Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Sentencia N° 61
Sucre, 3 de agosto de 2020
Expediente : 291/2017-CA
Demandante : Agencia Despachante de Aduana CALANCHA Y
RAMIREZ SRL
Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria
Proceso : Contencioso Administrativo
Resolución Impugnada : AGIT-RJ 0688/2017 de 13 de junio
Magistrado Relator : Dr. José Antonio Revilla Martínez
Emitida dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Agencia Despachante de Aduana (ADA) CALANCHA Y RAMIREZ SRL contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 34 a 48, interpuesta por la Agencia Despachante de Aduana CALANCHA Y RAMIREZ SRL representada por Jorge Calancha Castillo, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0688/2017 de 13 de junio; el Auto de admisión de fs. 51; la contestación a la demanda de fs. 98 a 107; el decreto de autos para Sentencia de fs. 195; los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar; y:
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO:
El 3 y 10 de mayo de 2016, la Administración Aduanera notificó personalmente a la Agencia Despachante de Aduanas (ADA) CALANCHA Y RAMIREZ S.R.L. y mediante cédula a Erwin Wilbert Lamas Alfaro, con las Ordenes de Control Diferido 2016CDGRLP0374-1, de 21 de abril de 2016; y, 2016CDGRLP0374, de 20 de abril de 2016, respectivamente (fs. 1 y 2 del Anexo 1), que refieren que en aplicación de los arts. 66-1 y 100 de la Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano (CTB), se dispuso la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable a la DUI C-20435 de 30 de julio de 2015.
El 3 de mayo de 2016, la Administración Aduanera, notificó personalmente a la ADA CALANCHA RAMIREZ SRL, con el Acta de Diligencia de Control Diferido 2016CDGRLP0374 de 20 de abril de 2016 y el Acta de Diligencia de Control Diferido N° 01 del 28 de igual mes y año, para hacer constar que como resultado del examen documental de la DUI 2015/201/C-20435 de 30 de julio de 2015; se establecieron las siguientes observaciones:
La Factura de Reexpedición N° 042970 de 3 de julio de 2015, presenta inconsistencias de acuerdo al art. 9 de la Resolución 1684; no describe el lugar y las condiciones de entrega de la mercancía, según los INCOTERMS; declara precios ostensiblemente bajos y sensiblemente menores a los precios referenciales de la base de datos SIVA del Portal DVANET de la Aduana Nacional; siendo éste un factor de riesgo de acuerdo al art. 51 de la mencionada Resolución.
Flete de transporte evidencia diferencias del flete no declarado por $us.35O.-; asimismo, establece indicios de la comisión de Contravención Tributaria por Omisión de Pago, contra el Operador y por responsabilidad solidaria de la citada ADA; otorgando al Operador un plazo de 3 días para formular sus descargos (fs. 41; y, 44 a 48 del Anexo 1).
El 20 de mayo de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe AN- GRLGR- UFILR-I- 684/2016, que ratificó el contenido de la precitada Acta de Diligencia; asimismo, realizó el Control del Valor en Aduana de la mercancía, aplicando los métodos de valoración de conformidad según los arts. 3 y 4 de la Decisión 571, indicando que el primer método de valoración no es aplicable al valor de transacción de mercancías idénticas y similares procedentes de la Zona Franca, en cuanto al Cuarto Método "Valor Deductivo", alegó que, no es posible su aplicación, dado que no existe información suministrada por el importador respecto a los precios de venta soportados en las respectivas facturas de venta interna; por el Quinto Método "Valor Reconstruido" mencionó que no cuenta con los costos de producción de las mercancías objeto de importación, por lo que concluyó que se tomó como base, precios referenciales de la base de datos SIVA-precios del portal DVANET de la Aduana Nacional, estableciendo un valor FOB de Sustitución de $us.24.843,20; estableciendo que el importador habría incurrido en indicios de la comisión de Contravención Tributaria por la Omisión de Pago, tipificada en el numeral 3 del art. 160 y sancionada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fe. 61 a 68 del Anexo 1).
El 20 de junio de 2016, la Administración Aduanera notificó personalmente a la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL, con la Vista de Cargo AN-GRLGRLUFILR.VC.N0 201/2016 de 20 de mayo, aludiendo el contenido del precitado informe y en aplicación del art. 47 de la Ley N° 2492, determinó la Deuda Tributaria en 22.901,04 UFVs, que conforma el tributo omitido, intereses y multa por contravención; otorgando el plazo de 30 días para formular y presentar descargos (fe. 67 a 75 y 78 del Anexo 1).
El 28 de junio de 2016, el ahora demandante mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera, argumentó que no tuvo conocimiento del inicio del Procedimiento de Control Diferido, habiéndosele vulnerado sus derechos y garantías a la defensa y al debido proceso; por otra parte, el despachante y la agencia despachante de aduanas, no asumieron ni tuvieron responsabilidad en la declaración y en la determinación del valor de aduanas, así como en la carga de la prueba; en ese entendido, alegó que la Vista de Cargo, carece de sustento legal; por lo que, solicitó se disponga la nulidad de la referida Vista (fe. 90 a 92 del Anexo 1).
El 22 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLGR-UFILR-N0 1601/2016, que concluyó que los argumentos presentados por la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL, no son suficientes a objeto de subsanar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo (fs. 93 a 99 del Anexo 1).
El 17 de noviembre de 2016, la Administración Aduanera notificó personalmente al representante de la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL, con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 120/2016 de 11 de noviembre, por la que, declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLGR-UFILR-VC-N0 201/2016 de 20 de mayo, por Omisión de Pago, tipificado en el art. 160 núm. 3 de la Ley N° 2492, girada contra el Operador Erwin Wilbert Lamas Alfaro y la citada ADA, como responsable solidario, por Bs.48.506.- equivalentes a 22.901,04 UFVs, que incluyó el 100% del total del Tributo Omitido, según establece el art. 165 de la referida ley, en la tramitación de la DUI C-20435, por concepto de diferencia de Valor y Flete, afectando al GA e IVA importaciones (fs. 101 a 114 del Anexo 1).
El 7 de diciembre de 2016, Jorge Calancha Castillo en representación de la Agencia Despachante de Aduanas Calancha, interpuso recurso de alzada (fs. 21 a 22 del Anexo 3) impugnando la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 120/2016 de 11 de noviembre, que fue resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0282/2017 de 27 de marzo, que REVOCÓ parcialmente la resolución impugnada, consecuentemente se dejó sin efecto la responsabilidad solidaria de la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL, referidas a la deuda tributaria por los tributos aduaneros del GA e IVA, intereses y sanción por omisión de pago, manteniendo incólume la determinación contra el operador Erwin Wilbert Lamas Alfaro (fs. 95 a 110 del Anexo 3).
El 18 de abril de 2017, Eliana Raquel Zeballos Yugar en representación legal de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, interpuso recurso de jerárquico (fs. 115 a 120 del Anexo 3), impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0282/2017 de 27 de marzo, que fue resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0688/2017 de 13 de junio, que REVOCÓ parciamente la resolución impugnada, en relación a la exclusión de responsabilidad de la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL, manteniendo firme y subsistente en todas sus partes la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 120/2016 de 11 de noviembre.
Contra esta determinación la ADA CALANCHA y RAMIREZ SRL, promovió proceso contencioso Administrativo que se resuelve en esta Sentencia.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN:
Demanda.
ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL, aseveró que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0688/2017 de 13 de junio, no consideró correctamente que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, al emitir la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0282/2017 de 27 de marzo, no solamente valoró la normativa aplicable en tema de Valor Aduana; sino también, consideró y valoró lo fundamentado en su oportunidad por la Agencia Despachante de Aduana, en referencia al tema de Valor en Aduana, situación que en el recurso jerárquico, no fue considerado, motivado, ni fundamentado; asimismo no se mencionó en la resolución impugnada, por qué no se aplican las normas supranacionales, el Fax Instrumento N° AN-GEGPC-F-035/2013 y DIRANB N° 054/2016 emitidos por el Directorio de la Aduana Nacional.
Además alegó que, la Resolución ahora impugnada no desvirtúa y/o efectúa un análisis sobre la aplicabilidad o no del Numeral 17 de la Decisión 571 y 53 de la Resolución N° 1684, Normativa Supranacional, limitándose a mencionar la posición de la Administración Aduanera, sin tomar una decisión final sobre el aplicación o no de la normativa señalada precedentemente, que forman parte del bloque de constitucionalidad; toda vez, que el 26 de mayo de 1996, Bolivia suscribió el Acuerdo de Cartagena, por el que se incorporó al proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conforme versa en el art. 410-II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Asimismo refirió que, el negocio de compra venta de mercancías, constituye un pacto entre el vendedor y comprador, en el cual se acuerda el tema del valor de la mercancía, transacción en la que la Agencia Despachante, no participa de ninguna manera, por lo que es humanamente imposible que la ADA pueda verificar si la información del valor de una determinada mercancía es la real o no; máxime, si se considera el art. 2 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA), que establece el principio de buena fe.
Por otra parte señaló, que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 120/2016 de 11 de noviembre, emitida por la Administración Aduanera, incluyó a la Agencia Despachante de Aduana, en temas propios del valor de aduana, sin considerar lo establecido en el art. 53 núm. 1 inc. C) de la Resolución N° 1684 (Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión N° 571) que prescribe, que toda actuación y la decisión definitiva que adopte la Administración Aduanera, debe ser comunicada específicamente al Importador y no así al Despachante o a la Agencia Despachante de Aduana, considerando que este último, no participó de la transacción comercial; por lo que no podría emitir ningún criterio sobre el precio pactado entre el comprador y el vendedor. Siendo que en el presente caso, se ha emitido y notificado indebidamente la Vista de Cargo a la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL, cuando solo correspondía comunicar y notificar al Importador; a fin de que este, se pronuncie sobre la nueva valoración establecida en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa señalada anteriormente.
Asimismo, aseveró que el art. 18 de la Decisión N° 571, establece que la carga de la prueba no le corresponde a la Agencia Despachante de Aduana, por lo que la notificación con la Vista de Cargo señalada, debió efectuarse única y exclusivamente al Importador.
Además citó el art. 48 de la Ley General de Aduanas (LGA) que establece: "El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana, sólo a efectos de la valoración aduanera, se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo del GATT - 1994 y no asumirá responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas que debe realizar el Importador" y el art. 249 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA), que prevé sobre la responsabilidad del Despachante de Aduana y el 252 de dicho Reglamento, que dispone sobre la carga de la prueba, para luego señalar, que el Directorio, mediante el pronunciamiento Interpretativo CITE: DIRANB N° 054/2016 y lo mencionado por la Gerencia General mediante Fax AN- GEGPC-F035/2013, ambos de la Aduana Nacional, que fueron presentados y ratificados durante el desarrollo del Recurso Jerárquico, por memorial con fecha de cargo del 10 de mayo de 2017, no fueron considerados como prueba, ni motivados y fundamentados; siendo que estos documentos determinan que: .) En concordancia con lo establecido por el artículo 53, numeral 1, inciso c), de la Resolución del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, el art. 18 de la Decisión 571 de la CAN 'Valor en Aduana de las Mercancías Importadas', el artículo 48 de la Ley General de Aduanas y los artículos 249 y 252 de su Reglamento (DS 25870), cuando la administración aduanera verifique que el despachante de aduana o la agencia despachante de aduana ha transcrito fielmente la información de la Declaración Jurada del Valor en la Declaración Única de Importación, toda actuación y la resolución definitiva que en materia de valoración aduanera adopte la administración aduanera, deben ser notificadas únicamente al importador" (sic), normativa que refiere, que goza de legitimidad, validez y eficacia, en sujeción a los arts. 4 inc. g) y 32-I de la Ley N° 2341.
Por otra parte refirió que, en el marco de la verdad material, lo establecido en la Sentencia Constitucional (SC) N° 713/2010 de 26 de julio, es pertinente señalar que en la Vista de Cargo AN-GRLGR-UFILR-VC 201/2016 y en la Resolución Determinativa AN- GRLPZ-ULELR N° 120/2016, se infringió el debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la defensa, porque: a) La Administración de Aduana, en cuanto al valor de sustitución, no expuso, el origen del nuevo valor de la mercancía, ni explicó técnicamente cómo fueron obtenidos, no mencionó qué valores se tomó de ellas y de qué mercancías; es decir, no se presentó ninguna motivación y fundamentación al respecto; b) Asimismo, la Administración de Aduana, tampoco mencionó cómo aplicó de manera flexible los cinco métodos del acuerdo de la "OMC" (sic), para desestimar la aplicación de los métodos de valoración, que debería estar motivado y fundamentado en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa señaladas; c) En caso que se use los precios referenciales, debe hacerse constar de forma expresa, cómo fueron obtenidos, así cómo los datos y elementos utilizados, para determinar el valor que sustituirá al valor declarado por el sujeto pasivo; d) Además refirió que en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, se observó la Factura de Transporte-Flete, estableciéndose una diferencia, pero sin determinar con certeza cuál la normativa que se habría transgredido, en pleno desconocimiento del sustento legal por el cual se depuro la factura señalada (y no solo porque les parece bajo el costo), siendo que esta, era una factura legal que respalda el costo del transporte.
Aseveró, que la Resolución ahora impugnada, realizó una errónea interpretación de los hechos fácticos y por ende jurídicos, porque lo único que hizo es repetir los fundamentos erróneos de la Administración Aduanera, toda vez que la Autoridad de Alzada, no refirió en ningún momento que se habría dado una causal prevista en el art. 153 "epígrafe (Causales de Exclusión de Responsabilidad)" (sic) de la Ley N° 2492, porque en realidad la ADA ahora demandante, no tiene responsabilidad en la determinación del Valor en Aduana, tal como se expuso, valoró y fundamentó en la Resolución de Alzada, determinando esta última autoridad, que la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL, no tiene ninguna responsabilidad solidaria y que no se consideró los artículos pertinentes de la Decisión N° 571, siendo que éstas, debieron ser consideradas y aplicadas de manera prioritaria; toda vez que dichas norma forma parte del bloque de Constitucionalidad, conforme versa en el art. 410-II de la CPE.
Petitorio.
Solicitó que se admita la demanda a objeto de que se "CASE" (sic) la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0688/2017 de 13 de junio, o en su defecto se disponga la nulidad de obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta antes de la emisión de la Vista de Cargo AN-GRLGR-UFILR- VC N° 201/2016 emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia.
Admisión.
Mediante Auto de 18 de septiembre de 2017, de fs. 51, se admitió la demanda contenciosa administrativa, de conformidad al art. 327 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) y el art. 2 núm. 2 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, disponiéndose el traslado al demandando y notificación al tercero interesado, con provisión citatoria en ambos casos.
Contestación.
La AGIT representada legalmente por Daney David Valdivia Coria, mediante memorial de fs. 98 a 107, contestó negativamente la demanda contenciosa administrativa, argumentando lo siguiente:
Los argumentos de la demanda, son una reiteración de los fundamentos expuestos en instancia recursiva, no pudiendo el Tribunal Supremo de Justicia, suplir la carencia de carga argumentativa del demandante, conforme se estableció en la Sentencia N° 238/2013 de 5 de julio, emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, jurisprudencia que solicitó que se consideré en el caso de autos.
Aseveró que, sin el menor contenido legal, esgrime aspectos que no se apegan a los elementos dilucidados en la resolución jerárquica, empleando frases que solo muestran lo limitados que son los argumentos adversos, dedicándose a observar la labor de la Aduana Nacional, siendo que la demanda está dirigida contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Refirió que, el demandante quiere confundir a este Tribunal, porque se señaló que es ¡legal e impertinente incluir y notificar a la Agencia Despachante de Aduana CALANCHA Y RAMIREZ SRL, para que presente descargos y se pronuncie sobre el valor que establece el importador; aspectos que no condicen con los hechos y el derecho, que hace entender, que la buena fe, no es un principio, por lo que solicitó que se tenga presente la línea jurisprudencial expresada en la SC N° 0258/2007-R de 10 de abril, que se refiere al principio de buena fe.
Añadió que, la demandante, manifestó en relación a la responsabilidad solidaria establecida en el procedimiento aduanero lo siguiente: "...solo correspondía comunicar y notificar al IMPORTADOR a fin de que se pronuncie sobre la nueva valoración..." (textual). "...EL DESPACHANTE Y LA AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA NO ASUMEN, NI TIENEN RESPONSABILIDAD... "(Textual) (sic).
Sobre lo cual alegó, que es evidente que la responsabilidad solidaria, nace por disposición expresa de la Ley, específicamente por el art. 47 de la Ley N° 1990 (LGA), debido a que la contravención detectada, se originó cuando la ADA CALANCHA y RAMIREZ SRL, conjuntamente al consignatario validó la DUI C-20435, aspecto concordante con el art. 101 del RLGA, que fue establecido en la Resolución ahora impugnada.
Asimismo refirió, que en cualquier exención, se estipula de manera expresa, sin sujetarse a interpretación, como en el presente caso la exención de responsabilidad está reservada para aquellas situaciones en la que se encuentre en discusión penas privativas de libertad contra la Agencia Despachante de Aduana, lo que significa que la eximente puede ser usada sólo en aquel supuesto hecho y no así para otras situaciones; este aspecto fue establecido en la Sentencia N° 58/2014 de 14 de mayo, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; asimismo, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0080/2014 de 3 de enero, que establece sobre la responsabilidad solidaria del despachante y la agencia de despachante de aduanas con su comitente, consignatario o dueño de la mercancía, en las importaciones por el pago total de los tributos aduaneros, jurisprudencia concordante con la SCP 1058/2013 de 12 de julio y la Sentencia N° 169/2016 de 21 de abril emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Por otra parte señaló, que en cuanto a la supuesta vulneración del debido proceso, se remite a la resolución ahora impugnada, donde se puede constatar que los puntos recurridos en jerárquico, fueron desmenuzados, analizados y explicados en el acápite IV.4 de la Fundamentación Técnico-Jurídica, donde se desarrolló el punto referido a la responsabilidad solidaria; es decir que se actuó en el marco del principio de congruencia y extraña de sobremanera la innocua postura adoptada por la parte contraria al momento de referirse a lo resuelto en dicha etapa procesal, por lo que se debe tener en cuenta lo establecido en el Auto Supremo (AS) N° 194 de 12 de abril, la SC 0471/2005-R de 28 de abril, SC 491/2003-R de 15 de abril y la SCP 0649/2015-S2 de 10 de junio.
Por último señaló, que respalda sus aseveraciones con lo determinado en la jurisprudencia señalada en la SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, las Sentencias N° 510/2013 de 27 de noviembre y 238/2013 de 5 de julio, las dos últimas emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Petitorio.
Solicitó declarar improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL; manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0688/2017 de 13 de junio.
Réplica y dúplica.
La ADA CALANCHA Y RAMIREZ S.R.L., por memorial cursante de fs. 189 a 193 vta., presentó réplica, la cual fue presentada fuera de plazo, por lo que se decretó autos para sentencia mediante decreto de 17 de abril de 2018 (fs. 195).
Tercero interesado.
Conforme a la diligencia de notificación de fs. 149, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, fue notificada en calidad de tercero interesado, quien se apersonó mediante memorial de fs. 176 a 181, señalando los mismos argumentos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, para solicitar que se declare improbada la demanda presentada por la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
La controversia radica en establecer:
Si la Agencia Despachante de Aduana CALANCHA y RAMIREZ SRL, es responsable solidaria con el consignatario, por la validación de la DUI C-20435 de 30 de julio de 2015, para que se le imponga la sanción de Bs.- 48.506.- equivalentes a 22.901,04 UFV, al no haberse tomado en cuenta lo previsto en los arts. 45 y 47 de la LGA y 160 num. 3 de la Ley N° 2492; y, si correspondería aplicarse las normas supranacionales en referencia al valor de aduana, establecida en el art. 17 de la Decisión 571 y art. 53.1 inc. c) de la Resolución N° 1684 de actualización del Reglamento Comunitario, normas que formarían parte del bloque de constitucionalidad.
Si existió vulneración al debido proceso por falta de fundamentación respecto a la eximente de responsabilidad del ahora demandante, aplicación del principio de verdad material, ausencia de requisitos esenciales del acta de intervención y resolución sancionatoria, e inexistencia de tipicidad en la conducta de la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL, por lo que correspondería que se deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0688/2017 de 13 de junio.
FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO:
Reconocida la competencia de esta Sala para la resolución de la controversia, de conformidad al art. 2 de la Ley N° 620 del 31 de diciembre de 2014; en concordancia con el artículo 775 del CPC-1975 y la Disposición Final Tercera de la Ley N° 439; y, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo, como juicio de puro derecho, en el que solo se debe analizar la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por la AGIT.
Luego de los trámites de Ley conforme se desprende de los antecedentes; se pasa a resolver el fondo de la causa, analizando los puntos traídos en la demanda, en los siguientes términos:
Cuestión previa.
De acuerdo a la problemática planteada, debemos realizar una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese sentido corresponden las siguientes consideraciones.
El art. 109-I de la CPE señala: "Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de ¡guales garantías para su protección."; asimismo los arts. 115, 117-I y 180-I de la misma norma, establecen que el derecho al debido proceso se constituye en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme el art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: "... impone a toda persona que tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en sus disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar...
Por otra parte el art. 42 de la LGA, refiere: "El Despachante de Aduana, como persona natural y profesional, es auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por la Aduana Nacional previo examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros".
En mérito a esta normativa legal, las Agencias Despachantes de Aduana al fungir el rol de auxiliar de la función pública aduanera, la Ley determina sus funciones y atribuciones, plasmados en el art. 45 de la citada disposición legal, que estipula:
"El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga, b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de Licencia y matrícula profesional emitida por la Cámara Nacional Despachantes de Aduana, c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del despachante de aduana...
Asimismo, el art. 47 de la LGA, establece: "El Despachante y la Agenda Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las operaciones aduaneras."
Además, el art. 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, señala: "El Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original; b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque), original o copia; c) Parte de Recepción, original; d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original; e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador; f) Póliza de seguro, copia; g) Documento de gastos portuarios, en original; h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador consignado en el manifiesto internacional de carga, copia; i) Certificado de origen de la mercancía, original; j) Certificados o autorizaciones previas, original; k) Otros documentos establecidos en norma específica. Los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), i), j), y k), serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan. Cuando la documentación señalada en el presente Artículo constituya base para despachos parciales, el Declarante deberá dejar constancia de cada una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente.
En ese marco, el art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas expresamente establece que, una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la documentación soporte. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes, b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación, c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda.
Doctrina aplicable al caso.
La problemática no es reciente, la cuestión fue abordada por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia N° 168/2016 de 21 de abril, que con identidad fáctica determino:
"...Por consiguiente, conforme a la norma anterior ADA Vallegrande adquirió responsabilidad solidaria con el consignatario de la sanción impuesta por el ilícito de Contrabando Contravencional, en previsión del quinto y sexto párrafo del art. 47 de la Ley General de Aduanas, que estipula:"...El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las operaciones aduaneras', norma concordante con el art. 61 de su Reglamento, que establece: (RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE).- El Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de mercancías' Por lo tanto, la normativa glosada precedentemente conduce a que la responsabilidad solidaria de los actos de la parte actora con el consignatario de las mercancías emerge conforme a Ley, como también como producto de la importación ilícita del vehículo se infringe el D.S. N° 29836."
"Si bien la parte adora, manifiesta que se encuentra exento de responsabilidad por haber transcrito con detalle los documentos que le fueron presentados por el importador o consignatario, sin embargo el art. 183 de la Ley General de Aduanas, dispone: “Quedará eximido de responsabilidad de las penas privativas de libertad por delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en el ejercicio de sus funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros, transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus comitentes, consignantes o consignatarios y propietarios de las mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en el momento del despacho aduanero” (las negrillas son nuestras).
Del análisis de la normativa citada, y de lo manifestado por el demandante, se colige que la exención a que hace referencia, recae sobre las penas privativas de libertad, más no así de la responsabilidad solidaria por sanciones pecuniarias, multas y pago de tributos por las operaciones en que la Agencia Despachante de Aduana hubiese intervenido.
Por otra parte, el art. 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que:
"Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Ei valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista."
Asimismo, el art. 53.1 inc. c) de la Resolución N° 1684 de la CAN, dispone que: "antes de adoptar una Decisión definitiva, la Administración Aduanera comunicará al importador, mediante medios físicos, electrónicos o digitales, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará un plazo razonable para responder. Una vez adoptada la Decisión definitiva, la Administración Aduanera comunicará al importador mediante medios físicos, electrónicos o digitales, indicando los motivos que la inspiran."
Normativa que dispone con referencia a las dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado y el procedimiento a seguir por la Administración de Aduanas, para determinar el valor declarado, en cuanto a la cantidad total realmente pagada o por pagar de las mercancías importadas, lo cual debe ser comunicado al importador mediante medios físicos, electrónicos o digitales, dicha normativa se encuentra amparada al art. 410 de la CPE, al conformar parte del bloque de constitucionalidad, artículo que establece:
"I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.
II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Ei bloque de constitucionalidad
está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:
Constitución Política del Estado.
Los tratados internacionales
Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena
Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes."
Dicho artículo es una norma constitucional y piedra angular del ordenamiento jurídico, que estatuye entre otros, el sometimiento a la ley (legalidad), estableciendo que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución como Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; vale decir, que en el Estado Constitucional de Derecho el principio de legalidad de la norma se valida con la CPE y el Bloque de Constitucionalidad, acorde al principio de Supremacía Constitucional previsto en el articulado referido.
Resolución del caso concreto.
De la revisión de los antecedentes procesales y lo manifestado por ambas partes dentro del presente proceso contencioso administrativo, se tiene que, el 3 y 10 de mayo de 2016, la Administración Aduanera notificó a la ADA CALANCHA Y RAMIREZ SRL, y a su consignatario, con las Ordenes de Control Diferido 2016CDGRLP0374 de 20 de abril de 2016 y 2016CDGRLP0374-1 de 21 de abril de 2016, que refieren que, en aplicación de los arts. 66 núm. 1 y 100 de la Ley N° 2492, se dispuso la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable a la DUI C-20435 de 30 de julio de 2015, porque la Factura de Reexpedición N° 042970, presentaba inconsistencias de acuerdo al art. 9 de la Resolución 1684, por declarar precios bajos y menores a los precios referenciales de la base de datos SIVA del Portal DVANET de la Aduana Nacional de Bolivia; por lo que se estableció que el importador habría cometido indicios de la comisión de Contravenciones Tributarias por Omisión de Pago, tipificada en el art. 160 núm. 3 de la Ley N° 2492 y sancionada en el art. 165 de dicha ley, que derivó en la emisión de la Vista de Cargo AN-GRLGR-UFILR-VC N° 201/2016 de 20 de mayo y que en aplicación del art. 47 de la Ley N° 2492 determinó la deuda tributaria de Bs.- 48.506.- equivalentes a 22.901,04 UFV.
Posteriormente, el 17 de noviembre de 2016, la Administración Aduanera notificó a la ADA CALANCHA y RAMIREZ SRL con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULULR N° 120/2016 de 11 de noviembre, que declaró firme la citada Vista de Cargo, contra el Operador Erwin Wilbert Lamas Alfaro y la ADA señalada como responsable solidario.
De lo cual debemos señalar, que el demandante manifiesta expresamente "...amparados en la documentación entregada por el importador y transcrito fielmente todos los datos contenidos en la misma Declaración Única de Importación..." de lo cuál se extrae que el mismo, manifiesta que hizo una transcripción literal de los datos proporcionados por el importador por lo que no podría tener ninguna responsabilidad en el llenado de la Declaración Única de Importación, lo que contradice a lo establecido en el 47 de la LGA que señala:
"... El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las operaciones aduaneras",
Esta determinación, es concordante con el art. 61 del Reglamento de la citada ley que establece: "(RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE).- Ei Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de mercancías" (Las negrillas son nuestras).
Sin embargo, dentro de la problemática planteada en el caso de autos, se alegó si correspondería aplicar al caso las normas supranacionales en referencia al valor de aduana, establecida en el art. 17 de la Decisión 571 y art. 53.1 inc. c) de la Resolución N° 1684 de actualización del Reglamento Comunitario, siendo que dichas normas forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme establece el art. 410 de la CPE, al señalar: "La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Ei bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país." ordenamiento jurídico del cual se desprende que la Decisión 571 y la Resolución N° 1684; es decir, se encuentran dentro del bloque de constitucionalidad; que, no solo las personas naturales y jurídicas deben ceñir sus actos en el marco de la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad, sino también, y con mayor razón los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, cuyos actos administrativos deben necesariamente circunscribirse en el cumplimiento de la Constitución cuya aplicación directa conforme el art. 109 de la CPE garantiza la protección del derecho, en el cual debe circunscribirse el actuar normado y reglado de la Administración Pública, el actuar de los órganos administrativos de impugnación y los órganos jurisdiccionales de justicia, principio que otorgará la validez correspondiente a todo acto evacuado por los órganos administrativos y jurisdiccionales.
Por consiguiente se establece que, de la revisión de obrados y la Resolución impugnada, este Tribunal evidenció que, la AGIT no dio una respuesta, no resolvió por qué debe aplicarse la normativa interna que determina la responsabilidad solidaria de las ADAS, antes de aplicar las normas de la CAN, lo cual debe ser resuelto antes de determinarse la responsabilidad de la parte demandante, impidiendo este Tribunal pueda emitir criterio, sobre el fondo de la controversia, si esta no fue resuelta debidamente por la AGIT, correspondiendo dejarla sin efecto para que emita una resolución con la pertinencia prevista por el art. 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley N° 2341).
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 2 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando PROBADA en parte la demanda contenciosa administrativa de fs. 34 a 48 vta., interpuesta por la Agencia Despachante de Aduana CALANCHA Y RAMIREZ S.R.L., contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; consiguientemente:
Se Deja sin efecto la Resolución impugnada AGIT-RJ 0688/2017 de 13 de junio, emitida por la Autoridad demandada.
Se DISPONE que la Autoridad demandada, emita una nueva resolución, en la cual se pronuncie de manera concreta sobre la aplicación o no de las normas de la CAN, resolviendo todos los argumentos del recurso jerárquico de fs. 115 a 120 del Anexo 3.
Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal, sea con nota de atención.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.