SE/0068/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA N° 68

Sucre, 3 de agosto de 2020

Expediente: 383/2017 - CA

Demandante: Albino Omar X

Demandando: Autoridad General de Impugnación Tributaria

Proceso: Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: AGIT-RJ 1097/2017 de 29 de agosto

Magistrado Relator: Lic. José Antonio Revilla Martínez

Emitida dentro del proceso contencioso administrativo seguido a demanda de Albino Ornar X contra la Autoridad de Impugnación Tributaria.

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 264 a 271, interpuesta por Albino Ornar X, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1097/2017 de 29 de agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la contestación de fs. 279 a 291, la réplica de fs. 303 a 306, la dúplica de fs. 310 a 313, el decreto de Autos de fs. 323; los antecedentes del proceso en sede administrativa; y,

I. DEMANDA y ADMISIÓN

Luego de efectuar una relación de los antecedentes, la entidad demandante fundamentó señalando lo siguiente:

Falta de motivación en la resolución impugnada, que viola el debido proceso en su elemento derecho a la defensa, previsto en el art. 68-6 y 7 del Código Tributario Boliviano (CTB) y arts. 115-11 y 117-1 de la Constitución Política del estado (CPE); en razón a la reiteración indiscriminada de los antecedentes, sin ningún análisis jurídico o técnico, pues sólo en cuatro párrafos de 29 hojas, se encuentra una redacción propia, el resto de la Resolución es una reiteración Textual de los antecedentes y de la Resolución de alzada, además de partes de su recurso jerárquico, aspecto que vulnera el derecho a la defensa en su elemento del derecho a la fundamentación, puesto que la simple relación de antecedentes, no significa que la Resolución esté fundamentada y motivada, conforme señala la Sentencia Constitucional (SC) N° 1461/2011-R de 10 de octubre.

Refirió que lo señalado anteriormente, es una contraposición entre el interés público contra el privado, provocado por la falta de fundamentación, y que demuestra la ilegalidad del acto administrativo, que demuestra que la Resolución impugnada es gravosa.

Vulneración del principio de verdad material previsto en los arts. 200-1 del Código Tributario Boliviano (CTB-2003) y 180 de la CPE, puesto que a partir de la página 209, recién puede encontrarse la redacción propia a la que se hizo referencia en el punto anterior; empero, violando el principio de verdad material, la afirmación contenida en dicha redacción (transcribe el párrafo completo), es incongruente con los agravios planteados en el recurso jerárquico, que no fue planteado en la forma y en el petitorio, no se pidió que se anule la Resolución de alzada por falta de pronunciamiento; sino que la autoridad se digne a pronunciarse con términos legales, la razón por la que no era posible la aplicación de la verdad material. Esa falta de fundamentación viola su derecho a la defensa, pues no existen argumentos de los que pueda defenderse.

El recurso jerárquico estuvo dirigido al fondo de la calificación por, contrabando contravencional, porque la realidad de los hechos muestran que su persona ingresó al país como turista y no introdujo el vehículo con fines de cometer ningún ilícito, por lo que demandó la aplicación de la verdad material que se demostró con hechos y documentación (efectuó una relación de los antecedentes); empero, no se quiere ingresar a revisar lo evidente y menos considerar que, la verdad material, por lo general se contrapone con la normativa con la que se impugna la comisión de un ¡lícito, debiendo el juzgador buscar la verdad material de los hechos que se constituye en un aspecto de fondo, por cuanto, su persona no negó la falta o inexistencia del formulario SIVETUR ni de su normativa, pero si se amparó en el principio de verdad material que se encuentra establecido y protegido en la Constitución Política del Estado, que en su país, tiene primacía contra cualquier otra resolución de rango inferior, al igual que establece la Constitución boliviana.

Sin embargo, la AGIT realizó un simple "chek list", sin emitir criterio; ello se advierte cuando señala: "...la cual si bien no es extensa, no deja de ser el análisis que fundamentó la decisión de la instancia del Alzada", dando con ello, por correcta dicha Resolución, sin explicar el por qué, desconociéndolo o establecido por el art. 139 del CTB-2003.