Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA SENTENCIA N 62/2026 Sucre, 18 de mayo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 237/2025 Demandante : Asociación Accidental Casco Viejo Demandado Ministerio de Medio Ambiente y Agua Proceso : Contencioso Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: La demanda contenciosa de fs. 100 a 112 vta., promovida por la Asociación Accidental Casco Viejo, representada por Nelson Atilio Martinic Vásquez, admitida por Decreto de 4 de agosto de 2025, de fs. 115a 117; la contestación de fs. 244 a 253; el Decreto de calificación del proceso de 15 de octubre de 2025, de fs. 255; el Decreto de Autos para Sentencia de fs. 274; los antecedentes del proceso y todo lo que fue pertinente analizar:
IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA.
La empresa demandante sustentó su demanda contenciosa administrativa en los siguientes argumentos:
1. Señaló que la conducta asumida por la entidad demandada constituye un evidente abuso de derecho, materializado a través de actuaciones institucionales arbitrarias derivadas de hechos ajenos e imprevisibles para la Asociación Accidental, originados en acciones de carácter personal atribuibles a uno de los asociados, situación que, afirma, debió haber sido advertida oportunamente por la Comisión de Calificación. En ese entendido, sostuvo que la decisión adoptada vulnera el principio de buena fe, toda vez que la entidad demandada inició un procedimiento ilegal de cobro y/o
ejecución de garantías contractuales, pese a encontrarse
documentado y reconocido que existía una decisión institucional
que no permitía, bajo ningún fundamento, la ejecución de dichas
garantias.
Luego de desarrollar consideraciones doctrinales relativas al
abuso del derecho, manifestó que la entidad demandada, si bien
puede ejercer los derechos que la ley le confiere, no puede hacerlo
de manera abusiva ni con la finalidad de provocar una afectación
indebida al patrimonio de la contraparte, aparentando una
realidad material inexistente para obtener un beneficio económico ilegítimo mediante la ejecución irregular de garantías contractuales.
Afirmó que dicho abuso se materializó a través de la emisión de actos administrativos Ultra Vires, debido a que la entidad habría iniciado actuaciones ejecutivas orientadas a efectivizar el cobro de
garantías contractuales más allá de los limites legales y contractuales previstos para su procedencia, incurriendo así en
actuaciones ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho.
2. Alegó que la entidad demandada, pese a haber identificado
expresamente como causal de resolución contractual la existencia
de fuerza mayor, pretende ejecutar las garantías de
cumplimiento de contrato y de correcta inversión de anticipo,
incurriendo nuevamente en abuso de derecho.
Previo desarrollo doctrinal respecto a la fuerza mayor y luego de
invocar los arts. 376 y 1322 del Código Civil, así como
disposiciones del DS 181, concluyó que, en los contratos
administrativos, la concurrencia de fuerza mayor excluye la
atribución de responsabilidad al contratista respecto al
incumplimiento contractual y, por ende, impide legalmente la
aplicación de sanciones o la ejecución de garantías,
particularmente la garantía de cumplimiento de contrato, cuya
finalidad es cubrir incumplimientos atribuibles al contratista. En
O AO A consecuencia, sostuvo que, al haberse justificado la resolución contractual en razones de fuerza mayor, la administración carece de facultad para ejecutar unilateralmente dichas garantías.
Añadió que la entidad demandada intentó justificar su actuación bajo el argumento del mejor interés del Estado; sin embargo, observó que dicho extremo fue únicamente enunciado, sin explicación ni fundamentación suficiente. Precisó que dicho concepto implica la facultad excepcional del Estado de modificar o resolver un contrato cuando ello resulte necesario para salvaguardar el interés público, aun cuando no exista incumplimiento atribuible a la contraparte.
Asimismo, cuestionó la invocación genérica del principio de supremacía del interés público, señalando que en el caso concreto no existe sustento objetivo que demuestre que la decisión asumida responda efectivamente a dicho interés superior. Por el contrario, indicó que, desde octubre de 2024 hasta mayo de 2025, se produjo un incremento real y verificable en los precios de materiales, insumos y mano de obra, situación reconocida por el propio Gobierno mediante los DS N 5321 y 5406, que dispusieron reajustes de precios. Bajo ese contexto, sostuvo que la decisión de resolver el contrato y convocar a un nuevo proceso de contratación implicaria una mayor erogación de recursos estatales, en lugar de optar por la continuidad y ejecución total del contrato inicialmente suscrito.
Concluyó que la resolución contractual carece de causa justa, así como de fundamentación y motivación suficientes, por lo que resultaría ilegal.
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