SE/0069/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA N° 69

Sucre, 3 de agosto de 2020

Expediente: 031/2017 - CA

Demandante: Crown Mining Bolivia SRL

Demandado: Ministerio de Minería y Metalurgia

Proceso: Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: 253/2016 y 256/2016

Magistrado Relator: Lic. José Antonio Revilla Martínez

Emitida dentro del proceso contencioso administrativo seguido a demanda de Crown Mining Bolivia SRL contra el Ministerio de Minería y Metalurgia.

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 58 a 65, reiterada de fs. 99 a 106, interpuesta por la Sociedad Comercial Crown Mining Bolivia SRL, representada por Ariel Morales Vásquez y Daniel Rafael Humerez Egüez, impugnando la Resoluciones de Recurso Jerárquico N° 253/2016 y 256/2016, emitidas por el Ministerio de Minería y Metalurgia, la contestación de fs. 231 a 238, la intervención del tercero interesado de fs. 242 a 248, la réplica de fs. 254 a 260, el decreto de Autos de fs. 270; los antecedentes del proceso en sede administrativa y jurisdiccional:

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA y ADMISIÓN:

Luego de efectuar una relación de antecedentes, la entidad demandante fundamentó señalando lo siguiente:

Aplicación retroactiva de la Ley N° 403, violación del art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), vicio de nulidad de pleno derecho del inc. d) del parágrafo I del art. 35 de la Ley N° 2341

Las Resoluciones Jerárquicas impugnadas, así como las del recurso de revocatoria y las de reversión, se fundamentaron en los arts. 2 y 3 de la Ley N° 403 de 18 de septiembre de 2013. En el caso, los derechos extinguidos emergentes de las autorizaciones y contratos de arrendamiento datan del 26 de febrero de 2013; es decir, aproximadamente 6 meses antes de la entrada en vigencia de las normas legislativas de reversión, cuya Ley que las estatuyó, entró en vigencia el 18 de septiembre de 2013; en consecuencia, la autoridad administrativa en el área denominada "Los clavillos uno", ubicada en el cantón San Ramón, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, para revertir los derechos mineros de la Sociedad Comercial, aplicó retroactivamente la señalada Ley, a hechos ocurridos y derechos otorgados con anterioridad a su vigencia, en violación y contradicción del art. 123 de la CPE; siendo que, el régimen jurídico, sustantivo y procesal que debió aplicarse para adoptar decisiones extintivas de sus derechos mineros emergentes de las autorizaciones y contratos de arrendamiento, en base a la supuesta inexistencia de actividades mineras, es el art. 370-V de la CPE, que estaba vigente con anterioridad y en el momento de las autorizaciones y contratos de arrendamiento; y que además, se ajusta a las cláusulas y prescripciones de los contratos de arrendamiento en lo relativo a la resolución de los mismos, en sus aspectos sustantivos y procedimentales.

El art. 35-1 inc. d) de la Ley N° 2341, prescribe que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que sean contrarios a la Constitución Política del Estado, de ahí que, son nulas todas las resoluciones emitidas en el caso presente, al aplicarse retroactivamente el régimen de reversión de la Ley N° 403, como fundamento jurídico de las mismas.

Violación del art. 370-V de la CPE, vicio de nulidad de pleno derecho del art. 35-1 inc. d) de la Ley N° 2341

La norma constitucional citada, establece una obligación específica a cargo de los beneficiarios de los contratos mineros, la de desarrollar la actividad minera para satisfacer el interés económico social; así como también establece una consecuencia jurídica específica para el caso de incumplimiento de esta obligación, cual es la resolución inmediata del contrato; no hace referencia a la figura de la reversión.

En el caso, la autoridad administrativa, dispuso la reversión de los derechos mineros de Crown Mining Bolivia SRL, con el fundamento de la supuesta inexistencia de actividad minera, aspecto que constituye el supuesto de hecho del art. 370 de la CPE y que configura la específica obligación constitucional; por lo tanto, ante un supuesto incumplimiento de esta obligación, correspondería la resolución del contrato, no así la reversión; resolución que debió haber sido promovida por la única autoridad competente que es COMIBOL, como contraparte de los contratos de arrendamiento y no de la autoridad jurisdiccional minera; por ello, al haberse aplicado retroactivamente el régimen de la reversión de la Ley N° 403, se violó la norma constitucional citada.

El régimen de la resolución de contratos mineros en caso de incumplimiento de la obligación constitucional señalada, está desarrollado en los contratos de arrendamiento suscritos con COMIBOL, razón por la cual, ésta entidad es la única autoridad administrativa competente para ello, y en caso existir un real incumplimiento de la obligación, la Sociedad no hubiera tenido inconveniente jurídico para haber dispuesto la aplicación de dicho régimen resolutorio, conforme establece la Cláusula décimo novena del contrato.