Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Sentencia N° 122
Sucre, 22 de octubre de 2019
Expediente: 036/2018-CA
Proceso: Contencioso Administrative
Demand ante: Administradora de Fondo de PensionesFuture Bolivia S.A.
Demandado: Ministerio de Economla y FinanzasPublicas
Resolución Impugnada: RMJ MEFP/VPSF/URJ-SIREFNI ° 068/2017 de 23 de octubre
Magistrado Relator: Dr. Esteban Miranda Teran
Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por la Administradora de Fondo de Pensiones Future Bolivia S.A., en adelante y para fines de la presente decision denominada "Future Bolivia S.A.", a traves de su apoderada SusanaJudith Rojas Rendon, impugnando la Resoludon Ministerial Jerarquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFIN° 068/2017 de23 de octubre, emitida por el senor Ministro de la Cartera de Estado de Economfa y FinanzasPubllcas.
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 91 a 101 vta., subsanada a fs. 109 y fs. 112, la providencia de adrntslon de fs. 114, la respuesta del Ministerio de Economfay FinanzasPubllcasde fs. 178 a 189 vta., el memorial de apersonamiento de la Autoridad de Fiscalizaci6ny Control de Pensionesy Seguros-APS de fs. 262 a 268 vta., en calidad de tercera interesada; el escrito de replica de fs. 323 a 327 vta., el memorial de dupllca de fs. 333 a 335 vta., el decreto de Autos de 30 de julio de 2018 de fs. 336; los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;
1. CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
1. Desconocimiento del efecto vinculatorio de las Sentencias constitucoinales en violaci6n del art. 203 de la CPE, -Inexistencia del Regimen Sancionatorio- Violaci6n del Debido Proceso y del Principio de Legalidad Manifiesta que el art. 203 de la Constituci6n Polftica del Estado prescribe que; las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de caracter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurse ordinario ulterior alguno; asimismo, el artfculo 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional recoge plenamente yen ldenticos terminos el precepto constitucional referido.
En el caso de la RMJ N° 068/2017, que se impugna a traves de este proceso, existe una vlolacton del artfculo 203 de la CPE, del art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y del art. 15-II del C6digo ProcesalConstitucional; por cuanto desconoce y no aplica la -52 de 10 de octubre de 2014, cuva lfnea jurisprudencial no ha side modificada, mutada o modulada.
Hace cita de parte de la -52, y sefiala que, de un anallsls y revision de la RMJ N° 068/2017, permite establecer que las sanciones impuestas a FUTURO DE BOLIVIA S.A., fueron exclusivamente determinadas con base al regimen sancionador establecido por el DS N° 24469, que es el mismo regimen sancionador que la jurisdlccon constitucional, mediante la' citada Sentencia Constitucional, lo ha declarado no vigente, a pesar que FUTURO DE BOLIVIA S.A., oportunamente la invoc6 y pidio su obligatoria observancia, lo que constituye una violadon de los arts. 203 y 8 de la Constttudon Polftica del Estado y la Ley del Tribunal Constitucional, respectivamente, afectando de esta manera la garantfa al debido proceso y el principio de legalidad, previstos en los arts. 115-II y 117 de la CPE, desarrollados en la , hace cita de parte de las y ; asimismo cita la , respecto al caracter vinculante de las Sentencias Constitucionales.
Afirma que, si bien el DS N° 24469 fue modificado por el DS N° 26400 de 17 de noviembre de 2001 y el DS N° 27324 de 22 de enero de 2004, estos decretos tarnbien fueron emitidos antes de la promulqacion de la Ley N° 065, de Pensiones, por lo que el hecho que el Tribunal Constitucional no los haya mencionado en su Sentencia Constitucional que declare) sin vigencia el DS N° 24469, no tiene ntnqun efecto jurfdico, puesto que al declararse no vigente el DS N° 24469, se esta incluyendo tamblen en los efectos de la declaratoria de no vigencia, a todas sus modificaciones, derogaciones parciales; de lo contrario, se estarfa ante un absurdo jurfdico de mantener normas subordinadas que modifican normas declaradas no vigentes, con el consiguiente caos en su aphcaclon, al pretender erradamente que al abrogarse una norma y no mencionarse las normas posteriores que la modifican, se mantiene subsistente la norma declarada no vigente.
2. Falta de competencia para interpretar decretos y sentencias constitucionales.
Afirma que el Ministerio de Economfa y la APS, son autoridades administrativas, cuya principal obllqaclon es dar cumplimiento a la Ley de acuerdo al principio constitucional de legalidad, previsto en el art. 232 de la CPE, que es uno de los principios jurfdicos fundamentales del derecho administrativo y sabre el cual se asienta toda la actividad administrativa.
Manifiesta que la autoridad demandada, omite fundamentar en su RMJ N° 068/2017 porque la APS y ella misma, estarfa facultada a interpretar o modificar el alcance y contenido de las normas y Sentencias Constitucionales, quedando claro, que la autoridad demandada y su inferior, han omitido su obllqadon de fundamentar sus actos administrativos incurriendo en incongruencia y falta de rnotlvacion en sus actos administrativos; y no solo eso, sino que tampoco torno en cuenta que la APS soslavo su obllqaclon de fundamentar los actos administrativos objeto de nuestros recursos de revocatoria y jerarqulco, umltanoose entonces a la simple transcripcton de precedentes administrativos, y bajo lnterpretaclon antojadiza de la autoridad demandada, debiera entenderse forzadamente, que el regimen sancionador contenido en el abrogado DS N° 24469 de 17 de enero de 1997, no es contrario a la Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010 de Pensionesy que se encontrarfa plenamente vigente en virtud al DS N°27324 de 22 de enero de 2003.
3. Vulneraci6n de principios generales que rigen el procedimiento administrativo Manifiesta que la RAN° 067-2014, es incongruente con su objeto y arnblto de aphcacion, pues incluye la posibilidad de que un asegurado miembro de las Fuerzas Armadas de la Nacion ya pensionado por vejez (jubilacon), pueda acceder de manera posterior a una pension de invalidez del Sistema Integral de Pensiones en calidad de militar, es decir que siendo jubilado que ya no presta servicios como militar, pueda posteriormente invalidarse actuando como militar, hecho que materialmente serfa imposible, pues al haberse jubilado como militar con 35 afios de servicio, ha cesado su funclon de militar, salvo, claro esta, que la invalidez sea calificada como enfermedad por riesgo profesional y que la misma se hubiera iniciado cuando estaba realizando actividades de militar, pero no que se haya manifestado de manera posterior.
Manifiesta que la resoluclon vulnera el principio de congruencia que rige en materia administrativa como una garantfa del debido proceso, ya que esta disposlcion claramente establece un hecho que no puede realizarse en la realidad.
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