Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 58/2026 Sucre, 28 de abril de 2026
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 330/2024 Demandante : Mirtha Llanos Torrez Demandado : Caja Petrolera de Salud Proceso : Contencioso Administrativo Tercero Interesado : Autoridad Sumariante Nacional de la Caja Petrolera
de Salud Resolución Impugnada : Resolución de Recurso Jerárquico 31/2018 de 2 de
marzo de 2020 Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: La Demanda Contenciosa Administrativa de fs. 40 a 44, formalizada por memorial de fs. 59 a 63 y subsanada por memorial a fs. 66 y vta. interpuesta por Mirtha Llanos Torrez contra la Caja Petrolera de Salud, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico 31/2018 de 2 de marzo de 2020 de fs. 35 a 38 vta.; el Auto de 29 de enero de 2025 a fs. 68 y vta. que admitió la demanda; la contestación negativa de fs. 223 a 225 vta.;
el apersonamiento y respuesta negativa formulada por el tercero interesado, Juez Sumariante a Nivel Nacional de la Caja Petrolera de Salud de fs. 216 a 222; el memorial de Réplica de fs. 253 a 256; la Dúplica de fs. 262 a 265; la providencia que decretó Autos para Sentencia a fs. 267; los antecedentes cursantes en el expediente administrativo interno, y todo cuanto convino ver y se tuvo presente para dictar la presente Sentencia.
IL CONTENIDO DE LA DEMANDA 1. Vulneración al debido proceso y al plazo razonable La parte demandante sostuvo que interpuso su Recurso Jerárquico el 27 de enero de 2020; sin embargo, advirtió que transcurrieron más de
4 años para que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) se pronuncie y notifique con la Resolución de Recurso Jerárquico 31/2018 recién el 18 de junio de 2024. La actora argumentó que esta dilación injustificada vulneró su derecho fundamental al debido proceso y a obtener un fallo en un plazo razonable, invocando el precepto de que Justicia retrasada es justicia denegada. Como fundamento legal, señaló la abierta transgresión del art. 29 del Decreto Supremo (DS) 23318-A (modificado por el DS 26237), que fija perentoriamente un plazo máximo de ocho (8) días hábiles para emitir la respectiva resolución jerárquica.
2. Nulidad del acto administrativo
La demandante afirmó que la resolución sancionatoria es nula de pleno derecho al haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Sustentó este extremo, de forma específica, en el art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). Argumentó que el acto impugnado adolece de vicios graves por ausencia de requisitos esenciales y accesorios, solicitando que el juzgador aplique los principios de legalidad, especificidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación al momento de verificar la nulidad de obrados.
3. Prescripción de la responsabilidad administrativa
Sostuvo que operó la prescripción de la responsabilidad administrativa por la inactividad y abandono procesal de la CPS durante más de 4 años y 6 meses; conforme lo dispuesto en el art. 16 del DS 26237 modificatorio del DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, este tipo de responsabilidad prescribe a los dos años de cometida la contravención. En consecuencia, señaló que la sanción disciplinaria, consistente en 30 días de suspensión sin goce de haberes e impuesta en la Resolución de Proceso Administrativo Interno 29/2019 de 12 de agosto, fue oportunamente recurrida a través de los recursos de revocatoria y
jerárquico, sin que el trámite haya tenido algún movimiento procesal hasta el 18 de junio de 2024.
4. Silencio administrativo
En concordancia con las infracciones referidas a la inactividad, la actora alegó que la omisión de respuesta de la administración pública la situó en un estado de incertidumbre jurídica indefinida. A partir de esto, se amparó en el art. 17 de la LPA para hacer alusión a la figura del silencio administrativo, indicando que la administración se encontraba obligada a dictar resolución expresa y oportuna en todos los procedimientos a su cargo.
Por lo expuesto anteriormente, la parte actora acudió ante la jurisdicción contenciosa solicitando que se declare PROBADA la presente demanda en todas sus partes, disponiendo la nulidad de la Resolución de Recurso Jerárquico 31/2018 de 2 de marzo de 2020 y dejándose sin efecto cualquier tipo de sanción establecida en su contra, con estricta aplicación de la ley.
II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
La Caja Petrolera de Salud (CPS) como entidad demandada respondió negativamente a la Demanda Contenciosa Administrativa conforme al memorial de fs. 223 a 225 vta., sosteniendo en lo principal, que la Resolución de Recurso Jerárquico 31/2018 fue emitida el 2 de marzo de 2020 dentro del plazo previsto por el art. 29 del DS 23318-A, modificado por el DS 26237, y que la demora en su notificación hasta el 18 de junio de 2024 obedeció al ocultamiento del expediente por exfuncionarios de la institución, situación respecto de la cual refiere la existencia de actuaciones penales.
Asimismo, afirmó que la parte actora no acreditó presupuesto alguno para la nulidad del acto administrativo, pues no demostró indefensión material ni perjuicio cierto, invocando los principios de trascendencia, convalidación y finalidad del acto.
En cuanto a la prescripción, sostuvo que el plazo de dos años previsto por el art. 16 del DS 23318-A se interrumpió con el inicio del proceso interno,
por lo que la tardanza en la notificación no tendría aptitud para extinguir la potestad sancionadora.
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