Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA PRIMERA
Sentencia 45/2026 Sucre, 28 de abril de 2026
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 95/2025 Demandante : Farid Zeitum Becerra Demandado ¡: Autoridad General de Impugnación Tributaria Proceso : Contencioso Administrativo Resolución : Resolución de Recurso dJerárquico AGIT-RJ Impugnada 1897/2024 de 23 de diciembre Relator : Megdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fs. 19 a 31, interpuesta por Farid Zeitum Becerra impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1897/2024 de 23 de diciembre, de fs. 3 a 14 vta., emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; el Auto de Admisión de 7 de abril de 2025 a fs. 33 y vta.;
la contestación de fs. 85 a 91 vta.; la contestación del tercero interesado de fs. 94 a 104; el Auto de 21 de julio de 2025 que dispuso Autos para Sentencia a fs. 117; los antecedentes administrativos y procesales.
IL CONTENIDO DE LA DEMANDA La demanda Contencioso Administrativa de fs. 19 a 31, presentada por Farid Zeitum Becerra, contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1897/2024 de 23 de diciembre, reclamó:
1. Vulneración de los principios de celeridad y economía procesal, y el debido proceso Alegó que, la Resolución de Recurso Jerárquico incurrió en un pronunciamiento ultra petita, que se origina al confirmar la
Resolución de Recurso de Alzada que anulo obrados, resolviendo cuestiones que no fueron solicitadas, extrayendo partes de los argumentos que no justifican la nulidad, más aún cuando se solicitó la prescripción y la revocatoria de los proveídos emitidos por la AT, vulnerando los principios de celeridad, economía procesal, objetividad, imparcialidad, respeto de la norma y acceso a la justicia, al generar una dilación indebida en la resolución de la prescripción.
2. Vulneración del debido proceso en sus elementos de legalidad y seguridad jurídica, por no aplicar objetivamente la prescripción Señaló que, la AT rechazó la prescripción aplicando la norma erróneamente y no aplicándola objetivamente, empleando el plazo de 8 años previstos por la Ley 812, y restringiendo la oposición a la ejecución tributaria.
La Resolución Jerárquica no se pronuncia sobre la prescripción, incurriendo en vulneración del debido proceso en sus elementos de principio de legalidad y seguridad jurídica.
Para computar la prescripción de las facultades de la AT para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas del periodo de diciembre de 2012, se deben aplicar los arts. 59 a 62 del Código Tributario Boliviano (CTB) con las modificaciones realizadas por la Ley 291, en consecuencia, se debe computar un plazo de 4 años, que inició el 1 de enero de 2014 y concluyó el 31 de diciembre de 2017; por lo que, considerando que no se configuró causal de interrupción o suspensión, conforme el criterio de las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 12/2020 de 6 de enero y AGIT-RJ 676/2022 de 11 de julio, así como de la Sentencia 43/2021 de 23 de abril, se evidencia que la notificación de la Resolución Determinativa en fecha 12 de junio de 2018, fue realizada cuando las facultades estaban prescritas.
Solicitó se declare PROBADA la demanda, REVOCÁNDOSE la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1897/2024 de 23 de diciembre, y en consecuencia, se declare la prescripción de las facultades de la AT para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas del periodo de diciembre de 2012, dejando sin efecto la Resolución Determinativa 171880000089 de 18 de mayo de 2018, y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 332180000667 de 24 de junio de 2018.
III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Mediante memorial de fs. 85 a 91 vta., la AGIT en su condición de
entidad demandada, respondió negativamente a la demanda interpuesta por la AT, exponiendo:
La demanda no reúne los presupuestos esenciales exigidos en un
proceso Contencioso Administrativo, por lo que, en aplicación de la jurisprudencia contenida en la Sentencia 238/2013 de 5 de julio,
emitida por Sala Plena, y la Sentencia 32/2016 de 20 de octubre (no identifica la Sala emisora) del Tribunal Supremo de Justicia, se debe declarar improbada la demanda por no demostrar agravios.
La demanda expone agravios genéricos y un petitorio incongruente, realizando la transcripción de sentencias constitucionales y doctrina, sin desvirtuar la Resolución Jerárquica, constituyendo impedimento para ingresar al fondo de la demanda, puesto que no se puede suplir la falta de carga argumentativa.
Adicionalmente señaló que, la demanda omitió hechos acontecidos, emitiendo criterios subjetivos sin exponer una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la vulneración causada.
Señaló que al reproducirse argumentos similares a los expuestos en el Recurso Jerárquico, conforme las Sentencias 339/2016 de 13 de julio, y 42/2022 de 20 de abril, emitidas por la Sala Plena y Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa
Segunda ambas del Tribunal Supremo de Justicia, no corresponde suplir esta insuficiencia de carga argumentativa, para no afectar los principios de imparcialidad e igualdad de las partes.
Conforme las Sentencias 272 de 11 de diciembre de 2020 y 46 de 7 de mayo de 2018, emitidas ambas por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, se debe considerar que la Demanda tiene un petitorio incongruente, porque contra una resolución que confirma la anulación de obrados, no se puede interponer Demanda Contencioso Administrativa que ingrese a resolver el fondo.
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