Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA SENTENCIA N 64/2026 Sucre, 18 de mayo de 2026 Expediente : 82/2025 Demandante : Cecilio Egtiez Román Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria AGIT Proceso : Contencioso Administrativo Resolución impugnada : AGIT-RJ 1835/2024, de 9 de diciembre Relator : Mgda. Rosmery Ruiz Martínez I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 15 a 29, interpuesta por Cecilio Egúiez Román, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), representada por Katia Mariana Rivera Gonzales; impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1835/2024 de 9 de diciembre de fs. 6 a 14 vta.; la contestación a la demanda de fs. 107 a 113 vta.; memorial del tercero interesado de fs. 35 a 47 vta.; el decreto de Autos para Sentencia afs. 119, los antecedentes administrativos y todo lo que en materia fue pertinente analizar:
IL CONTENIDO DE LA DEMANDA Luego de efectuar una breve relación de antecedentes en sede administrativa, la entidad demandante alegó los siguientes agravios:
Sostuvo que existe incumplimiento del plazo dispuesto en el art.
104 del Código Tributario Boliviano (CTB), emitiéndose la Vista de Cargo AN/GRSZ/UF/VISCAR/413/2023 de 12 de julio fuera del plazo, afectando la validez del acto y los derechos fundamentales del administrado, como el derecho a la defensa y al debido proceso,
no pudiendo ser considerado como un mero deber formal.
Manifestó que, tanto la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) como la AGIT omitieron la valoración y consideración de elementos esenciales como la cantidad, calidad, nivel comercial y origen de la mercancía, al aplicar los precios de referencia, afectando la correcta valoración de la transacción, máxime si los valores referenciales considerados por la Aduana Nacional (AN), fueron extraidos de una empresa de trading.
Afirmó que el valor considerado para la sustitución del precio real con el cual adquirió la mercancía declarada para los items 1 al 11 y 18 al 20, carece de relación con las caracteristicas intrínsecas de la mercancia, incluyendo el volumen de la compra, la composición y el tipo de tela importada, resultando improcedente y carente sustento legal la sustitución de valor real de compra por un valor referencial determinado de forma discrecional, considerando que no constan en antecedentes las cotizaciones emitidas por las empresas de trading y la fuente de referencia utilizada www.alibaba.com constituye un mercado internacional de compraventa de productos, principalmente de origen asiático.
Adujo que los precios referenciales no fueron notificados junto con la Vista de Cargo, dejándolo en indefensión y vulnerando sus derechos constitucionales, efectuando una sustitución del valor de la mercancia adquirida fruto de una negociación efectiva entre el comprador y vendedor; además, se limitó a exponer el dato de fuente externa, sin describir a qué fuente externa se refiere, transcribiendo las mismas cantidades declaradas en la factura comercial y Declaración Única de Importación (DUI), empero los valores corresponden a productos consultados en página de Alibaba, que no son precios fijos, dependiendo de varios factores y no pueden ser considerados como precios Free On Board (FOB).
Manifestó que los documentos presentados cumplen todos los requisitos de la normativa, no existiendo motivo para sustentar la
existencia de deuda tributaria, habiendo probado el valor de transacción de la mercancía sujeta a control, correspondiendo aplicar el primer método de valoración, utilizando criterios arbitrarios y ficticios para la determinación del valor de mercancías importadas.
Refirió que la AN tiene la obligación de fundamentar sus decisiones en datos objetivos y cuantificables; sin embargo, existe discrecionalidad en contra de la legalidad y validez del acto administrativo, exponiendo un factor de riesgo de precios ostensiblemente bajos, sustentado en valores inferiores a los precios referenciales registrados en la AN, sin ser debidamente contrastados ni analizados con las características específicas de las mercancías importadas, ni con el contexto comercial en el que se realizó la operación.
Sostuvo que los valores referenciales considerados carecen de análisis técnico detallado que permita justificar de manera objetiva su aplicación, evidenciando un vicio en la motivación del acto administrativo, existiendo una falta de identificación de la fuente utilizada para determinar el valor, sumada a la falta de análisis técnico fundamentado, entonces desconoció el origen y la naturaleza de las fuentes externas, siendo obligación de la AN comprobar, demostrar y dejar constancia sobre los fundamentos objetivos que justifican todas las observaciones para sustentar la duda razonable respecto al valor declarado.
Precisó que en ninguno de los antecedentes se encuentra constancia de la especificación del método de valoración aduanero aplicado ni las técnicas que motivaron el rechazo de los métodos anteriores al elegido, transgrediendo los principios de legalidad y seguridad jurídica; además, extrañó que todas las cantidades de las mercancías consideradas en los precios referenciales son exactamente iguales a las importadas, cuando la información registrada no es real ni guarda relación con los respaldos adjuntos.
Reiteró que no existió transparencia en el accionar de la AN, no proporcionando un análisis técnico y comparativo de las condiciones comerciales de la mercancía que aporta el precio referencial para identificar si la misma fue adquirida bajo los mismos parámetros y condiciones comerciales que se reflejan en el precio de adquisición de un producto, no existiendo una negociación efectiva, evidenciando capturas de pantalla que no permiten constatar la fecha efectiva de la consulta en páginas de internet, además que todos los valores referenciales extraídos señalan dos posibles valores y la AN en todos los casos considera al más alto para efectuar con la comparación del valor, ni estableció la cantidad necesaria a adquirir para su consideración.
Manifestó que la falta de notificación de las pruebas relevantes constituye una violación del debido proceso, siendo que la AN tiene la obligación de garantizar que los administrados tengan acceso a toda la información necesaria para poder defenderse; además, refirió que la Resolución carece de una justificación clara y objetiva que explique las razones de la decisión y los criterios utilizados, lo que implicó una violación al principio de sometimiento a la ley.
Concluyó solicitando que se declare probada la demanda contenciosa administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT - Rd NN 1835/2024 y consecuentemente, mantenga firme y subsistente el valor declarado de la DUI N 2018/701/C-30837.
II CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
La AGIT, representada por Katia Mariana Rivera Gonzales, por memorial de fs. 107 a 113 vta., contestó negativamente la demanda, en mérito a los siguientes argumentos:
Refirió que, la demanda no cumplió con los presupuestos esenciales propios de un proceso contencioso administrativo, debiendo tener presente la jurisprudencia constitucional establecida en las Sentencias N 238/2013 de 5 de julio y 32/2016
de 20 de octubre, ameritando se declare improbada por no demostrar jurídicamente cuales son los agravios causados con la decisión asumida.
Indicó que la demanda incoada expone argumentos inconducentes, imprecisos y confusos, no evidenciando alegación alguna que enerve lo dispuesto por la Resolución Jerárquica demandada, constituyendo un impedimento para el ingreso al fondo de la demanda, al no poder suplir la carga argumentativa de una demanda; máxime, si omite hechos y solo emite criterios subjetivos sin hacer una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la vulneración causada, enumerando pretensiones inconducentes, sin mayor explicación.
Sostuvo que la Resolución de Recurso dJerárquico ahora demandada efectuó un análisis y valoración de los agravios expuestos en su contenido y de los antecedentes que dieron lugar a la emisión del acto recurrido, en sujeción a la normativa aplicable. Agregó, que existió pronunciamiento sobre el incumplimiento del plazo y la aplicación de intereses, considerando lo dispuesto por el art. 99 del Código Tributario Boliviano (CTB), no existiendo lesión al derecho a la defensa.
Aseguró que efectuó una fundamentación de lo expuesto por la instancia de Alzada, misma que se refirió a la vulneración al derecho al debido proceso y derecho a la defensa, además de fundamentar acerca de la duda razonable, los métodos de valoración y la aplicación de valores de sustitución, de conformidad a los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo;
aclarando que, ante la notificación de la Vista de Cargo, no presentó descargos que desvirtúen la contravención tributaria por Omisión de Pago, desestimando lo señalado por el Sujeto Pasivo en su recurso jerárquico.
Sostuvo que los agravios respecto a la incompleta notificación de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, al obviar fojas,
ademas de la aplicación de la Resolución de Directorio (RD) N 02- 0060-19 y que la transacción comercial contiene todos los elementos que demuestran el valor de transacción, no fueron planteados por el importador en su Recurso de Alzada, no correspondiendo su consideración.
Solicitó que este Tribunal declare improbada la demanda contenciosa administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución Jerárquica AGIT-RJ N 1835/2024 de 9 de diciembre, emitida por la AGIT.
IV. APERSONAMIENTO DE TERCERO INTERESADO
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