SE/0071/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia N° 71

Sucre, 03 de agosto de 2020

Expediente: 350/2017-CA

Demandante: Marco Antonio Zambrana Paz

Demandado: Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Tipo de Proceso: Contencioso Administrativo.

Resolución Impugnada: AGIT-RJ N° 1050/2017 de 21 de agosto.

Magistrado Relator: Lic. José Antonio Revilla Martínez

Emitida dentro del proceso contencioso administrativo seguido a demanda de Marco Antonio Zambrana Paz, contra Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT):

VISTOS. La demanda contenciosa administrativa de fs. 26-"A" a 33, interpuesta por Marco Antonio Zambrana Paz, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico N° 1050/2017 de 21 de agosto, emitida por la AGIT, representado por Daney David Valdivia Coria, contestación a la demanda de fs. 121 a 131; el apersonamiento del tercer interesado de fs. 170; la réplica de fs. 135 a 137; la dúplica de fs. 157 a 162; los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada.

I ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

El actor Marco Antonio Zambrana Paz, luego de realizar una relación de los antecedentes, señaló:

Primero. - La mercancía no amparada, consistente en televisores, MP4, rollos de tela, fue ingresada por Moisés Terrazona Rojas, sin autorización, conocimiento o consentimiento de su persona, y de manera ¡legal y arbitraria, ocasionándole gravísimos perjuicios económicos, porque sería propietario únicamente del medio de transporte Tracto Camión, Marca Volvo, origen EEUU, color Verde, Chasis 4V4NC9GH45N398549, Año de fabricación 2005, Placa de control 2486 RRK, con su respectiva chata o semirremolque así como el Container 1X40 MEGA 752451-3 STC: 2006 y además, de ser responsable de la importación legal para la nacionalización de tres vehículos que eran trasladados en este Container con destino final a la Aduana Zona Franca Industrial Santa Cruz, motivo por el cual debe tenerse presente que al no ser esa mercadería de su propiedad no presento documentación alguna.

Segundo. - Mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 0736/2016 de 5 de julio de 2016, se dispuso la anulación de la Resolución de Recurso de alzada ARIT- LP/RA N° 0289/2016, con reposición hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional en la que debió contener la descripción de la mercancía comisada y establezca la acción u omisión en la que habría incurrido el sujeto pasivo, para adecuar su conducta al ilícito de contrabando, aplicando la normativa vigente al momento de la intervención.

Es así que la Administradora Tributaria Aduanera (ATA), emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-0006/11, de 25 de noviembre de 2016 haciendo caso omiso a esta determinación de la AGIT; y esto se evidencia a simple lectura del Acta de Intervención, en la que habría hecho una mención superficial de la mercadería consistente en tres vehículos, los cuales se encontraban siendo transportados en el Container; sin especificar, si éstos, independientemente de los daños en su exterior funcionan o no, y si se tratarían de vehículos siniestrados, peor aún ni siquiera se mencionaría la norma o la Ley que establezca su comiso; más aún, cuando refiere de manera contradictoria que este tránsito estaría amparado en un MIC/DTA y se le habría exhibido documentación aduanera, violentando nuevamente el art. 96 parágrafo II de la Ley N° 2492 y 66-e) del Decreto Supremo (DS) N° 27310.

Por otra parte en el Informe de Cotejo Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-003/2017 de 3 de febrero de 2017, la Técnico Aduanero realizó una "evaluación de las pruebas presentadas", según rezaría la propia Resolución Sancionatoria, pagina 2 pero únicamente se limitó a transcribir artículos y normativa, sin mencionar si quiera la documentación de descargo ofrecida y detallar una a una, otorgándole valor probatorio correspondiente, más aun, cuando esta documentación establece fehacientemente y de manera expresa que, los vehículos ingresados a territorio nacional "no son siniestrados". Además, que no se refiere de cómo o de qué manera se habría incumplido con los requisitos y formalidades aduaneras y más aún qué valor probatorio tiene el MIC/DTA y la documentación aduanera adjunta; en el que establece, de manera inequívoca que la mercancía se trata de vehículos No siniestrados, con volante original a la izquierda.

Por el error de fechas en el Acta de Intervención Contravencional consignado como 21 de mayo de 2011, cuando en realidad es 25 de noviembre de 2016, les deja en incertidumbre de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) hubiese realizado una correcta revisión de los antecedentes administrativos, causándole inseguridad jurídica.

Tercero. - La Resolución Jerárquica habría señalado que en la resolución de alzada se habría realizado una valoración integral de todo lo actuado, algo que es totalmente falso; porque que en ningún momento, hizo mención a la documentación existente en los antecedentes administrativos, consistente en facturas y documentación relativa a otros motorizados que fueron reparados exteriormente en la Aduana Zona Franca Industrial Santa Cruz, que también presentaban abolladuras en su exterior y que existirían miles de vehículos bajo la misma situación que los suyos que fueron nacionalizados, sin haber tenido que pagar ninguna multa ni sanción, incluso algunos con alteraciones estructurales como los conocidos transformes (que no es el suyo), que fueron nacionalizados bajo este Decreto Supremo, tampoco sancionados o multados como pretende en su caso la Administración Aduanera.

Cuarto - El art. 17 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), DS N° 25870 en su último párrafo refiere: "Que, en el caso de vehículos automotores siniestrados, se exigirá una certificación de la autoridad competente de la Policía Nacional (Certificado de Vialidad) independiente de la comprobación efectuada por la Administración Aduanera". Inclusive el art. 23 del párrafo segundo del DS N° 28963 establece que en casos excepcionales y debidamente justificados y cuando el vehículo requiera operaciones adicionales para el cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales, la Administración Aduanera (AA) podrá autorizar el traslado del mismo a una zona franca industrial para la realización de las operaciones necesarias, para el cumplimiento de las referidas condiciones y el respectivo despacho aduanero.

Las funciones y atribuciones de los funcionarios aduaneros se encuentran enmarcadas en la Ley N° 1990 y en la Ley N° 2492, es decir, su trabajo se rige en la determinación de "Tributos Aduaneros" y si los mismos fueron cancelados por los sujetos pasivos al momento de la importación o exportación de mercancías previo cotejo físico documental y conforme a las formalidades y regímenes aduaneros previstas en tales disposiciones legales; en ninguna parte de esas normas, se indica que los funcionarios aduaneros están facultados para realizar pericias y/o peritajes técnicos de los vehículos y mucho menos que se encuentren técnicamente facultados para certificar y dar fe sobre el hecho de un vehículo sea siniestrado o no.