Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 63/2026 Sucre, 19 de mayo de 2026
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES
Expediente ¿: 55/2025
Demandante : Paola Fernanda Correa Romero
Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria
Proceso : Contencioso Administrativo
Resolución : Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ
Impugnada 1766/2024 de 25 de noviembre
Relator : Medo. Germán Saúl Prado Uribe
I. VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fs. 40 a 32, interpuesta por Paola Fernanda Correa Romero, representante de la empresa unipersonal COURRIERS BOLI-EURO, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1766/2024 de 25 de noviembre, de fs. 8 a 17, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; el Auto de Admisión de 5 de marzo de 2025 a fs. 54 y vta.; la contestación de fs. 104 a 109; la contestación del tercero interesado de fs. 123 a 125 vta., el Auto de 13 de noviembre de 2025 que dispuso Autos para Sentencia a fs. 143; los antecedentes administrativos y procesales.
IL CONTENIDO DE LA DEMANDA
La demanda Contencioso Administrativa de fs. 40 a 52, interpuesta por Paola Fernanda Correa Romero, representante legal de la empresa unipersonal COURRIERS BOLI-EURO (BOLI-EURO), a través de su apoderada, contra la Resolución AGIT-RJ 1766/2024 de 25 de noviembre, relacionó los antecedentes ocurridos hasta la emisión de la resolución impugnada y argumentó lo siguiente:
Sobre la notificación en secretaria del acta de intervención y resolución sancionatoria:
Reclamó vulneración de los arts. 6, 14, 36 y 41 de la Resolución de Directorio (RD) 01-035-23 de 3 de agosto de 2023, además de los derechos al debido proceso y defensa, pues el Acta de Intervención Contravencional ELALA-C-0032/2024 de 25 de marzo y la Resolución Sancionatoria ELALA-RC-0042/2024 de 16 de abril, fueron notificados en secretaria, de conformidad con el art. 90 del Código Tributario Boliviano (CTB), cuando los mismos debieron ser notificados a través de medios electrónicos.
Explicó que de conformidad con los arts. 13, 14 y 41 de la RD 01-035-23, en los comisos que se realizan en zonas secundarias procede la notificación del Acta de Intervención conforme el art. 90 del CTB; en cambio en los comisos que se realizan en zonas primarias, procede la notificación de la referida Acta según lo establecido con en el art. 83 del CTB, de cual el primer medio de notificación es el electrónico.
Señaló que esta situación impidió ejercer su derecho a la defensa en el plazo de 3 días, ya que no se pudo tomar conocimiento del Acta de Intervención Contravencional ELALA-C-0032/2024 de 25 de marzo, hasta el 10 de abril de 2024, fecha en la que recién la Administración Aduanera entregó fisicamente la referida Acta de Intervención.
Añadió que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARITT), posteriormente confirmado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), realizó un análisis sesgado e ilegal al establecer que era responsabilidad del operador notificarse en secretaria, siendo que la normativa establece que el Acta de Intervención debe ser notificada conforme el art. 83 del CTB y que sus argumentos en sentencias constitucionales no tienen ninguna relación con el caso actual.
Adviertió una contradicción en la Resolución Jerárquica demandada al citar la Sentencia Constitucional (SC) 492/2011-R de 25 de abril, que establece que el Estado garantiza el debido proceso a través de una notificación oportuna al interesado para que pueda ejercer eficazmente
su defensa; pero lejos de cumplir con dicho presupuesto, pone en evidencia que se privó del ejercicio del derecho de su mandante al notificar el Acta de Intervención en secretaria. Por tanto, esta falta de notificación oportuna vicia de nulidad el proceso y actuaciones posteriores.
Sobre la inexistencia de contrabando contravencional
Explicó que desde el inicio del proceso recursivo se demostró que solo existió un cruce de etiquetado en origen y que las mercancías fisicas corresponden a las DIMs DI-2024-2011-2093356 y DI-2024-211- 2093358, por lo que no existió contrabando, menos aún si se pagaron los tributos de ambas mercancías; situación que fue demostrado en la inspección ocular realizada en etapa probatoria ante la ARIT.
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