SE/0105/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA N° 105

Sucre, 4 de septiembre de 2019

DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO

Expediente : 243/2016

Demandante : CLUB DE EJECUTIVOS

Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Tercero Interesado : Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: AGIT-RJ 0691/2016 de 27 de junio

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA

La demanda contenciosa administrativa de fs. 20 a 25, presentada por Javier Julio Delgado Loza en representación legal del CLUB DE EJECUTIVOS, pretensión que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0691/2016 de 27 de junio, de fs. 7 a 18, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); la contestación de fs. 44 a 48 vta.; intervención del tercero interesado de fs. 51 a 55 vta.; decreto de Autos para Sentencia de fs. 111; los antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN

1. Demanda y petitorio

Mediante escrito de demanda contenciosa administrativa presentada el 28 de septiembre de 2016, el demandante Javier Julio Delgado Loza, en representación legal del CLUB DE EJECUTIVOS, expone los siguientes antecedentes y argumentos:

Como Antecedentes. En aplicación del art. 5 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310, el 3 de julio de 2015, el contribuyente CLUB DE EJECUTIVOS con Número de Identificación Tributaria (NIT) 100572501, solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de los adeudos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones (IT), establecidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Nº 203300022915 y 203300022815, ambos de 15 de abril de 2015, argumentando que trascurrieron más del término de 4 años y con ello la Administración dejó prescribir su facultad coercitiva para exigir el pago a través de los PIET vinculados a las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) del IVA e IT, correspondientes a diferentes periodos fiscales de los años 2004, 2005, 2006 y 2007, por cuanto la notificación con dichos PIET, se practicó el 23 de junio de 2015.

Incorrecta aplicación e interpretación de los arts. 59, 60.II, 78, 83 y 108.6 de la Ley Nº 2492, Código Tributario boliviano (CTb). La Administración Tributaria rechaza la prescripción peticionada argumentando que, conforme al art. 108.6 del CTb, si bien tenían posibilidad de ejercer sus facultades de ejecución una vez que las DD.JJ. adquirieron la calidad de título de ejecución tributaria, el cómputo de la prescripción en etapa de ejecución tributaria, se inicia con la notificación del PIET que da inicio a la ejecución; empero, dicha interpretación es incorrecta y atenta la seguridad jurídica y derechos del contribuyente.

La Administración Tributaria y la AGIT confunden lo que es un título de ejecución tributaria, con un PIET, por cuanto el contribuyente solicitó la prescripción de la obligación impositiva, es decir, de los adeudos contenidos en las DD.JJ. que constituyen obligaciones tributarias, no de los PIET como señala la Administración. Así, conforme al art. 78 y 83 del CTb, el contribuyente presentó las DD.JJ. y la Administración no negó la comunicación y recepción de las mismas y no ejerció sus facultades.

Se trata de una autodeterminación del tributo, por lo que la Administración debió ejercer de manera inmediata sus facultades de ejecución tributaria dentro de los 4 años siguientes y no después de 10 años, dejando que opere el efecto extintivo de la prescripción previsto en el art. 59 del citado Código y no existen causales de interrupción ni suspensión del cómputo del plazo de 4 años previsto a efectos de prescripción en los arts. 61 y 62 del CTb.

Petitorio.- El demandante solicita que se declare probada la demanda y en consecuencia, revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0691/2016 de 27 de junio, pronunciada por la AGIT, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0287/2016 de 11 de abril, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT).

2. Contestación y petitorio

Daney David Valdivia Coria en su condición de Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), se apersona al proceso el 31 de marzo de 2017 y contesta la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

Tratándose de deudas en etapa de ejecución cuyo origen corresponde a las determinaciones de las deudas tributarias del IVA e IT de los periodos fiscales: febrero y marzo 2004; marzo, abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2005; febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006; y, marzo, abril, julio y agosto de 2007, contenidas en los PIET Nº 203300022815 y 203300022915, debe considerarse lo previsto en los arts. 59.I.4 y 60.II del CTb, en los que se dispone que prescribirán a los 4 años las acciones de la administración tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, y cuyo término se computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

En el caso de autos la notificación con los PIET emitidos por la Administración Tributaria, fue practicada al contribuyente el 23 de junio de 2015, con el objeto de dar inicio a la Ejecución Tributaria, por lo que, el cómputo de 4 años para que opere la prescripción, inicio a partir de esa fecha, es decir, el 23 de junio de 2015, todo ello en aplicación de los arts. 60, 94 y 108.6 del CTb.

Además, el art. 4 del DS Nº 27874 de 26 de noviembre de 2004, establece que la ejecutabilidad de los títulos listados en el art. 108.I del CTb, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que da inicio a la ejecución tributaria; en consecuencia, la ejecución de las DD.JJ. constituidas en títulos de ejecución tributaria, se da con la notificación del PIET que da inicio a la ejecución.

Petitorio.- La autoridad demandada solicita que se declare improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0691/2016 de 27 de junio.

II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA

1. El 15 de abril de 2015, la Gerencia Distrital La Paz I del SIN, emite el PIET Nº 203300022815 por Bs44.499.- (cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos noventa y nueve bolivianos) y el PIET Nº 203300022915 por Bs14.361.- (catorce mil, trescientos sesenta y un bolivianos) contra el contribuyente CLUB DE EJECUTIVOS con NIT 1005725021, por concepto de “Tributos de Ejecución Tributaria no pagados o pagados parcialmente – Declaraciones Juradas”, vinculadas al IVA e IT de los periodos fiscales: febrero y marzo 2004; marzo, abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2005; febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006; y, marzo, abril, julio y agosto de 2007, DD.JJ. presentadas por el contribuyente al mes siguiente correspondiente de dichas gestiones (fs. 103 del Anexo 1 y 61 del Anexo 2).

2. El 23 de junio de 2015, se notificó al contribuyente con ambos PIET (fs. 118 del Anexo 1 y fs. 74 del Anexo 2).

3. El 3 de julio de 2015, el contribuyente formula prescripción de las facultades coercitivas de la Administración Tributaria (fs. 88 a 90 del Anexo 2).

4. El 15 de diciembre de 2015, el CLUB DE EJECUTIVOS, es notificado con el Auto Administrativo Nº 0162/15 de 19 de noviembre de 2015, que rechaza la solicitud de prescripción, quedando firmes y subsistentes los PIET Nº 203300022815 y 203300022915 (fs. 1 a 4 vta. del Anexo 3).

5. El CLUB DE EJECUTIVOS interpone recurso de alzada, contra el Auto Administrativo Nº 0162/15 (fs. 7 a 9 vta.).

6. La ARIT, mediante Resolución del Recurso de Alzada ARIT–LPZ/RA 0287/2016 de 11 de abril, revoca totalmente el Auto Administrativo Nº 0162/15 de 19 de noviembre de 2015 y declara prescrita la facultad de ejecución de la Administración Tributaria respecto a las obligaciones tributarias contenidas en los PIET Nº 203300022815 y Nº 203300022915 (fs. 53 a 64 del Anexo 3).

7. La Gerencia Distrital la Paz I del SIN, interpuso recurso jerárquico contra Resolución del Recurso de Alzada ARIT–LPZ/RA 0287/2016 (fs. 67 a 72 del Anexo 3).

8. La AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 0691/2016 de 27 de junio, revocar totalmente la resolución de alzada, en consecuencia, mantiene firme y subsistente el Auto Administrativo Nº 0162/15 de 19 de noviembre de 2015, que rechaza la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria de los adeudos contenidos en los PIET Nº 203300022815 y Nº 203300022915 (fs. 95 a 106 del Anexo 3).

III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Del análisis del contenido de la demanda contenciosa administrativa, se evidencia que la pretensión del contribuyente CLUB DE EJECUTIVOS, se circunscribe a determinar si la AGIT, al pronunciar la Resolución Jerárquica revocando la Resolución de Alzada, aplicó correctamente la normativa legal aplicable sobre prescripción y así verificar si las facultades de la Administración Tributaria para cobrar la obligación tributaria de las Declaraciones Juradas correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales febrero y marzo 2004; marzo, abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2005; febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006; y, marzo, abril, julio y agosto de 2007, contenidas en los PIET Nº 203300022815 y 203300022915 de 15 de abril de 2015, se encuentran prescritas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE

De acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

Sobre el principio de seguridad jurídica

El art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), prevé que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

Al respecto, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0058/2012 de 9 de abril, señala que: “…la seguridad jurídica constituye uno de los principios que sustenta la potestad de impartir justicia conforme al mandato contenido en el art. 178 de la misma norma, entendiendo que la interpretación constitucional debe orientarse a mantener la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de Derecho, pues las normas constitucionales constituyen la base del resto del ordenamiento jurídico”.

Por su parte, la Sentencia Constitucional (SC) 1390/2011-R de 30 de septiembre, ha establecido a la seguridad jurídica: “Como principio general informador de la potestad de impartir justicia, otorga una importancia fundamental, como orientación axiológica para la comprensión del sistema jurídico nacional, condiciona la actividad discrecional de la administración y de la jurisdicción, y constituye además, el sentido teleológico para la interpretación, integración y aplicación de las normas jurídicas”.