SE/0098/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia N° 98

Sucre, 4 de septiembre de 2019

Expediente: 088/2016-CA

Demandante: Sindicato de Canillitas de Cochabamba

Demandado: Autoridad General de Impugnación Tributaria

Proceso: Contencioso Administrativo

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Esteban Miranda Terán

Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por el Sindicato de Canillitas de Cochabamba contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 32 a 40, interpuesta por el Sindicato de Canillitas de Cochabamba representada por Osvaldo Rómulo Guevara Gamboa y Juan Rojas Lagrava, conforme a Testimonio Poder Nº 1471/2015 de 20 de julio (fs. 29 a 31 vta.); impugnando Ramajo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0022/2016 de 11 de enero; el Decreto de admisión de fs. 43; la contestación a la demanda de fs. 95 a 104; la réplica de fs. 158 a fs. 160 vta., y la duplica de fs. 164 a fs. 165 vta.; el decreto de Autos para Sentencia de fs. 170; los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar; y:

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA (GAMC):

La Administración Tributaria Municipal, dio inicio al procedimiento determinativo con la notificación a Carmen Lola Vda. de Carpio Salazar, con la Orden de Fiscalización Nº 2930/2008 de 8 de mayo, del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1996 a 2006.

Efectuadas los actos administrativos pertinentes y conforme al procedimiento la Administración Municipal emitió la Vista de Cargo (VC) Nº 2615 de 16 de junio de 2009, notificado a Carmen Lola Vda. de Carpio Salazar el 19 de agosto de 2009, estableciendo una deuda preliminar de Bs.927.244.

Concluido el plazo para la presentación de descargos y dentro el plazo legal la indicada entidad municipal, emitió la Resolución Determinativa (RD) Nº 1096 de 29 de octubre, estableciendo una deuda tributaria de Bs.1.286.523.e 2009, que fue notificada a Carmen Lola Vda. de Carpio Salazar, el 13 de noviembre de 2009.

Por Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 205/2012 de 24 de abril de 2012, notificada el 18 de junio de 2012, se dio inicio a la ejecución de la RD 1096 de 29 de octubre de 2009.

Por memorial presentado el 31 de diciembre de 2013, Osvaldo Rómulo Guevara Gamboa y Juan Rojas Lagrava, en representación del Sindicato de Canillitas de Cochabamba, se apersonaron al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, solicitando la prescripción del IPBI de las gestiones 1996 a 2007; asimismo por memorial presentado el 9 de septiembre de 2014 acreditan su personería en calidad de terceros responsables de la obligación tributaria.

Por Resolución Técnico Administrativa N° 647/2015 de 8 de abril, se declaró PROCEDENTE la prescripción de las gestiones 1996 al 2000 e IMPROCEDENTE la prescripción de las gestiones 2001 a 2007, del IPBI del inmueble con registro en el padrón de contribuyentes N° 57178, con código catastral N° 07-068-021-0-00-000-000.

El 7 de julio de 2015, los representantes del Sindicato de Canillitas de Cochabamba, presentaron Recurso de Alzada contra la Resolución Técnico Administrativa N° 647/2015 de 8 de abril, que finalizó con la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0814/2015 de 19 de octubre, la que REVOCÓ PARCIALMENTE la resolución recurrida y declaró prescritas las acciones de cobro de la Administración Tributaria Municipal por el IPBI, de las gestiones 2001 al 2006 y declaró vigentes las gestiones 2007 a 2009.

Contra la Alzada emitida, el GAMC por memorial de fs. 74 a fs. 77 vta. de antecedentes de impugnación administrativa, interpuso recurso Jerárquico, que fue admitido por Auto de 17 de noviembre de 2015 de fs. 77 de antecedentes de impugnación administrativa.

Asimismo, el Sindicato de Canillitas de Cochabamba interpuso Recurso Jerárquico por memorial de fs. 92 a fs. 93 vta., siendo observado por Auto de 17 de noviembre de 2015 cursante s fs. 94 de antecedentes de impugnación administrativa, por no señalar correctamente la Autoridad ante quien interponen el recurso y no acreditar su personería, otorgándoles el plazo de 5 días para subsanar la observación, al vencimiento del plazo y no habiendo subsanado la observación se emitió el 30 de noviembre de 2015 el Auto que rechazó el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sindicato de Canillitas de Cochabamba.

El Recurso Jerárquico interpuesto por GAMC, finalizó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0022/2016 de 11 de enero de 2016, de fs. 128 a 139 que REVOCÓ PARCALMENTE la Resolución de Alzada impugnada y declaró vigentes las facultades de cobro y ejecución tributarias al IPBI de las gestiones 2000 a 2006, manteniendo firme la Resolución Técnico Administrativa Nº 647/2015 de 8 de abril de 2015, emitida por el GAMC.

Por memorial presentado el 8 de abril de 2016 el Sindicato de Canillitas de Cochabamba, por intermedio de sus representantes, formuló demanda contencioso administrativo de fs. 32 a 40 vta., admitida por decreto de 12 de abril de 2016 cursante a fs. 43 y que se resuelve en la presente Sentencia.

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN:

Demanda.

Los demandantes realizaron una revisión de los fundamentos de la Resolución de Alzada, exponiendo un criterio propio y las falencias en las que cree que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ha errado su análisis.

Refieren que no existe pronunciamiento sobre el hecho que, jamás se generó proceso administrativo en el cual se hubiere identificado al sujeto pasivo como es el Sindicato de Canillitas Cochabamba, no establece si existe legitimación pasiva o no; argumentando sólo respecto de la falta de inscripción en los registros tributarios, guardando silencio respecto a los actos administrativos iniciados, sin considerar que no se dirigieron contra el prenombrado Sindicato y al contrario notificaron a una persona fallecida.

Manifestaron que conforme al art. 52 de la Ley N° 1340, la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos, prescriben a lo cinco años, por consiguiente la facultad de ejecución prescribe también en el mismo plazo señalado.

Que, conforme a los arts. 60, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB-2003), la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, interrumpiéndose por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria o por la solicitud de facilidades de pago.

Para la facultad de ejecución tributaria, el núm. 4) del art. 59 del CTB-20013 establece un plazo de 4 años, manifestando el art. 60 del mismo cuerpo legal, el término se computa la notificación con los títulos de ejecución, siendo en el caso en análisis la RD N° 1096/2009 notificada a Carmen Lola Vda. del Carpio Salazar, que se aplicaría a las gestiones 2003 al 2009, siendo errónea la interpretación realizada en la Resolución Jerárquica en el subtítulo IV 4.4 parágrafo IV, al considerar que el plazo de prescripción corre a partir de la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), siendo que los títulos de ejecución están contenidos dentro el art. 108 del CTB-2003.

Conforme los art. 52, 53 y 54 del CTB-1992, las gestiones 2001 y 2002 se encontrarías prescritas al no existir actos de interrupción del termino de prescripción.

En aplicación del parágrafo I del art. 59 del CTB-2003 se encontraría prescrita la facultad de ejecución tributaria de las gestiones 2003 al 2009.

Que, conforme al art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), no se podría aplicar retroactivamente las Leyes N° 291 y N° 317, a las gestiones 2007 a 2009, debiendo aplicarse las modificaciones efectuadas por las leyes referidas solo a partir de la gestión 2012, debiendo considerarse además lo establecido en el art. 150 del CTB-2003.