SE/0160/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 160

Sucre, 02 de diciembre de 2019

Expediente: 044/2018-CA

Proceso: Contencioso Administrativo

Demandante: Empresa Minera San Lucas S.A.

Demandado: Ministerio de Minería y Metalurgia

Resolución Impugnada: Resolución de Recurso Jerárquico No. 246/2017 de 13 de

Noviembre.

Magistrado Relator: Lic. José Antonio Revilla Martínez

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 62 a 77 y vta., presentada por José María Caballero Alcocer en representación legal de la Empresa Minera San Lucas S.A., impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico No. 246/2017 de 13 de noviembre, emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, el Auto de Admisión de fs. 80 y vta., la contestación de fs. 119 a 132, el memorial de apersonamiento de la Autoridad Jurisdiccional administrativa Minera (AJAM) de fs. 215 a 226 y vta., en calidad de tercero interesado, los memoriales de réplica y dúplica de fs. 227 a 236 y de fs. 247 a 251, respectivamente, el apersonamiento de la Procuraduría General del Estado de fs. 242 a 243 y vta., el decreto de Autos para sentencia de 11 de septiembre de 2018 de fs. 297; los antecedentes tanto jurisdiccionales como administrativos y;

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Fundamentos de la demanda.

Manifiesta que desde junio de 2014 miembros del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Totoral, avasallaron sus Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), ubicadas en el sector Totoral en el departamento de Oruro, perturbando con ello su actividad minera, interponiendo ante ello denuncia ante el Ministerio Público, contra los avasalladores por los delitos de secuestro, lesiones graves y leves, amenazas, sabotaje, avasallamiento de área minera, explotación ilegal de recurso minerales y venta o compra ilegal de recursos minerales.

En virtud a la existencia de un avasallamiento debidamente denunciado, sostiene que no procede la reversión por inexistencia de actividad minera dispuesta por la Autoridad Jurisdiccional y Administrativa Minera (AJAM) y ratificada por el Ministerio de Minería y Metalurgia, exponiendo los siguientes agravios en su contra:

Denuncia la vulneración de los arts. 232 y 235-1 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Ley N° 2027 y 4 inc. c) de la Ley N° 2341, referidos al principio de legalidad, además de la inobservancia del entendimiento asumido en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 0796/2017-S1, que es de carácter vinculante conforme los arts. 203 de la CPE y 15 de la Ley N° 254, esto en virtud a que el art. 3-III de la Ley N° 403 de Reversión de Derechos Mineros, dispone la improcedencia de la reversión cuando la inexistencia de actividades mineras se produjere como consecuencia de avasallamientos debidamente denunciados, situación acreditada en el transcurso del proceso, pero que no ha sido validada por la autoridad jerárquica, quien bajo pretexto de la búsqueda de la verdad material pretende ir más allá de lo establecido por la ley; empero, mediante Auto de 13 de junio de 2017 la AJAM estableció irresponsablemente que la carga de la prueba recae en el interesado; señala que la autoridad jerárquica argumenta que la documentación sobre el avasallamiento recién se habría presentado en instancia de revocatoria, cuando al momento de la inspección se hizo entrega de la imputación formal y auto interlocutorio, no habiéndolos valorado en su momento, por lo que durante la fase de impugnación presentó mayores documentos del proceso penal, no obstante, la imputación formal, demuestra la existencia del proceso penal por avasallamiento en área minera.

Efectuando un detalle de los documentos presentados para acreditar la sustanciación de proceso penal por avasallamiento de área minera y otros delitos, refiere que el accionar de la AJAM y el Ministerio de Minería y Metalurgia, demuestra el incumplimiento del art. 3-III de la Ley N° 403, pese a demostrarse la respectiva denuncia penal para que no proceda la reversión; pues pese a tener conocimiento del avasallamiento sufrido en el sector Totoral, incluso a través de la carta de 17 de marzo remitida por el propio Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Totoral, en la que reconocen que realizan actividad minera en el área, la existencia de problemas en las áreas mineras y la autorización del mismo Ministerio y la COMIBOL para sus trabajos, la autoridad jerárquica estableció incongruentemente la inexistencia del avasallamiento.

Alega que, el personal del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización (VPMRyF), elaboró el Informe Técnico N° 719-UCF I - 026/2016, reconociendo en sus conclusiones que la ATE denunció el avasallamiento y recomendó el archivo del caso por no existir actividad minera desarrollada por el titular, en virtud al avasallamiento por parte de los Trabajadores del Sindicato Totoral, pretendiendo desconocerse esta situación en la inspección efectuada en la gestión 2017; por lo que ante el incumplimiento de su obligación de someterse plenamente a la Ley, solicita la nulidad de la Resolución Jerárquica como de las resoluciones precedentes, conforme establece el art. 35-I inc. d) de la Ley N° 2341, por ser contrarias a la CPE.

Al amparo de los arts. 115-II de la CPE, 4 inc. c), 16 inc. h), 28 inc. b), e), 30 de la Ley N° 2341, 32 del D.S. N° 27113 y el entendimiento asumido en la SCP N° 0714/2017-S1 de 27 de julio, acusa a la Resolución Jerárquica, de centrar equivocadamente sus argumentos en la inexistencia de actividad minera en los últimos 12 meses, sin considerar la denuncia de avasallamiento en área minera y las pruebas presentadas para acreditarla, al utilizar argumentos que van más allá de lo establecido en la norma, cuando interpreta que la presentación de la denuncia por avasallamiento, tuvo como único objetivo evitar la reversión, incumpliendo lo previsto en la Ley N° 403, que precisamente establece como causal para determinar la improcedencia de la reversión.

Invocando la SCP N° 1126/2017-S2 de 23 de octubre, referida al debido proceso, concluye que las resoluciones emitidas durante la sustanciación del procedimiento administrativo carecen de una debida motivación y fundamentación que permitan tener la certeza que la decisión asumida ha sido emitida en cumplimiento de la ley y el procedimiento establecido al efecto.

Cita al art. 115-II de la CPE y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 1234/2017-S1 de 28 de diciembre y 1083/2014 de 10 de junio, referidas a la congruencia como elemento del debido proceso, y argumenta que la Resolución Jerárquica, de manera confusa señala que la autoridad administrativa tiene la obligación de verificar si ese avasallamiento impide el ejercicio de la actividad minera, como si pudiese darse el caso de que no lo hiciera, siendo además obligación y competencia de la autoridad jurisdiccional penal el determinar la adecuación de la conducta al tipo penal.

Manifiesta que la autoridad jerárquica, invocando la búsqueda de la verdad material, afirma que al no haberse evidenciado avasallamiento el día de la inspección, este no existe, sin considerar ni valorar el proceso penal que se sustancia por el delito de avasallamiento en área minera, por cuanto la norma establece como condición para la improcedencia de la reversión, la presentación de la denuncia y no así la verificación del avasallamiento en la inspección, siendo incongruentes la Resolución de Revocatoria y la Resolución Jerárquica, cuando señalan que no se advirtió indicio de avasallamiento en el área, pero posteriormente reconocen la existencia de la denuncia por avasallamiento.

Establece que la Resolución Jerárquica vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso reconocidos en los arts. 115-II, 117-I y 119-II de la CPE, por los siguientes aspectos suscitados en el transcurso del proceso:

1. Negativa de convocatoria de informantes

Manifiesta que las Resoluciones de Revocatoria y Jerárquica niegan la convocatoria a los servidores públicos en calidad de informantes bajo el argumento de que ya habrían emitido todos sus argumentos en el informe técnico de verificación, sin considerar que el pedido de su convocatoria es potestativo del administrado, al amparo del art. 89 inc. e) del D.S. N° 27113, y que, en caso de duda sobre la pertinencia de la prueba, debe estarse siempre a favor de su admisión conforme al art. 88-II del D.S. Nº 27113, no siendo potestad de la administración el restringir la producción de prueba, más aún cuando ésta desconocía qué aspectos se pretendía probar con su convocatoria, por lo que no podía presumir que toda la información ya se encontraba registrada en el informe técnico.