Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Sentencia N° 185
Sucre, 12 de noviembre de 2020
Expediente : 274/2018-CA
Demandante : Ángel Santiago Maldonado Peralta
Demandado : Autoridad General de Impugnación Tributaria
Proceso : Contencioso Administrativo
Resolución Impugnada : AGIT-RJ 1679/2018 de 17 de julio
Magistrado Relator : Lic. José Antonio Revilla Martínez
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 14 a 26, interpuesta por Ángel Santiago Maldonado Peralta contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1679/2018 de 17 de julio, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la contestación de fs. 79 a 88, el decreto de Autos para Sentencia de fs. 118, los antecedentes del proceso en sede administrativa; y,
CONTENIDO DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN
Antecedentes
Ángel Santiago Maldonado Peralta, señaló que el 13 de septiembre de 2011, la Aduana Nacional tramitó y validó la DUI N° 2011 201 C-29213, a su nombre, para la nacionalización de un vehículo Clase Vagoneta, marca Toyota, tipo Hilux Surf, tracción 4x4, color Blanco combinado, con chasis N° RZN1859015525, motor N° 3RZ- 1672366, importado legalmente a territorio aduanero nacional.
Asimismo refirió que cursa en los antecedentes, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1061/2016 de 29 de agosto, que CONFIRMÓ la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0591/2017; esta última resolución, anuló obrados con reposición hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta la notificación del Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI N° 250/2012 de 17 de noviembre; emergente de lo señalado, la Administración Aduanera (AA), le notificó de forma personal con el Acta señalada, calificando la conducta como contrabando conforme el art. 181 inc. f) de la Ley N° 2492.
Expresó que el hecho generador de la obligación tributaria aconteció el 13 de septiembre de 2011, momento en el cual la AA, procedió a validar la DUI 2011/201/C-29213, que ampara la legal internación del vehículo, habiendo además invocado la prescripción en virtud del art. 59 del Código Tributario Boliviano (CTB- 2003), con relación a lo previsto por el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); independiente de lo solicitado, la AA emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SSPCC-N0 064/2017 de 7 de diciembre, declarando probada la comisión de contrabando; resolución impugnada y resuelta por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RSA N° 0635/2018, que CONFIRMÓ la Resolución Sancionatoria; emergente de lo dispuesto, se interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1679/2018 de 17 de julio, que CONFIRMÓ la Resolución de alzada, con el argumento que la Resolución sancionatoria, fue notificada al sujeto pasivo el 28 de diciembre de 2017, en vigencia de la Ley N° 812, que dispone un término de prescripción de ocho años de acuerdo al art. 60-II del CTB-2003, concordante con el art. 154-I del referido Código.
Fundamentos de la demanda
Señaló que la Resolución Jerárquica impugnada, no realizó una adecuada valoración de los antecedentes del proceso administrativo, ni consideró que el hecho generador de la obligación tributaria ha ocurrido en la gestión 2011, sin considerar que la Resolución Sancionatoria que podría interrumpir la prescripción, fue notificada en secretaria el 28 de diciembre de 2017; es decir cuando la Aduana ya no tenía facultades para fiscalizar y/o sancionar el ilícito aduanero, porque la misma habría prescrito con anterioridad, es decir el 31 de diciembre de 2015; que los actos emitidos por la Aduna son ilegales y nulos de pleno derecho por el simple hecho que el año 2017, ya no tenía la facultad y competencia para emitir el Acta de Intervención Contravencional y su respectiva Resolución, aspecto que vulnera el derecho a la defensa, debido proceso y la seguridad jurídica, por lo que corresponde revocar la resolución impugnada.
Expresó que la AGIT, ha omitido sistemáticamente la aplicación correcta de la normativa establecida en el art. 59 y 150 del CTB, 123 de la CPE y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Adujó de ¡legal la aplicación de la irretroactividad de la Ley, que vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica; a ese fin citó los arts. 410-II, 123 y 256-I de la CPE y la Sentencia de fondo de Reparaciones y costas, del caso Ricardo Canese vs. Paraguay, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CADH), que relacionó a la irretroactividad de la Ley; pidiendo se aplique de forma obligatoria la jurisprudencia señalada, conforme estableció el caso Ibsen Cardenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, en relación a que los jueces y aparato de un Estado, están sometidos a la Convención Americana, aspecto que la AIT, para resolver la prescripción tributaria en base a los arts. 123 de la CPE y 9 de la CADH, debió haber realizado el control difuso de convencionalidad y no como manifiesta el Director de la AGIT.
La AGIT, al resolver el caso, aplicó de manera retroactiva las modificaciones incorporadas al art. 59 de la Ley 2492, por la Ley N° 291 y 812, que no benefician al sujeto pasivo, sin considerar que el hecho generador, nace con la DUI C-29213 de 13 de septiembre de 2011, en vigencia del art. 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto, por cuanto no se puede aplicar de manera retroactiva la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, conforme el art. 123 de la CPE y o de la CADH, aplicado por el art. 256 de la Norma Suprema, a ese fin transcribió parte de la Sentencia N° 84-1 de 10 de julio de 2017 emitida por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera de este Tribunal de Justicia.
Alegó que se debe considerar el principio procesal del "TEMPUS REGIT ACTUS", que implica la necesidad legal de que el sujeto pasivo sea procesado administrativamente en atención a la norma que en el momento de producirse el hecho generador estaba vigente, en ese caso la prescripción estaba regulada por el art. 59 de la Ley N° 2492; asimismo, en relación a la ultractividad de la Ley derogada, citó la Sentencia Constitucional (SC) N° 0220/2010-R de 1 de mayo.
Señalo que existe una ¡legal aplicación del instituto de la prescripción, considerando que la AGIT en la emisión de la Resolución Jerárquica, omitió considerar los principios de la actividad administrativa previsto en el art. 4 de la Ley N° 2341, que el plazo para la prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluyo el 31 de diciembre de 2015, considerando que el hecho generador se produjo cuando la DUI 2011 201 C 29213, fue validada el 13 de septiembre de 2011, que además no existe ningún acto de interrupción o suspensión de la prescripción, por lo que pidió se apliquen los arts. 59-I, 60-I, 61 y 62 de la Ley N° 2492, por cuanto establece que la acción administrativa para imponer sanciones prescribe a los 4 años, por lo que cualquier acción contaría a lo señalado, vulneraria el debido proceso y el derecho a la defensa, a ese fin citó la .
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