Texto del fallo
O AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA .
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 49/2026 Sucre, 28 de abril de 2026 . DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente 121/2025 Demandante : Medrano y Asociados Ltda.
Demandado (a) : Autoridad General de Impugnación Tributaria Proceso : Contencioso Administrativo Resolución Impugnada : Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 63/2025 de 20 de enero Relatora : Mgda. Rosmery Ruíz Martínez IL VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 35 a 44, interpuesta por Medrano y Asociados Ltda., mediante su representante legal, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 63/2025 de 20 de enero de fs. 18 a 33, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; el memorial de contestación de fs. 54 a 62 de la entidad demandada; el escrito presentado por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, en calidad de tercero interesado de fs. 121 a 124; la Réplica a fs. 106; la Dúplica de la Autoridad General de Impugnación Tributaria de fs. 131 a 132; la providencia de Autos para Sentencia de 25 de noviembre de 2025 a fs. 134; los antecedentes administrativos y procesales. IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA En la demanda contenciosa administrativa el demandante desarrolló la siguiente argumentación:
1. Señaló que la Resolución recurrida, vulnera el derecho al debido proceso e incumple con el principio de verdad material, porque en
forma errónea y parcializada convalidó el irregular procedimiento y todo lo obrado por la Administración Tributaria, puesto que notificado con la orden de verificación, se presentó la documentación requerida que estaba en su poder y por razones ajenas a la empresa no se presentaron otros documentos que fueron
1 extraviados, acreditado con la certificación de la Policía Nacional, aspecto que no fue considerado por la Administración Tributaria, siendo su deber buscar la verdad material, validando el accionar irregular de la Administración Tributaria y la Resolución del Recurso de Alzada, que observó la falta de presentación de _ documentación tributaria correspondiente a la gestión 2018 y no consideraron el extravío acreditado con el certificado emitido por la Policía Nacional, el 3 de marzo de 2022, mientras que la Orden de Fiscalización :es posterior, el 26 de mayo de 2022, repitiendo el argumento que no se respaldó las actividades gravadas, con la demostración de la procedencia y cuantía de los créditos impositivos y la conservación ordenada de la documentación tributaria.
- Pese a esta imposibilidad, señaló que persiste la obligación de respaldar los créditos fiscales impositivos, afirmación errada, puesto que ante el extravío de la documentación, correspondía aplicar el principio de verdad material y realizar una investigación sobre el hecho. La Resolución Determinativa, observó que no se comunicó a la Administrativa Tributaria del extravío y que no se publicó en la prensa éste hecho, formalismos que no puede ser excusa para determinar adeudos impositivos sin ninguna base técnica ni legal y que desde un inicio de la fiscalización fue de conocimiento de éste hecho, respecto de la documentación contable impositiva, pbr lo que no había razón legal alguna, para privar del crédito fiscal a la empresa y menos para determinar adeudos
tributarios insostenibles sin sustento técnico ni legal.
A A Sobre el punto, la Resolución del Recurso de Alzada, argumentó que valoró el certificado presentado por la Empresa y que de esta forma dio cumplimiento al principio de verdad material, decisión que fue confirmada por la Resolución de Recurso J erárquico, sin realizar un estudio serio y responsable, sobre si la Administración Tributaria,
- cumplió o no con el principio de verdad material, contraviniéndolo, por lo que corresponde que se revoque en su totalidad la Resolución de Recurso Jerárquico.
2. Argumentó que el procedimiento de determinación de la supuesta deuda tributaria, adolece de vicios de nulidad, extremos y que no fueron atendidos ni resueltos por la AGIT, toda vez que la determinación se realizó sobre base cierta y sobre base presunta a la vez, sin considerar que estos métodos de determinación son antagónicos y excluyentes entre sí, vulnerando disposiciones del Código Tributario boliviano (CTB), porque la determinación de la deuda tributaria resulta ilegal, inconsistente e insostenible y se encuentra viciada de nulidad, con el añadido de que la Ley no le - faculta a la Administración Tributaria a aplicar de forma conjunta - ambos métodos sobre un mismo contribuyente, los mismos periodos, tributos y la misma gestión contrariamente a lo establecido en el Resolución de Recurso de Alzada, confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico, puesto que el art. 43 del CTB no faculta a determinar la deuda tributaria, aplicando de forma conjunta ambos métodos, cuando la norma legal expresamente los separa, prohibición que responde a que por lógica jurídica son métodos antagónicos e incompatibles y bajo la afirmación que la documentación presentada es parcial y que no se presentó toda la información requerida y al no haberse presentado las facturas de ventas y compras originales, libros de ventas y compras y demás documentación contable, correspondía la aplicación del método sobre base presunta, pero como se trataba de privar del crédito
fiscal, se aplica de forma incomprensible y sobre todo fuera de la Ley el método sobre base cierta, únicamente para privar al contribuyente del crédito fiscal y determinar adeudos tributarios contra la empresa totalmente irreales. Continuó señalando que, para la aplicación del método de _ determinación sobre base presunta, la Administración Tributaria en forma confusa y contradictoria señaló que no posee los datos necesarios para su determinación sobre base cierta de ingresos no declarados, es decir presume, porque se extraña la documentación que respalde las transacciones, resultando incomprensible y contradictorio que para un mismo contribuyente, el mismo periodo
fiscal y el mismo tributo, aplique dos métodos antagónicos y excluyentes entre sí a la vez, habiendo demostrado que de ninguna manera correspondía que la determinación de la deuda se realice en la forma señalada, sin embargo, el Recurso de Alzada confirmó la :
utilización por parte de la Administración Tributaria de los dos _ métodos, decisión asumida sin ningún tipo de fundamento por la Resolución de Recurso Jerárquico, vulnerando el art. 43.1 y II del CTB, correspondiendo se revoque en su totalidad la Resolución recurrida.
3. Expresó que por las pruebas presentadas y todo lo obrado dentro del proceso se demostró que la Resolución Determinativa con relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), los
. reparos y observaciones, no son concretas ni claras; al contrario son confusas, sin sustento legal, inconsistentes e inviables, ya que se afirmó erróneamente que la empresa no realizó el pago del impuesto a las transacciones que correspondía dentro del plazo, por lo que el importe pagado no era deducible, contrariamente a lo que establece la Resolución del Recurso de Alzada, confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico, aclarando que el art. 14 del Decreto Supremo (DS) 24051, establece que no es deducible el
A A acreditado con el JUE; la Vista de Cargo, reconoció que se trata de facilidades de pago a los que se acogió la Empresa y no a la acreditación con el IUE, por consiguiente estos pagos son deducibles y corresponde la anulación del cargo establecido por este concepto, por carecer de sustento legal y por errónea aplicación de la Ley para la determinación de oficio de la deuda tributaria; así como tampoco corresponde la imposición de multas y sanciones a
_ la empresa.
Concluyó pidiendo declarar PROBADA la demanda y se REVOQUE totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-63/2025 de 20 de enero y st deje sin efecto la Resolución Determinativa emitida en su contra. s III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA La autoridad demandada, a través de su memorial de contestación negativa a la demanda, afirmó que en ningún momento se incurrió en las vulneraciones alegadas por el demandante y después de realizar la relación de antecedentes, señaló:
1. Expresó la carencia de argumentos de la demanda incoada, la misma no cumple con los presupuestos esenciales de la demanda
- contencioso administrativa, porque efectúa alegaciones abstractas
- y genéricas sobre el debido proceso, verdad material, sin identificar ni explicar cuál el aspecto o elemento contenido en la Resolución impugnada resultaría gravoso a sus intereses o que se encontraría apartado de la normativa tributaria, constituyéndose en un impedimento para ingresar al fondo de la demanda reiterando las conjeturas expuestas en la fase recursiva que ya fueron analizadas, lo que demuestra que no se efectuó alegación alguna a la posición vertida en la instancia recursiva, que derivó en una decisión confirmatoria de la Resolución de Alzada. ;
La parte demandante no efectuó ningún argumento, alegación o agravio contra lo analizado y resuelto, lo que convierte a la demanda
en una afirmación sin respaldo, en una queja general que omite
identificar cuál es el elemento o fundamento de la Resolución que resultaría omisivo o contrario a la norma, puesto que tales afirmaciones no pueden suplir la carga argumentativa que la
demanda debe contener, constituyendo un impedimento para
ingresar al fondo de la demanda, no existiendo pretensiones sustentables; siendo reiteraciones del Recurso Jerárquico que ya
fue analizado, compulsado y resuelto en sede administrativa lo que
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