Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA PRIMERA
SENTENCIA N° 103
Sucre, 18 de septiembre de 2020
Expediente : 053/2018 - CA
Demandante: Empresa Minera San Lucas SA
Demandado: Ministerio de Minería y Metalúrgica
Tipo de proceso: Contencioso Administrativo
Resolución Impugnada: Resolución de Recurso Jerárquico N° 270/2017 de 21 de noviembre de 2017.
Magistrado Relator: Lic. Esteban Miranda Terán
VISTOS: La demanda contenciosa-administrativa de fs. 104 a 121, iniciada por la Empresa Minera San Lucas SA, representada por José María Caballero Alcocer; contra la Resolución de Recurso Jerárquico N° 270/2017 de 21 de noviembre de 2017, de fs. 26 a 39, y su Resolución Complementaria N° 270/2017 de 07 de diciembre de 2017, de fs. 41 a 43; emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, representado por Félix Cesar Navarro Miranda; la providencia de admisión de fs. 124; la contestación de fs. 218 a 230; la réplica de fs. 254 a 264; la dúplica de fs. 303 a 310; el decreto de Autos para Sentencia de fs. 349; los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar; y:
CONTENIDO DE LA DEMANDA
Fundamentos de la demanda.
La empresa minera San Lucas SA, alegó que, desde junio de 2014 los miembros del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Totoral "SMTMT" invadieron y bloquearon el acceso a las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) de la Empresa Minera San Lucas SA, ubicadas en el sector Totoral en el departamento de Oruro, perturbando con ello su actividad y trabajos de minería; provocando además, afectación y perjuicios a su normal desarrollo; asimismo, el 29 de agosto de 2014, deliberadamente retuvieron en contra de su voluntad al personal de la sociedad San Lucas; quienes, sufrieron agresiones físicas y psicológicas; además, de causar daños materiales a los activos de la sociedad.
Ante los hechos suscitados, la sociedad San Lucas SA, interpuso denuncia ante el Ministerio Público, contra los miembros del SMTMT, por los delitos de secuestro, lesiones graves y leves y amenazas previstos y sancionados en los 334, 271 293 del Código Penal; denuncia que fue ampliada en fecha 24 de septiembre de 2014, por los delitos de sabotaje, avasallamiento de área minera, explotación ilegal de delitos de sabotaje y venta o compra ¡legal de recursos minerales.
En virtud a la existencia de un avasallamiento debidamente denunciado, sostiene que no procede la reversión por inexistencia de actividad minera dispuesta por la Autoridad Jurisdiccional y Administrativa Minera (AJAM) y ratificada por el Ministerio de Minería y Metalurgia, exponiendo los siguientes agravios en su contra:
Vulneración de los Principios de Legalidad y Sometimiento Pleno a la Ley.
Denunció la vulneración de los arts. 232 y 235 núm. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Ley N° 2027 y 4 inc. c) de la Ley N° 2341, referidos al principio de legalidad, además de la inobservancia del entendimiento asumido en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 0796/2017-S1, que es de carácter vinculante conforme los arts. 203 de la CPE y 15 de la Ley N° 254, esto en virtud a que, el art. 3-III de la Ley N° 403 de Reversión de Derechos Mineros, dispone: "La reversión o resolución no proceden cuando la inexistencia de actividades minera se hubiera producido como consecuencia de avasallamientos o como resultado de una disposición de autoridad competente. La inasistencia de los avasalladores deberá estar debidamente denunciada ante las autoridades competente¨.
Conforme consta en los antecedentes y en las diferentes etapas del proceso administrativo, la sociedad que representa, argumentó y demostró que existía un avasallamiento en los predios autorizados de la sociedad, que fue debidamente denunciado ante la autoridad competente; motivo por el cual conforme a la Ley N° 403 (Ley de Reversión de Derechos Mineros) no procede la reversión; sin embargo, pese a su acreditación, no fue validada por la autoridad jerárquica; quien bajo el argumento, de la búsqueda de la verdad material, pretendió ir más allá de lo establecido por la Ley; al señalar: "En el caso concreto, si bien existe una denuncia por avasallamiento, se evidencia y no se ha demostrado que la ATE ahora revertida sea avasallada y que este hecho sea la causal para que la empresa haya dejado de efectuar actividades mineras¨, en contraposición de la Ley N° 403.
Asimismo, la Autoridad jerárquica argumentó que la carga de la prueba recae en el interesado; sin embargo, no consideró que al momento que se realizó la inspección, la ATE presentó la resolución de imputación formal y auto interlocutorio, que no fue valorado; no obstante, a la imputación formal, que demostró la existencia del proceso penal por avasallamiento en área minera.
Señaló, que de la documentación presentada en etapa administrativa, consistente en la denuncia formal de 29 de agosto de 2014, certificación de 4 de julio de 2014, imputación formal (no señala la resolución), informe preliminar de 25 de marzo de 2016, Acta de Audiencia pública de aplicación de medidas cautelares y Resolución N° 14/2017 de 14 de marzo, Acta de audiencia de modificación de medidas cautelares de 27 de marzo de 2017 y Resolución N° 15/2017 de 27 de marzo; acreditó, la sustanciación de proceso penal por avasallamiento de área minera y otros delitos; sin embargo, la AJAM y el Ministerio de Minería y Metalurgia, incumplió el art. 3-III de la Ley N° 403; pues pese, a tener conocimiento del avasallamiento sufrido en el sector Totoral que incluso a través de la carta de 17 de marzo remitida por el propio SMTMT, en el que reconoció que realizaron actividades mineras en el área, la existencia de problemas en las áreas mineras y la autorización del mismo por el Ministerio y la COMIBOL para sus trabajos, la autoridad jerárquica estableció la inexistencia del avasallamiento.
Alegó que en la gestión 2016, personal del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, elaboró el Informe Técnico N° 721-UCF I. 028/2016, reconociendo en sus conclusiones, que la ATE denunció el avasallamiento y recomendó el archivo del caso, por no existir actividad minera desarrollada por el titular en virtud al avasallamiento por parte de los Trabajadores del Sindicato Totoral, pretendiendo desconocerse esta situación en la inspección efectuada en la gestión 2017.
Por lo que, ante el incumplimiento de la Autoridad jerárquica, de su obligación de someterse plenamente a la Ley, solicitó la nulidad de la Resolución Jerárquica como de las resoluciones Impugnadas, conforme establece el art. 35-1 ¡nc. d) de la Ley N° 2341, por ser contrarias a la CPE.
Vulneración del debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación.
Citó los arts. 115-11 de la CPE, 4-c), 16-h), 28 y 30 de la Ley N° 2341, 32 del D.S. N° 27113 y el entendimiento asumido en la , acusó que la Resolución Jerárquica centró sus argumentos en la inexistencia de actividad minera, sin considerar la denuncia de avasallamiento en área minera y las pruebas presentadas para acreditarla y utilizó argumentos que van más allá de lo establecido en la norma, cuando interpretó que la denuncia por avasallamiento tuvo como único objetivo evitar la reversión, incumpliendo y dejando de lado lo previsto en la Ley N° 403, que precisamente establece como causal para determinar la improcedencia de la reversión.
Invocó la , referida al debido proceso y concluyó que las resoluciones emitidas durante la sustanciación del procedimiento administrativo carecen de una debida motivación y fundamentación que permitan tener la certeza que, la decisión asumida ha sido emitida en cumplimiento de la Ley y el procedimiento establecido al efecto.
Vulneración del Principio de Congruencia como elemento del debido proceso.
Citó el art. 115-11 de la CPE y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 1234/2017-S1 de 28 de diciembre y 1083/2014 de 10 de junio, referidas a la congruencia como elemento del debido proceso, y argumentó que la Resolución Jerárquica, de manera confusa señaló que la autoridad administrativa tiene la obligación de verificar si ese avasallamiento impide el ejercicio de la actividad minera, como si pudiese darse el caso de que no lo hiciera, siendo además obligación y competencia de la autoridad jurisdiccional penal el determinar la adecuación de la conducta al tipo penal.
Alegó que la autoridad jerárquica, invocando la búsqueda de la verdad material, afirma que al no haberse evidenciado avasallamiento el día de la inspección, no existe, sin considerar ni valorar el proceso penal que se sustancia por el delito de avasallamiento en área minera, por cuanto la norma establece como condición para la improcedencia de la reversión, la presentación de la denuncia y no así la verificación del avasallamiento en la inspección, siendo incongruentes la Resolución de Revocatoria y la Resolución Jerárquica, cuando señalan que no se advirtió indicio de avasallamiento en el área, pero posteriormente reconocen la existencia de la denuncia por avasallamiento.
Alegó que, otra incongruencia es cuando en el Recurso Jerárquico se refirió: "...e evidente que en el supuesto caso de la existencia de avasallamiento al área, la misma no impidió el desarrollo de actividad minera alguna; asimismo, posterior a la denuncia presentada, el recurrente no acredita su intención de cumplir con la función económica social en el sector, limitándose a denunciar el hecho, sin realizar que denoten la prosecución o inicio de actividades en la ATE..." citó la , que desarrolla el principio de congruencia, concluyendo en "que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes".
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