SE/0150/2021

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 150/2021

EXPEDIENTE : 192/2020

DEMANDANTE : Agencia Despachante de Aduana “CIDEPA Ltda.”

DEMANDADO (A) : Autoridad General de Impugnación Tributaria

- AGIT

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : AGIT RJ 1400/2020 de 05/10/2020

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Olvis Eguez Oliva

LUGAR Y FECHA : Sucre, 28 de octubre de 2021

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 39 a 52 vta., interpuesta por Rozmín del Carmen Moreira Troche de Vela en representación de la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., en virtud al Testimonio de Poder Nº 0476/2018 de 18 de diciembre, otorgado ante Notaría de Fe Pública 062, correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Jhanett Irma Quintana Ticona, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1400/2020 de 5 de octubre, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); el memorial de respuesta de la autoridad demandada de fs. 103 112; el escrito de apersonamiento de la Administración de Aduana Interior La Paz de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, de fs. 121 a 129, como tercero interesado; los memoriales de réplica y dúplica de fs. 134 a 141 y 148 a 149 respectivamente; el decreto de autos de fs. 155, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I:

I.1. Motivos de la demanda contenciosa administrativa.

Como antecedentes de hecho, la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., formula demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1400/2020 de 5 de octubre, refiriendo que todo el caso tiene su origen en la Resolución Administrativa AN-GRLGR-LAPLI-RESADM N° 2215/2019 de 26 de diciembre, por la que sin fundamento jurídico aduanero se declara improcedente la solitud de exención de pago respecto a la DUI 2009/201/C-2461, como también improcedente la oposición de prescripción de la acción de la Administración Aduanera.

Impugnado dicho acto mediante la presentación de Recurso de Alzada, se emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0525/2020 de 3 de julio que confirmó la referida Resolución Administrativa, manteniendo firme y subsistente la improcedencia de la causal de exención de pago y oposición de prescripción planteada de su parte y por Project Concern International.

Con estos antecedentes presenta demanda contenciosa administrativa con base a los siguientes fundamentos jurídicos, detallados a continuación:

En ese sentido, señala que dentro de los fundamentos técnicos jurídicos de la AGIT, objeto de impugnación, existe contradicción entre lo fundamentado y lo resuelto, ya que si bien evidencia que la Resolución Administrativa AN-GRLGR-LAPLI-RESADM-2215-2019, tiene vicios de nulidad por falta de motivación y no cumplir con los elementos del acto administrativo previsto en los arts. 28, incs. e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) y 31, Parágrafos I y II del Decreto Supremo N° 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), además de reconocer que tal situación afecta el Debido Proceso y a la Defensa; espera que nuevamente la Administración Aduanera subsane dichos extremos para que en un futuro vuelva a emitir un nuevo acto que pretenda calificar su conducta como presunta contravención aduanera por incumplimiento de regularización de la DUI, dejándoles nuevamente en un estado de indefensión e incertidumbre frente a la Administración Aduanera.

Previa referencia a la doble instancia como vertiente de la garantía del debido proceso, prevista en los arts. 115, Parágrafo II y 119 Parágrafo II de la CPE, así como al derecho a la defensa, refiere que en el presente caso, es evidente que la Resolución impugnada aún no se pronunció sobre el fondo de lo planteado, por lo que se ha vulnerado su derecho a la defensa y principio de certeza legal, pues al esperar a que Administración Tributaria Aduanera subsane los vicios de nulidad encontrados y comprobados produjo lesión o indefensión.

Bajo el Principio de Verdad Material, señala que en el presente caso si bien la AGIT comprobó la falta de fundamentación en la Resolución Administrativa vulnerando los derechos al Debido Proceso y a la Defensa, correspondía declarar la nulidad de pleno derecho de la Resolución Administrativa AN-GRLGR-LAPLI RESADM-2215-2019 por ser contraria a la Constitución Política del Estado, al haber comprobado que se vulneraron dichos derechos constitucionales, conforme establece el art. 35° Parágrafo I inciso d) de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, situación que no aconteció.

Previa referencia a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1662/2012 de 1 de octubre, reitera que, es evidente que la Resolución de Recurso Jerárquico ahora impugnado, no se pronunció sobre el fondo de la litis; es decir, no mencionó sobre los puntos reclamados y solicitados, en primer lugar sobre la exención tributaria, y en segundo lugar sobre la prescripción de ejercer su facultad de ejecución tributaria, pues omitió pronunciamiento sobre el fondo del proceso, sin explicar el motivo debidamente justificado por el cual no se manifestó sobre lo planteado en dicha instancia, dejándoles en un estado de incertidumbre ante la Administración Tributaria Aduanera, manteniendo firme y subsistente la causal de exención de pago y la oposición de prescripción planteada por CIDEPA Ltda., y Project Concern International.

Añade que conforme normativa, el término de prescripción que fija el CTB, para Controlar investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria es de cuatro años y durante este plazo la Administración Aduanera no cumplió con dicha obligación, por lo que operó la prescripción por el transcurso del tiempo; más cuando, no han existido actos que interrumpan el curso de la prescripción en favor de la Administración Tributaria, conforme establece el art. 61 del CTB.

Por su parte la Administración Aduanera dentro del proceso fiscalizador observó el supuesto incumplimiento de regularización dentro del plazo respectivo del Despacho Inmediato referido a la DUI 2009/201/C-2461 de 25 de febrero de 2009; es decir, para fines del cómputo de prescripción se debe considerar que el supuesto hecho ocurrió el 2009, por tanto, el término de prescripción de cuatro años, conforme establece el art. 60 parágrafo II del CTB, se inició el 5 de febrero de 2009 y concluyó el 6 de febrero de 2009, estableciéndose de esta forma que las facultades de la Administración Aduanera establecidas en el art. 59-1 numeral 4) del CTB, se encontraban prescritas, por haber transcurrido más de los 4 años estipulados por ley.

Agrega que el art. 60-II del CTB sin modificaciones, dispone que en el supuesto numeral 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, tratándose de hechos notificados y comunicados por la Administración Tributaria el "05 de febrero de 2009" al momento de autorizar el levante por el Técnico Aduanero de la Gerencia Regional La Paz de la ANB, con su firma, sello y fecha en la DUI (IMI 4) 2009/201/C-2461 de 25 de febrero de 2009 y en el Sistema Sidunea++, por lo que cualquier pretensión de la Administración Tributaria prescribió luego de transcurrido cuatro (4) años de dicha notificación, por lo que, al 6 de febrero de 2013 cualquier acción de la Administración Tributaria se encuentra prescrita.

Añade que los títulos de ejecución tributaria se encuentran detallados en el art. 108-1 del CTB sin modificaciones, donde se dispone que la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos de ejecución tributaria: “...6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuándo esta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor”, en el presente caso, la declaración jurada DUI (IMI 4) 2009/201/C-2461, que fue presentada el 25 de febrero de 2009; de lo anterior sostiene que debe quedar claro, que conforme a la prelación normativa dispuesta por el art. 5 del CTB, corresponde aplicar con preferencia el Código Tributario frente a normas infralegales, más aún cuando, en este citado artículo no son títulos de ejecución tributaria las Notas de Requerimiento de Pago ni los Proveídos de Ejecución Tributaria, que carecen de valor legal y peor aún para pretender desconocer el término de la prescripción de cuatro años vigente al momento de ocurrir el hecho imponible de la obligación tributaria.

Sin embargo de lo anterior, precisa que la ejecución tributaria se realiza por la Administración Tributaria con la notificación de la declaración jurada DUI (IMI 4) 2009/201/C-2461 de 25 de febrero 2009 por lo que precisa que conforme dispone el art. 83-1 del CTB, los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los siguientes medios, según corresponda: 1. Personalmente: 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistema de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6, Masiva; 7. En Secretaría.

En el presente caso, la DUI (IMI 4) 2009/201/C-2461, fue presentada el 25 de febrero de 2009, en el Sistema Informático Sidunea++ de la Administración Aduanera, que fue notificada y comunicada conforme al art. 87 del CTB por la Administración Tributaria de acuerdo a los Sistemas de Comunicación el "05 de febrero de 2009" al momento de autorizar el levante por el Técnico Aduanero de la Gerencia Regional La Paz de la ANB, con su firma, sello y fecha en la misma DUI, por lo que cualquier pretensión de la Administración Tributaria prescribió luego de transcurrido cuatro (4) años de dicha notificación, el 6 de febrero de 2014.

Al respecto, el art. 87 del CTB sobre las notificaciones por Sistemas de Comunicación expresamente señala que también será válida la notificación que se practique mediante sistemas de comunicación electrónicos (Sidunea++), o por cualquier otro medio tecnológicamente disponible, siempre que los mismos permitan verificar su recepción. Pero lo más importante sobre el cómputo de las notificaciones dispone el segundo párrafo del citado art. 87 del CTB, donde se señala que, en las notificaciones practicadas en esta forma, los plazos empezarán a correr desde el día de su recepción tratándose del día hábil administrativo.

De lo anterior y revisión de la DUI (IMI 4) 2009/201/C-2461 de 22 de febrero de 2009, presentada y declarada en el Sistema informático Sidunea++ de la Administración Tributaria Aduanera, se evidencia que la misma fue notificada y comunicada por la Administración Tributaria el "27 de junio de 2011" al momento de autorizar el levante y recepción de dicho título de ejecución tributaria por el Técnico Aduanero de la Gerencia Regional La Paz de la ANB, con su firma, sello y fecha, por lo que cualquier pretensión de la Administración Tributaria prescribió por haber transcurrido más de cuatro años de dicha notificación (28 de junio de 2015).

En ese entendido y conforme los antecedentes administrativos, refiere que se puede evidenciar que CIDEPA Ltda., tramitó por cuenta de su comitente Project Concern International (PCI) la DUI C-2461, bajo la modalidad de despacho inmediato, que fue validada por la propia administración aduanera. Sin embargo, la Administración Aduanera notificó a CIDEPA Ltda. con la Nota de Requerimiento de Pago AN-GRLGR-LAPLI-C-4414-2017 de 27 de diciembre y a pesar de que se presentó memorial de oposición por exención y prescripción tributaria, sin valorar nuestros argumentos y descargos presentados, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-GRLGR-LAPLI-RESADM-2215 de 26 de diciembre de 2019, haciendo notar que la fecha de notificación fue el 2 de enero de 2020, cuando las acciones de la Administración Aduanera para ejercer su facultad de ejecución tributaria, según lo establece el art. 59-1, numeral 4 del CTB, se encontraban completamente prescritas.