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TSJ

SE/0074/2026

Tribunal Supremo de Justicia
20 de mayo de 2026Sala Social 1era
Proceso
Proceso Contencioso Administrativo

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 74/2026 Sucre, 20 de mayo de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 101/2025-CA Demandante : Elida Alelí Alcón Guarachi Demandado : Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL Proceso : Contencioso Administrativo Resolución Impugnada : Resolución de Recurso Jerárquico 2/2025 de 17 de febrero Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fs. 114 a 120 subsanada a fs. 125, interpuesta por Elida Alelí Alcón Guarachi en contra de la Corporación del Seguro Social Militar - COSSMIL, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico 2/2025 de 17 de febrero de fs. 42 a 49; la contestación a la demanda de fs. 175 a 179 vta.; la Réplica de fs. 237 a 240 vta., la Dúplica de fs. 253 a 254; el proveido que decretó Autos para Sentencia a fs. 256. Se deja constancia, que en el presente proceso no concurren terceros interesados; los antecedentes del proceso administrativo interno, todo lo obrado y todo lo que convino ver y se tuvo presente para dictar la presente resolución.

IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA 1. La demandante sostuvo que el proceso administrativo sancionador se sustentó en el Reglamento Interno de Personal (RIP) de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) aprobado mediante Resolución 30/2011 de 1 de diciembre, imputándole la presunta contravención de los arts. 15.a) y 18.b) y 1), y sancionándola con 30 días de suspensión sin goce de haberes bajo el art. 43.c).

Denunció que dicho reglamento es inaplicable ya que contraviene normas de orden público de mayor jerarquía, como el art. 200 de la Ley

de Seguridad Social Militar (LSSM) y el art. 123 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), las cuales reconocen que el régimen imperante para el personal civil en la entidad es la Ley General del Trabajo (LGT). Para respaldar esta postura, citó la Resolución de Junta Superior de Decisiones 17/2020 de 8 de octubre, que establece expresamente la inexistencia de una política laboral en COSSMIL mediante resolución expresa. Además, apoyó su argumento citando amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (, , , entre otros, sin señalar fechas ni salas emisoras), la cual declara la inexistencia de un Régimen Sector Defensa y ampara la plena aplicación de la LGT.

2. Alegó que la sanción de suspensión por treinta (30) días resulta completamente desproporcionada, al basarse en presuntos hechos que en su momento fueron consentidos por sus superiores y por los que nunca recibió una amonestación previa, inobservando los arts. 40 y 41 del propio RIP, que prevén la Amonestación Escrita como primera sanción obligatoria ante faltas leves o graves.

Sostuvo que, mediante prueba documental (carta cursante a fs. 86), interrumpió una licencia médica devolviendo 10 xdías para reincorporarse a sus labores, pero la entidad, de forma injustificada, le imputó esos días como excedente de vacaciones. Subrayó que los permisos solicitados respondieron a urgencias médicas debidamente acreditadas por su historial clínico e informes de salud ocupacional, los cuales fueron ignorados, poniendo en grave riesgo su derecho fundamental a la salud resguardado por el art. 18 de la Constitución Politica del Estado (CPE).

Aclaró también que la imputación de días excedentes de vacación correspondía, en todo caso, a la gestión 2023 y no a la 2022, evidenciando un accionar fundamentado en subjetivismos.

3. Argumentó que las autoridades administrativas emitieron sus resoluciones bajo una apreciación probatoria parcializada e infundada;

ignorando sus pruebas de descargo y soslayando el debido proceso en sus vertientes de seguridad jurídica, congruencia, y derecho a la

valoración razonable de la prueba, garantías consagradas en el art. 115 de la CPE. Para sustentar este extremo de inobservancia probatoria, invocó la línea jurisprudencial vinculante del Tribunal Constitucional Plurinacional (Sentencia Constitucional (SC) 160/2010-R, Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 487/2014, y , sin señalar fechas ni salas emisoras).

Por todo lo expuesto, solicitó que se declare PROBADA la Demanda Contenciosa Administrativa y, en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 2/2025 de 17 de febrero, la Resolución de Recurso de Revocatoria U. y la Resolución Sumarial Final U.. Impetró que se disponga su absolución total de los cargos levantados por no existir falta alguna, o en su defecto, que se emita un fallo con base en el principio de proporcionalidad reduciendo la sanción a una llamada de atención, declarándose a su vez la nulidad e inaplicabilidad del RIP de COSSMIL.

III. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La entidad demandada, COSSMIL, mediante su representante legal, se apersonó y contestó negativamente a la Demanda Contenciosa Administrativa, exponiendo y detallando los siguientes argumentos orientados a sostener la legalidad y corrección de la resolución impugnada.

1. Rechazó enfáticamente que las resoluciones emitidas carezcan de fundamento o sean una mera repetición, sosteniendo que el procedimiento no provino de una potestad discrecional, sino de facultades regladas en el marco del Decreto Supremo (DS) 23318-A, la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y el Reglamento Específico de Responsabilidad Administrativa de COSSMIL. Adujo que cada instancia (Sumarial, Revocatoria y Jerárquica) realizó un análisis y fundamentación independiente de acuerdo a su naturaleza. Asimismo, aseguró que durante todo el proceso se respetaron las garantías constitucionales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, siendo las resoluciones plenamente congruentes con los hechos tipificados.

2. En respuesta a la supuesta vulneración del derecho a la salud establecido en el art. 18 de la CPE, señaló que sí se evaluó toda la prueba preconstituida (boletas de permiso, historial clínico, partes diarios y certificados médicos); de dicha evaluación se concluyó objetivamente que Únicamente cuatro permisos correspondían a conceptos de salud, difiriendo el resto de los días ausentados. Por lo tanto, argumentó que el delicado estado de salud reflejado en el historial clínico no constituye una justificación para contravenir la normativa de forma reincidente, remarcando que la salud es considerada en el contexto de la aplicación de la norma, pero no como una razón automática para no cumplir u omitir la norma.

3. Argumentó que la sanción no es desproporcionada ni arbitraria, puesto que la conducta de la actora se subsume exactamente en una falta tipificada. Señaló que el art. 43.c) y su último párrafo del RIP de COSSMIL establecen expresamente que por Sobrepasar el tiempo de su Permiso y/o Licencia los empleados civiles pueden ser suspendidos hasta un máximo de 30 días sin goce de haberes mediante Proceso Administrativo. Esta sanción obedece a la ponderación del hecho y busca garantizar el cumplimiento de los deberes de eficacia, eficiencia, transparencia y licitud previstos en el art. 3 del DS 23318-A.

4. La entidad demandada califica de forzada y de errada interpretación la pretensión de la actora de ampararse en la LGT para evadir responsabilidades disciplinarias; advirtiendo que la solicitud de declarar la nulidad e inaplicabilidad del RIP de COSSMIL escapa a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa; argumentó que, por imperio de la Ley 620, la Sala se especializa en materia contenciosa administrativa, pero la declaración de inconstitucionalidad de una norma que ha seguido su procedimiento de compatibilización corresponde de manera exclusiva al Tribunal Constitucional Plurinacional; en tanto esto no ocurra, el Reglamento goza de presunción de legalidad y constitucionalidad.

Por todos los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos, la parte demandada solicitó a las autoridades jurisdiccionales que declaren

IMPROBADA la Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por la actora y mantengan firme la sanción impuesta. De igual manera, impetró que se conceda la ampliación de plazos procesales en razón de la distancia, considerando los 541 kilómetros existentes entre la ciudad de La Paz y la ciudad de Sucre.

IV. DE LA RÉPLICA Y DÚPLICA

De la Réplica

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Datos del proceso

Demandante
Elida Aleli Alcon Guarachi
Demandado
Corporación del Seguro Social Militar - Cossmil.
Proceso
Proceso Contencioso Administrativo
Magistrado relator
Rosmery Ruiz Martinez
Tribunal Supremo de Justicia20 de mayo de 2026SE/0074/2026Fuente oficial