Texto del fallo
3TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 69/2026 Sucre, 19 de mayo de 2026
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES
Expediente : 82/2024
Demandante : GADOR SA
Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
Proceso : Contencioso Administrativo
Resolución : Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023
Impugnada de 25 de julio
Relator : Meda. Rosmery Ruiz Martínez I. VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fs. 72 a 80 vta.
con la subsanación de fs. 91 a 92, interpuesta por GADOR SA, a través de su representante legal, impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, de fs. 1 a 15, emitida por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual; el Auto de Admisión de 29 de abril de 2024 a fs. 93; la contestación de la entidad demandada de fs. 317 a 322; la incomparecencia del tercero interesado, empresa Específicos Stendhal SA de CV pese a su legal notificación; el Auto Interlocutorio de 22 de octubre de 2025 de fs. 369 a 371, que dispuso prescindir solicitar interpretación prejudicial conforme el art. 136.a) de la Decisión 486 de la presente causa al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y también dispuso Autos para Sentencia de fs. 369 a 371; los antecedentes administrativos y procesales.
IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA
La demanda Contencioso Administrativa de fs. 72 a 80 vta., interpuesta por GADOR SA (GADOR), a través de su representante legal, contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, expone, en lo principal, los siguientes argumentos:
Señaló que la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, al ratificar la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV- 154/2022 de 1 de diciembre y esta, a su vez, la Resolución Administrativa 196/2019 de 30 de abril, constituye una desviación significativa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que a su vez implica una vulneración al derecho al debido proceso, particularmente en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia.
Sostuvo que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) desatendió los argumentos presentados por GADOR en la respuesta a la demanda inicial y en los sucesivos recursos administrativos.
Asimismo, indicó que la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- 154/2023 de 25 de julio, reconoció el término REL como de uso común, pero lo incluyó erróneamente en el análisis comparativo de marcas, en contravención a la jurisprudencia del Tribunal Andino.
Posteriormente, sostuvo la obligatoriedad de aplicación de la normativa andina, citando el art. 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina codificado mediante Decisión 472, y los arts. 2 y 3 de dicho instrumento. También citó el Proceso 433-1IP-2018, relativo al principio de preeminencia de la normativa comunitaria sobre las normas internas o nacionales.
Indicó que las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina integran el ordenamiento jurídico andino y obligan a las autoridades nacionales, incluido el SENAPI, a alinear sus decisiones con dicha jurisprudencia.
En cuanto al término de uso común RELT, manifestó que el SENAPI debía considerar que la marca opositora era una marca débil, razón por la que no podía ser considerada como marca base de oposición para denegar el registro de la marca solicitada. Citó el Proceso 072-IP- 2012, referido a la marca débil, y señaló que un signo registrado puede hacerse débil si uno de los elementos que lo integran es de carácter genérico o de uso común.
Expuso que existían registros con la partícula REL al inicio de varias marcas dentro de la clase 5 de Niza, mencionando, entre otros, RELIDAS, RELIKIA, RELISTOR, NEURALIN RELIEF, RELISPRAY y RELIVIAN, con diferentes titulares. Con base en ello, sostuvo que la empresa opositora no podía impedir el registro de una marca por contener una partícula de uso común utilizada en la vocal inicial de varias marcas de la clase 5.
También citó el Proceso 26-IP-2004 y doctrina de Jorge Otamendi sobre partículas de uso común, señalando que no existen reglas establecidas respecto a la cantidad de marcas registradas necesarias para considerar una partícula como de uso común, y que esas particulas son marcariamente débiles. Luego citó el Proceso 559-IP- 2019, referido a partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.
También sostuvo que, al tratarse RELI de una partícula de uso común, corresponde excluirla del cotejo marcario. En ese sentido, afirmó que dicho argumento fue omitido por el SENAPI en la Resolución Administrativa 196/2019 de 30 de abril y en la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-154/2022 de 1 de diciembre, vulnerando su derecho a obtener una resolución administrativa debidamente motivada; por lo que solicitó la nulidad de obrados hasta la Resolución Administrativa 196/2019 de 30 de abril, al considerar que dicha omisión habría derivado en un incorrecto análisis de cotejo
marcario y en la vulneración del debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia.
Añadió que la autoridad jerárquica, mediante la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, reconoció la debilidad del término REL, al señalar que, ante la existencia de múltiples registros que contienen dicha partícula dentro de la clase 5, se entendía que se trataba de una partícula de uso común; sin embargo, pese a esa conclusión, realizó una incorrecta valoración y aplicación de las directrices y lineamientos del ordenamiento jurídico andino desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Posteriormente, desarrolló el argumento referido a la inaplicabilidad de la Interpretación Prejudicial 475-IP-2018 al caso, señalando que para aplicarla debía existir una verdadera imposibilidad de cotejo marcario. Indicó que, en el caso concreto, existen elementos distintivos en las marcas en conflicto, correspondientes a VIAN y VERAN, que permiten realizar el cotejo considerando aspectos visuales y fonéticos.
Finalmente, sostuvo que, al ser la partícula RELI de uso común y encontrarse ubicada al inicio de la marca registrada, el cotejo debe realizarse entre VIAN y VERAN, afirmando que la marca RELIVERAN es distintiva y puede coexistir en el mercado con las marcas registradas que contienen el término RELI. Señaló que las marcas en conflicto son diferentes fonética y visualmente, debido a la posición que ocupa cada letra en la conformación de las marcas denominativas.
Solicitó que se declare PROBADA la demanda contenciosa administrativa; se revoquen la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-154/2022 de 1 de diciembre y la Resolución Administrativa 196/2019 de 30 de abril; se declare improbada la
demanda de oposición interpuesta por ESPECÍFICOS STENDHAL, S.A. DE C.V. y LABORATORIOS SLAVAT S.A. contra la solicitud de registro de la marca RELIVERAN, denominación, clase internacional 5, solicitud SM-01989-2015, publicación 177190; y se instruya a la entidad demandada emitir nueva resolución administrativa que resuelva el recurso jerárquico conforme a los lineamientos jurídicos vigentes.
III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Mediante memorial de fs. 317 a 322, el SENAPI, en su condición de entidad demandada, a través de su representante legal, respondió negativamente a la demanda, exponiendo en lo principal lo siguiente:
Señaló que la Resolución Administrativa impugnada se encuentra debidamente fundamentada y motivada, toda vez que, si bien se verificó en la base de datos del SENAPI la existencia de múltiples registros con la partícula RELT dentro de la clase internacional 5, por lo que se la consideró de uso común, su exclusión podía descomponer los signos RELIVERAN y RELIVIAN de tal manera que impediría realizar una comparación real, conforme al criterio asumido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 475-IP- 2018.
Sostuvo que, por ello, correspondía realizar excepcionalmente el cotejo marcario de ambos signos en su conjunto, tomando en cuenta los criterios desarrollados en los Procesos 174-1IP-2020, 384-IP-2016 y 19- 1P-2022, referidos al cotejo de signos denominativos y al riesgo de confusión o asociación.
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