar el plazo desde la fecha de emisión del documento y no desde su suscripción.
Verdad material.
Señaló que la prueba de descargo solicitada por la Administración Aduanera para determinar la causa de la demora en su remisión, indica específicamente que el representante de la Agencia Despachante, demoró en firmar el contrato y declaró expresamente la fecha en la que hicieron la devolución del documento a ALBO SA, como consta en el sello de recepción; sin embargo, no existió una evaluación cabal de la verdad material de los hechos por parte del Ente Aduanero como dispone el art. 4-d) de la LPA, señalado que en su criterio, ALBO SA no tomó las
medidas necesarias, siendo esta una mera apreciación subjetiva, sin señalar qué medidas supuestamente necesarias se habrían omitido.
Alegó que este aspecto, denota que, sobre una prueba fehaciente y formal, primó un criterio subjetivo y una presunción de negligencia del concesionario, contraviniendo los principios de verdad material y buena fe, afectando la aplicación del criterio más favorable hacia el administrado.
Argumentó que la Administración Aduanera debiera considerar situaciones excepcionales, por ejemplo, la distancia, sobre las que la voluntad e interés del concesionario se encuentran limitadas, tornando la exigencia de plazo de remisión de contratos, en ciertos casos sea de imposible cumplimiento por cuanto el concesionario, bajo el principio de buena fe, fechó su contrato el momento de su emisión.
Finalizó este punto señalando que, en el caso, no se aplicó la verdad material, puesto que su convicción se sustenta en el plazo no cumplido y se rehúsa a cumplir con su obligación de considerar los extremos que originaron la demora.
Principio de Informalismo
Señaló que ALBO SA actuó con buena fe al emitir un documento en el que cursa la fecha de emisión y demostró con una carta, que constituye certificación expresa de la causa de demora en la suscripción y devolución del documento por parte de la Agencia Despachante de Aduana, que generó a su vez su remisión tardía a la Administración Aduanera, se ampara en el principio de informalismo, que conforme a la , respaldada en el art. 4-1) de la Ley N 2341, que establece que el principio de informalismo también excusa la inobservancia de exigencias formales no esenciales y pueden cumplirse después.
En el caso, una exigencia esencial de formalidad eran las firmas
de los contratos por ambas partes, con lo cual nacía el derecho y las obligaciones contractuales entre ambas, la vigencia establecida en el contrato a los efectos del cobro de alquileres, por que dichos montos se consideran para el pago del Derecho de Explotación del Servicio a la AN no obstante la remisión de contratos a la Unidad de Control de Concesiones, no es una exigencia formal esencial que no pueda ser cumplida con posterioridad, ratificando que no se causó ninguna afectación con dicha demora justificada; toda vez que la referida Unidad, en ejercicio de sus actividades de control, verificó los datos de los contratos en agosto de 2023; es decir, 4 meses después de su entrega, sin observación alguna de los requisitos esenciales, vigencia o validez, sino especificamente la fecha de remisión, que fue justificada con prueba documentada.
Invocando el art. 78 de la LPA, señaló que ALBO SA, suscribe contratos con otro tipo de entidades e instituciones privadas y públicas, con requisitos establecidos, protocolos de formalidad y procedimientos que no se pueden ajustar a los 10 días habiles establecidos por la AN para el cumplimiento del art. 108-b),-8) (no señaló de que norma), no siendo posible para el concesionario, exigir a estas instancia que ajusten sus formalidades y procedimientos al plazo de un reglamento interno impuesto por la Aduana; por lo que, de mantenerse este sesgado criterio, cumplimiento no es ni será factible en todos los casos, provoca una situación de desamparo y el sometimiento a sanciones arbitrarias; toda vez que la Administración se niega a considerar descargos justificados y causas ajena a la voluntad y control del concesionario, lo que representa su oposición a cumplir con las consideraciones de verdad material y buena fe.
Finalizó citando los arts. 26-e), 88 y 89 del Decreto Supremo (DS) N 27113 y 16 de la LPA.
Con esos argumentos, solicitó que se declare probada la demanda y se revoque la Resolución impugnada.
III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
Luego de transcribir la Cláusula 8 del Contrato de Concesión GNAF Ne 001/2002 y los arts. 108, 113, 115 y 116 del Reglamento para la Concesión de Servicios de Recintos Aduaneros, aprobado mediante Resolución de Directorio RD N 01-049-22 de 21 de octubre de 2022 y el literal Sexto de la Resolución Administrativa (RA) RA-PE-03-083-23 de 29 de abril de 2023; las Sentencias Constitucionales (SSCC) 1662/2012 (no señalo fecha) y 0713/2010-R de 26 de julio, refirió que el principio de verdad material, fue aplicado en el caso, siendo que el Contrato y el Reglamento de Concesiones establecen obligaciones, entre ellas;
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