Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA SENTENCIA N 81/2026 Sucre, 09 de junio de 2026
Expediente : 223/2025 Demandante : Asociación Accidental GRANUSA Demandado : Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Unidad de Coordinación y Ejecución del
Programa Más Inversión para Riego Mi
Riego Tipo de Proceso : Contencioso Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: La demanda contenciosa de fs. 100 a 113, interpuesta por la Asociación Accidental RGRANUSA, representada por Nelson Atilio Martinic Vásquez contra la Unidad de Coordinación y Ejecución del RPrograma Más Inversión para Riego Mi Riego (UCEP-MI RIEGO), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente Agua (MMAyA); la contestación presentada por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMyA), de fs. 207 a 216, fusionado actualmente al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente (MPDyMA); la calificación el proceso como contencioso de puro derecho, de fs. 260; la réplica de fs. 263 a 265; el Informe TSJSCCA-SAII-116/2026 de 20 de mayo, de Secretaria de Sala, sobre la no presentación de la dúplica, de fs. 264; el decreto de Autos para Sentencia de fs. 265; los antecedentes del proceso y todo lo que fue pertinente analizar.
IL CONTENIDO DE LA DEMANDA.
La Asociación Accidental GRANUSA, representada por Nelson Atilio Martinic Vásquez, argumentó lo siguiente:
Señaló que, la entidad pública demandada, al emitir la Nota UCEPMIRIEGO-455/CAR/25 recibida el 13 de mayo de 2025, que comunica la suspensión y resolución del contrato de manera unilateral, actuó con evidente abuso del derecho y arbitrariedad, de manera totalmente ajena e imprevisible para la Asociación Accidental demandante y con base en un acto personal atribuible a uno de sus asociados, mismo que, por su naturaleza, debió ser advertido por la Comisión de Calificación, misma que, realizó oportunamente el análisis y evaluación de los requisitos solicitados en el Documento Base de Contratación (DBC) correspondientes al CUCE 24-0086-10-1433270-3-1 y emitió el Informe de Evaluación y Recomendación INF/UCEPRIEGO /UCOOR N 0635/2024 de 22 de octubre, que originó la suscripción del Contrato Administrativo N 328/2024 de 13 de noviembre, para la ejecución del proyecto denominado ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARCELARIO, ZONA 4, DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, que en su Cláusula Décima 10.19, consignó el Certificado de Solvencia Fiscal N 750130 de la empresa SENSING SRL; y, posterior Orden de Proceder de 20 de enero de 2025.
Sostuvo que, dicha decisión administrativa, vulnera el principio de buena fe, por cuanto la entidad pública demandada inició un procedimiento ilegal de cobro y ejecución de garantías contractuales, a pesar de constar en antecedentes el reconocimiento expreso de una decisión institucional previa que prohibía, bajo cualquier fundamento, la ejecución de las mismas.
Manifestó que la entidad demandada, pese a estar facultada para ejercer las prerrogativas que la ley le conferia, no podia ejercerlas de manera abusiva, ni con el propósito de causar un detrimento
patrimonial indebido a la Asociación Accidental GRANUSA, al pretender configurar una realidad material inexistente para obtener un beneficio económico ilegítimo mediante la ejecución irregular de las garantías de cumplimiento de contrato y de correcta inversión de anticipo.
Destacó que, la Nota UCEP-MIRIEGO-455/CAR/25, que comunicó la resolución contractual, invocó formalmente la Cláusula Décima Novena, numeral 19.3, relativa a fuerza mayor, caso fortuito o resguardo de los intereses del Estado, transcribiendo el apartado que facultaba a la entidad a resolver el contrato por causas no atribuibles a su voluntad o por razones de conveniencia estatal.
Precisó que, el abuso ejercido al resolver el contrato se concretó a través de la emisión de actos administrativos ultra vires, al activar mecanismos ejecutivos orientados al cobro de las garantías contractuales, desbordando los límites legales y contractuales para su procedencia, incurriendo de este modo en vías de hecho ilegales y contrarias a derecho; además de pretender ejecutar las garantías, identificando y calificando expresamente la existencia de fuerza mayor, como la causal de resolución del vínculo contractual.
Indicó que, conforme a la doctrina relativa a la fuerza mayor y a los arts. 376 y 1322 del Código Civil (CC), concordantes con el Decreto Supremo (DS) N 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBSABS), en el ámbito de la contratación administrativa, la concurrencia de la fuerza mayor opera como un eximente de responsabilidad para el contratista, circunstancia que impedia legalmente la imposición de sanciones como la ejecución de garantías, en ese caso, especificamente la de cumplimiento de contrato, cuya finalidad exclusiva era cubrir las faltas directamente imputables a la Asociación Accidental, circunstancia que no aconteció, por lo que, al fundar la resolución del Contrato
en razones de fuerza mayor, la Administración Pública carecía de base legal y de facultad unilateral para ejecutar las garantías contractuales.
Expresó que, la justificación de la entidad pública demandada, que argumentó un inexistente mejor interés del Estado, carece de la debida fundamentación y motivación, por cuanto implica una facultad excepcional del Estado para modificar o rescindir un contrato con el fin de salvaguardar el interés público, incluso ante la ausencia de un incumplimiento atribuible al Contratista, lo cual distaba de la situación planteada en el presente caso; por lo que, cuestionó dicha justificación al no tener ningún sustento objetivo que demuestre que, la decisión respondía a un fin superior; agregó que, la decisión de resolver el contrato, genera mayor erogación de recursos estatales que el hecho de dar continuidad y ejecutar totalmente el Contrato suscrito, concluyendo que es una resolución contractual carente de causa justa, motivación y fundamentación, y por ende ilegal.
Agregó que, se encuentra demostrado que se produjo un incremento real y verificable en los costos de materiales, insumos y mano de obra; fenómeno inflacionario de conocimiento público, plenamente reconocido por el Órgano Ejecutivo mediante la emisión del DS N 5321 de 23 de enero de 2025 y el DS N 5406 de 28 de mayo de 2025, de aplicación a los contratos de obras y contratos llave en mano en ejecución, que determinaron los reajustes de precios correspondientes, precisamente con la finalidad de velar por la continuidad de los proyectos de inversión pública.
Por otra parte, respecto a las pólizas de seguro de caución, citó la normativa sectorial aplicable para relievar que estas constituian contratos uniformes debidamente aprobados por la autoridad reguladora y que, por mandato de los arts. 979 y 982 del Código de Comercio (CC), que poseían fuerza de Ley entre las partes y de
cumplimiento obligatorio; precisó que la Póliza de Cumplimiento de Contrato, restringe la responsabilidad del fiador al pago del monto caucionado única y exclusivamente ante incumplimiento contractual directamente atribuible al afianzado; y, en armonía con el art. 4 de la Ley N 365, sostuvo que la garantía solo adquiere las condiciones de liquidez y exigibilidad ,cuando la resolución contractual derivara de causas imputables al contratista, debiendo determinarse de forma expresa el incumplimiento endilgado y el nexo de causalidad respecto a la afectación del contrato.
De este modo, resultó evidente que la referida comunicación no habría identificado ni imputado incumplimiento alguno a la Asociación Accidental, ni formuló observaciones técnicas sobre la ejecución de las obras; razón por la que no se habría configurado el presupuesto fáctico y jurídico esencial que viabilizaba la ejecución de las pólizas de garantias contractuales.
Finalmente, reiteró que la garantia de cumplimiento de contrato tenía por objeto asegurar la correcta ejecución de las prestaciones pactadas y en ningún caso cubrir contingencias, hechos o supuestas irregularidades acaecidas con anterioridad a la firma del contrato, siendo que en dicha fase precontractual, la verificación documental era de responsabilidad exclusiva de la Comisión de Calificación, habiendo operado además el principio de preclusión, al existir garantías específicas y exclusivas para dicho estadio, como la de seriedad de propuesta.
Con esos argumentos, concluyó solicitando lo siguiente:
- a)Se declare la ilegalidad, ineficacia y nulidad contractual y Jurídica de la resolución de contrato efectivizada por la entidad demandada mediante Nota Cite: UCEP-MIRIEGO-455-CAR/25 de 25 de abril, recibida por la Asociación Accidental GRANUSA el 13 de mayo de 2025, del Contrato Administrativo N 328/2024 para la ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARCELARIO ZONA 9 DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.
- b)Se declare la inejecutabilidad del cobro y la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, Póliza de Caución a Primer Requerimiento N UAR-SC101-8297-0 y sus renovaciones, emitida por la Aseguradora Fortaleza por el monto caucionado de Bs715.547,00.- (setecientos quince mil quinientos cuarenta y siete 00/ 100 bolivianos) y la Garantia de Correcta Inversión de Anticipo, Póliza de Caución a Primer Requerimiento N CIR-SCO101-17644- 1 y sus renovaciones, emitida por la Aseguradora Fortaleza por el monto de Bs2.050.133,00.- (dos millones cincuenta mil, ciento treinta y tres 00/100 bolivianos), como consecuencia -en su criterio de la ilegal y nula resolución contractual.
ce) Se ordene a la entidad demandada la recepción de todos los materiales y equipamientos adquiridos, según detalle y facturas adjuntas.
- d)Se condene al pago de daños y perjuicios por resolución contractual ilegal, arbitraria y carente de causa atribuible al demandante y por ausencia de legitimidad para exigir la ejecución de la garantia del contrato.
II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
Mediante memorial cursante de fs. 207 a 216, el entonces MMAyA, contestó la demanda contenciosa administrativa, exponiendo lo siguiente:
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