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TSJ

SE/0089/2026

Tribunal Supremo de Justicia
24 de junio de 2026Sala Social 1era
Proceso
Proceso Contencioso Administrativo

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

CAZA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 89/2026 Sucre, 24 de junio de 2026

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 387/2024

Demandante : José Luis Velarde Peláez

Demandado : Autoridad General de Impugnación

Tributaria Proceso : Contencioso Administrativo Resolución Impugnada : Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1205/2024 de 27 de agosto

Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS

La demanda Contenciosa Administrativa de fs. 11 a 35 vta., interpuesta por José Luis Velarde Peláez, inpugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1205/2024 de 27 de agosto de fs. 3 a l0, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria;

el memorial de contestación de fs. 45 a 52 vta. de la entidad demandada; el escrito presentado por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales a fs. 142 a 148 en su condición de tercero interesado; la providencia de Autos para Sentencia a fs.

240 de 4 de diciembre de 2025; los antecedentes administrativos y procesales que integran el expediente.

IL CONTENIDO DE LA DEMANDA El demandante José Luis Velarde Peláez, fundamentó la impugnación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1205/2024 de 27 de agosto, en los siguientes términos:

1. Argumentó que solicitó expresamente la prescripción de las facultades de determinación de la deuda tributaria, la de imponer

sanciones y de ejecutarlas, con el fundamento de que la prescripción tributaria en Bolivia, es un derecho humano, conforme al principio de progresividad, la aplicación ultraactiva o retroactiva de la Ley más benigna y el criterio de interpretación más benigno, referido a los plazos para el inicio del cómputo, suspensión e interrupción, aunque la norma hubiese sido abrogada o derogada.

2. Señaló que la prescripción tributaria, puede ser planteada en la etapa de ejecución tributaria, tanto en sede administrativa como en sede judicial; por ello demandó el debido pronunciamiento sobre la prescripción de todas las facultades de la Administración Tributaria, incluyendo la facultad de determinar, imponer sanciones y ejecutar la deuda tributaria determinada y ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, aplicando el plazo más benigno, puesto que el art. 59 del Código Tributario Boliviano (CTB), sin modificaciones, establece que el plazo legal de prescripción de las facultades mencionadas, es de 2 años.

3. Arguyó que se debe aplicar el criterio más benigno en relación al inicio del cómputo del plazo de la prescripción tributaria a cada una de las facultades, para determinar, imponer sanciones, para la ejecución tributaria y ejecutar sanciones por contravenciones tributarias; siendo el inicio del cómputo para la facultad de determinar, el hecho generador; para la facultad de sancionar, inicia desde que se produjo la contravención o la omisión de pago; para la ejecución de la deuda determinada, se computa desde que la Administración Tributaria pudo ejercer su facultad de cobro, es decir pasado veinte días desde la notificación con la Resolución Determinativa sin que se impugne o pague, quedando firme y adquiera la calidad de título de ejecución tributaria; y para la facultad de ejecutar sanciones por contravenciones, desde que la Administración Tributaria pudo ejercer su facultad de cobro, pasado el vencimiento para el pago de la declaración jurada, adquiere la

AA calidad de título de ejecución tributaria y el sujeto activo, puede ejercer en forma inmediata el cobro respectivo, desde el momento que se cometió la contravención.

4. Señaló la aplicación de la normativa más benigna en lo referente a la interrupción del plazo de la prescripción tributaria, tomando en cuenta el evento que interrumpe la prescripción es la notificación con la Resolución Determinativa o el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, ocurrida la interrupción, el plazo nuevamente se empieza a computar a partir del primer día hábil del mes siguiente, a aquel que se produjo, por lo que el punto de partida, sería la notificación con la respectiva Resolución Determinativa.

Consecuentemente, las medidas coactivas de cobranza, oficios, solicitudes de información, no interrumpen el plazo de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, correspondiendo aplicarse la norma más benigna en cuanto a la suspensión del cómputo del plazo para la prescripción de las facultades del sujeto activo.

5. Arguyó que al haberse reconocido la prescripción como un derecho humano y por la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos sobre la Constitución Política del Estado (CPE), corresponde la aplicación ultraactiva de la Ley más benigna, así como la aplicación del principio de progresividad a los criterios legales de suspensión del cómputo del plazo de la prescripción tributaria, correspondiendo aplicarse el art. 55 de la Ley 1340, siendo el criterio más favorable para el contribuyente, en defensa y protección del derecho humano denominado prescripción tributaria.

6. Alegó que el cálculo de la deuda tributaria, vicia de nulidad la Resolución Determinativa, porque no cumple con lo dispuesto por el art. 99.II del CTB y viola lo dispuesto por el art. 410.II de la CPE respecto a la jerarquía normativa, según la que los Tratados

Internacionales en materia de Derechos Humanos, tienen la misma jerarquía que la CPE, consiguientemente no es posible aplicar el Decreto Supremo (DS) 27310 por sobre el CTB para calcular la sanción por omisión de pago, por cuanto el monto calculado para la deuda tributaria, es el impuesto omitido, mantenimiento de valor y los intereses, de acuerdo con el art. 47 del CTB modificado por la Ley 812, sin embargo, los PIETs, no incluyen intereses, incumpliendo lo dispuesto en el art. 165 del CTB, conllevando su nulidad, lo que no implica reconocimiento a ninguno de los cargos formulados.

7. Argumentó la aplicación ultraactiva de la Ley más benigna en la calificación de la sanción, en observancia de los arts. 150 del CTB y 123 la CPE, debiendo aplicarse la norma que beneficie al contribuyente, aunque haya sido derogada o abrogada, respecto a la calificación de la conducta y la aplicación de la sanción correspondiente.

Concluyó solicitando se dicte Sentencia declarando PROBADA la demanda, revocando totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico.

III.CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La autoridad demandada, contestó de manera negativa a la demanda afirmando que en ningún momento se incurrió en las vulneraciones alegadas por el demandante; después de realizar la relación de antecedentes, señaló:

1. Que en la demanda, se introducen hechos no reclamados en la fase recursiva, referidos al análisis previo y especial pronunciamiento sobre el control de convencionalidad de los derechos humanos; la aplicación del art. 5 del DS 27310; criterio más benigno a ser aplicado en relación al inicio del cómputo del plazo de la prescripción tributaria para cada una de las facultades de la Administración Tributaria; sobre las medidas coactivas de cobranza, oficios, solicitudes de información, no interrumpen el plazo de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria; aplicación de la

norma más benigna en cuanto a la suspensión del cómputo de la prescripción; violación del art. 410 de la CPE; ilegal determinación de la deuda tributaria en cuanto a la sanción de acuerdo con el art. 47 y 165 del CTB; y la observación legal que conlleva la nulidad de la Resolución Jerárquica; argumentos que resultan ajenos a los agravios que fueron objeto de análisis y valoración de la instancia jerárquica; la parte demandante cuestiona la Resolución emitida y pretende se ejerza control de legalidad de los actos de la AGIT, con base a hechos que no fueron objeto de reclamación en el proceso de impugnación administrativa; consecuentemente, la Resolución Jerárquica no contiene argumentación con relación al control de convencionalidad, a las medidas coactivas de cobranza, a la determinación de la deuda tributaria y a los referidos vicios de nulidad que formuló la parte recurrente, en observancia del principio de congruencia, porque estos aspectos no fueron alegados por el ahora demandante ante la instancia jerárquica, razón por lo que el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra impedido de emitir pronunciamiento con relación a los referidos argumentos que se pretende introducir a la controversia.

2. Señaló que la demanda no cumple con los presupuestos esenciales propios de la demanda contencioso administrativa, por tratarse de alegaciones abstractas y genéricas sobre la prescripción tributaria, sin identificar ni explicar por qué los aspectos o elementos contenidos en la Resolución, resultan gravosos a sus intereses o porque se encontraría apartado de la normativa tributaria, constituyendo un impedimento para ingresar al fondo de la demanda; además de alegar cuestiones ajenas a la controversia resuelta por la instancia jerárquica, como el control de convencionalidad, las medidas coactivas de cobranza, la determinación de la deuda tributaria, cálculo de la sanción por omisión de pago y vicios de nulidad en el proceso de determinación, que constituyen cuestiones distintas a las que adujo

en la fase recursiva y analizadas en la Resolución Jerárquica cuyo control de legalidad se demanda, convirtiendo a la demanda, en una afirmación sin respaldo, en queja general, sin carga argumentativa, constituyendo un impedimento para ingresar al fondo de lo demandado.

3. Respecto a que la parte demandante, no cuestionó ni objetó los fundamentos en los que se sustenta la decisión asumida, denota la inexistencia de argumentos que desvirtúen lo resuelto en la instancia Jerárquica y el hecho de exponer argumentos ajenos a la controversia, pretendiendo hacer ver que la AGIT habría realizado una incorrecta o indebida aplicación de la norma, demuestra la intencionalidad de confundir con sus afirmaciones, que son observaciones alejadas del objeto de la demanda, porque no planteó argumentos que enerven lo analizado y decidido por la instancia de Alzada, por lo que la instancia Jerárquica, asumió la decisión de confirmar la decisión impugnada, puesto que si bien el art. 5 del CTB permite plantear la prescripción, tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria, no se puede desconocer la etapa procesal en la que se encuentra, debido a que adquirieron firmeza y ejecutividad los actos administrativos, lo contrario implica la ineficacia de la estabilidad de los mismos que se encuentran firmes, acarreando no solo lesión a los principios de seguridad y certeza jurídica en el ejercicio de los derechos subjetivos, sino en dilaciones indebidas.

4. Señaló que no existen argumentos en la demanda, que enerven lo expuesto en la Resolución Jerárquica considerada lesiva a los derechos del demandante; no rebatió lo analizado y determinado por la AGIT; tampoco existe argumento sólido que ponga en duda lo solventemente resuelto, cuyo pronunciamiento comprende a todos y cada uno de los motivos y puntos observados, cumpliendo las normas del debido proceso, motivando y fundamentando sobre los

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Datos del proceso

Demandante
Jose Luis Velarde Pelaez
Demandado
Autoridad General de ImpugnacióN Tributaria - Agit.
Proceso
Proceso Contencioso Administrativo
Magistrado relator
Rosmery Ruiz Martinez
Tribunal Supremo de Justicia24 de junio de 2026SE/0089/2026Fuente oficial