Texto del fallo
AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 48/2026 Sucre, 28 de abril de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 64/2025 Demandante : Cooperativa Minera Franzífel SRL Demandado : Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera Proceso : Contencioso Administrativo Resolución Impugnada : Resolución de Recurso Jerárquico AJAM/DJU/RRJ/92/2024 de 27 de noviembre Relatora : Meda. Rosmery Ruíz Martínez I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 10 a 16, interpuesta por la Cooperativa Minera Franzfel SRL, mediante su representante legal, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AJAM/DJU/RRJ/92/2024 de 27 de noviembre de fs. 4 a 9, emitida por la Dirección Ejecutiva Nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera; la contestación de la autoridad demandada de fs. 237 a 245 vta.; el memorial presentado por la Dirección Departamental Oruro de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera de fs. 80 a 86 vta. en calidad de tercero interesado; la Réplica de fs. 203 a 265 vta.; la Dúplica de Ís. 284 a 287 vta. del demandado y la Dúplica de fs. 272 a 277 del tercero interesado; el decreto de Autos para Sentencia de 13 de octubre de 2025 a fs. 290; los antecedentes procesales y de emisión de la Resolución impugnada.
IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA La Empresa Minera Franzfel S.R.L., por intermedio de su representante legal, expresó los siguientes argumentos:
1. Señaló que la Resolución de ¡Recurso Jerárquico AJAM/DJU/RR/92/2024 de 27 de noviembre, emitida por el Director Ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), carece de motivación y fundamentación, porque no atendió la solicitud de adecuación de contratos mineros, debido a que a la fecha de la petición el área minera denominada Oruro, fue revertida al Estado, por supuesta inactividad minera en esa cuadrícula, en el marco de la Ley 403 de Reversión de Derecho Minero; procedimiento en el que se agotó la vía administrativa de impugnación y que al haberse revertido la mencionada área minera, el objeto de la adecuación es inexistente, justificando así la decisión asumida por la Dirección Departamental de Oruro de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM Oruro), con base a los alcances de la Ley 535 y el Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros aprobado por Resolución Ministerial (RM) 294/2016 de 5 de diciembre, que se aplica en derechos mineros vigentes.
2. Acusó que la Resolución demandada, no enunció con precisión los preceptos normativos en los que ampara la decisión de anular el cargo de recepción de la solicitud de adecuación a contratos mineros de 8 de febrero de 2019, sino únicamente de la Ley 403, porque su fundamentación es insuficiente tornándola en una decisión arbitraria, que lesiona el derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que toda decisión debe ser suficientemente motivada y exponer con claridad las razones y fundamentos legales que sustentan la Resolución de Recurso Jerárquico, que omitió expresar la norma legal aplicable al caso, respecto de la anulabilidad dictaminada y las razones que se consideraron para estimar que lo dispuesto se subsume en la hipótesis prevista en la norma administrativa, sea en los arts. 35 o 36 de la Ley 2341, carencia que conlleva a su falta eficacia y validez jurídica.
3. Argumentó el incumplimiento de los plazos procesales administrativos, referidos a la notificación extemporánea de la Resolución del Recurso de Revocatoria, habiendo justificado que dicha notificación cumplió con su finalidad de poner a conocimiento de las partes, lo dispuesto por la autoridad administrativa a los fines de que pueda hacer valer sus derechos, que si bien motiva el agravio inferido, señalando que la notificación practicada estuviese fuera de plazo previsto en la ley, sin embargo esta cumplió con su finalidad de poner en conocimiento el tenor de la decisión asumida, resultando la motivación y fundamentación insuficiente, porque contraviene ñklos t5principios rectores del procedimiento administrativo, específicamente los de sometimiento pleno a la ley y de eficacia previsto en el art. 4 de la Ley 2341, apreciándose que desde la fecha de solicitud de adecuación recibida el 8 de febrero de 2019, existe incumplimiento de plazos administrativos establecidos en el Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros, que si bien no fue reclamado en la instancia jerárquica, solicitó se valore ahora en el marco de la sana crítica y la verdad material; no obstante, correspondía que la AJAM Oruro, emita la Resolución Administrativa en el plazo de 20 días hábiles, para aprobar o denegar la solicitud de adecuación y disponga su publicación en la Gaceta Nacional Minera, para conocimiento general, lo que no ocurrió y una vez emitida, tampoco fue notificada en el plazo previsto de cinco días, a partir de la fecha de su emisión.
Continuó señalando que, pese a que la Autoridad Jerárquica tenía conocimiento de la arbitrariedad del incumplimiento del plazo para emitir la Resolución, en el marco de los principios de imparcialidad, celeridad, economía procesal, debido proceso, legalidad entre otros, debió declarar nulo de pleno derecho lo resuelto, puesto que los plazos son máximos y son obligatorios, lesionado los principios de imparcialidad, celeridad y economía procesal establecidas en la Ley
2341, por lo que en resguardo del debido proceso debió disponer la nulidad de la notificación por haber sido practicada prescindiendo de lo previsto en la Ley 2341, aspecto que no fue valorado y reclama su reparación, en el entendido que la decisión asumida es arbitraria por contener una motivación y fundamentación insuficiente, agravios que no fueron debidamente compulsados por la entidad demanda al momento de emitir la Resolución Jerárquica impugnada.
Finalmente, alegó que se lesionó el derecho fundamental al trabajo, porque no se tomó en cuenta la certificación del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro que señala que dicha cuadricula minera no se encontraba en un área restringida de explotación, deduciendo que la entidad demandada, en uso de su poder de Estado pretende de forma arbitraria privar del derecho que tiene de solicitar la adecuación de sus contratos mineros, de acuerdo a la normativa minera, observando que no se cumplió con el procedimiento establecido y disponiendo de manera infundada la anulabilidad que no corresponde y el no sometimiento a los términos y plazos establecidos, que son de cumplimiento inexcusable.
Concluyó solicitando se declare PROBADA la demanda y se deje sin efecto ni validez jurídica la Resolución de Recurso Jerárquico AJAM/DJU/RR/92/2024 de 27 de noviembre y las demás Resoluciones Administrativas dictadas.
III. CONTESTACIÓN
Por escrito de fs. 237 a 245 vta. la AJAM contestó a la demanda de forma negativa, en los siguientes términos:
1. Argumentó que el recurrente adujo vulneración a sus derechos, con la emisión y la notificación de los actos administrativos pronunciados dentro del proceso de adecuación del área minera Oruro; sin embargo, pese a que todos los actos son susceptibles de ser impugnados; no se advierte qué derecho y de qué forma se
A habrían vulnerado, siendo deber precisarlos y no simplemente enunciarlos, aspecto que no permite realizar un mayor análisis.
2. Sobre la anulación del acto administrativo, señaló que sólo puede ser efectuado por la invocación de un recurso y no así por libre disposición de la AJAM, puesto que resolvió denegar la solicitud de adecuación de derecho minero del área Oruro sustentado en el art. 40 de la del Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros al percatarse que la citada área minera, se encuentra revertida a propiedad y dominio directo del pueblo boliviano, lo que significa que no hay objeto susceptible a adecuar;
adicionalmente, se dispuso la anulación del cargo de presentación de la solicitud de adecuación de 8 de febrero de 2019 y el archivo de obrados, por lo que lo dispuesto se ajusta al Reglamento y a los principios de la Ley 2341, de legalidad y sometimiento a la ley, no correspondiendo aplicar el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros, porque no es aplicable a los procesos de adecuación de derechos mineros, siendo dos procedimientos distintos.
3. Sobre el argumento de que la resolución impugnada, fue notificada por encima de los plazos previsto por norma y que bajo el principio de igualdad de los plazos procesales tienen que ser cumplidos por los administradores y el administrado, señaló que si bien se notificó fuera de plazo establecido en la Ley 2341, el mismo cumplió con su finalidad, poniendo en conocimiento de la parte interesada lo dispuesto por la autoridad administrativa, a los fines de que pueda hacer valer sus derechos, haciendo uso de los recursos de impugnación previsto en la Ley, señalando Jurisprudencia constitucional que estableció que la diligencia de notificación no está dirigida a cumplir una finalidad procesal en sí misma, sino que su finalidad es hacer conocer lo determinado al destinatario; consecuentemente, al presentar el Recurso Jerárquico, convalidó la notificación que de forma inoportuna fue observada.
4. Respecto del argumento referido a que no podría denegarse la pretensión sin la debida fundamentación, que la resolución no está firme y podría revertirla, más cuando existe certificación del Gobierno Municipal, acreditando que no está dentro del área protegida y autorizada para el desarrollo de operaciones; señaló que la denegación es por la inexistencia del objeto de adecuación, al encontrarse la citada área minera revertida a dominio originario y directo del pueblo boliviano como resultado de la aplicación de la Ley 403, decisión que fue confirmada en la vía recursiva, agotando la vía administrativa, en la que las certificaciones del Gobierno Municipal, no fueron objeto de análisis; siendo el fundamento, la inexistencia del objeto de adecuación.
5. Sobre el argumento de la denegatoria de la solicitud de adecuación, que le impide continuar con el trámite de adecuación a contrato administrativo minero, que repercute en el derecho al trabajo, al principio de seguridad jurídica y al debido proceso, arguyó que la AJAM Oruro, al percatarse de que el área minera sujeta a adecuación, se encontraba revertida por inactividad, dispuso la denegatoria de la solicitud de adecuación al nuevo marco contractual minero y si bien se alegó su repercusión en el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica, debió ser cuestionada mediante los recursos de impugnación ante las instancias respectivas en el momento que se dispuso la reversión de su área minera, que fue a causa de la inactividad minera verificada.
6. Señaló que la descripción de los agravios, no alcanza el mínimo de suficiencia razonable, coherente y fundada sobre los supuestos eventuales errores o desaciertos de la Resolución de Recurso Jerárquico objeto de la impugnación, toda vez que solo enunciativamente mencionó que la misma carece de motivación, fundamentación y congruencia, pero no identificó de forma concreta y clara cuales los razonamientos fácticos o motivos de decisión de
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