Texto del fallo
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA
SEGUNDA
SENTENCIA N° 224/2020
EXPEDIENTE :168/2016
DEMANDANTE :David Villarroel Fernández
DEMANDADO (A) :Autoridad General de Impugnación Tributaria
TIPO DE PROCESO :Contencioso Administrativo
RESOLUCION IMPUGNADA :AGIT-RJ 0659/2016 de 22 de junio
MAGISTRADO RELATOR :Dr. Ricardo Torres Echalar
LUGAR Y FECHA :Sucre, 20 de agosto de 2020
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fojas 13 a 18 y vuelta, interpuesta por David Villarroel Fernández, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0659/2016 de 22 de junio (fojas 2 a 11), el memorial de contestación de la autoridad demandada de fojas 56 a 61, el memorial de contestación del tercero interesado, Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Santa Cruz de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia de fojas 90 a 92, el decreto de autos de fojas 131, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I:
I.1. Antecedentes de la demanda.
Manifestó el demandante que, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 778 al 780 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por determinación del numeral 2 del artículo 74 de la Ley N° 2492, deduce demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0659/2016 de 22 de junio.
Que, el origen del proceso, radica en la solicitud de nulidad de notificación presentada por David Villarroel Fernández, respecto del Acta de Intervención SCRZZC-C0037/2016 de 23 de noviembre de 2015 y la Resolución Sancionatoria de Contrabando SCAZZC-RC-0023/2015 de 9 de diciembre, actos con los que según afirma el demandante, nunca fue notificado personalmente, contraviniendo lo establecido en la Ley N° 2492 y respecto de lo cual, la Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Santa Cruz, mediante Proveído AN-SCRZZ-PRO-6-2016 de 12 de enero, dispuso que no ha lugar a la nulidad de notificación solicitada.
Que, tratándose el proveído señalado de un acto definitivo, interpuso recurso de alzada, el que fue resuelto a través de la Resolución ARIT-SCZ/RA 0198/2016 de 11 de abril que confirmó el proveído impugnado; que en virtud de lo anterior, dedujo recurso jerárquico, describiendo los argumentos del mismo, precisando que de acuerdo con el parágrafo IV del artículo 97 de la Ley N° 2492, el acta de intervención en contrabando, equivale en sus efectos a la vista de cargo y que ésta debe ser notificada de manera personal, según está establecido en el artículo 84 de la Ley N° 2492.
Citó los artículos 84, 85 y 83 de la Ley N° 2492, para concluir afirmando que la autoridad jerárquica, se limitó a través de la Resolución AGIT-RJ 0659 de 22 de junio, a confirmar la pronunciada en alzada.
Luego del desarrollo de los antecedentes descritos, expresó la impugnación de la resolución jerárquica indicada, en base a los siguientes argumentos:
I.1.1. Manifestó el demandante que nunca fue notificado ni con el Acta de Intervención SCRZZC-C0037/2016 de 23 de noviembre, ni con la Resolución Sancionatoria de Contrabando SCRZZC-RC-0023/2015 de 9 de diciembre, lo que fue confirmado por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz, al indicar que se notificó en Secretaría, contraviniendo el parágrafo I del artículo 33 de la Ley N° 2341, sin que existan además actos que precedan a la notificación mediante edicto; que la falta de notificación con los actos señalados, le privó de ejercitar su defensa, lo que vulneró su derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, citando el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492.
Hizo referencia al artículo 5 de la Ley N° 2492, en relación con la prelación normativa, afirmando que tanto en alzada como en recurso jerárquico, debió aplicarse y resolverse este punto, observando primero la constitución, luego las leyes, los decretos supremos y finalmente las resoluciones normativas de directorio, ello en relación con el artículo 6 del mismo cuerpo legal.
I.1.2. Agregó que por lo manifestado, correspondía la nulidad de obrados hasta que se le notifique de manera legal los actos administrativos correspondientes al acta de intervención y la resolución sancionatoria de contrabando y que al no haber actuado de esa manera, se han vulnerado los artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado, que garantizan el debido proceso y el sagrado derecho a la defensa, haciendo a continuación una relación de las normas citadas, además de citar las , N° 1842/2003-R de 12 de diciembre, N° 128/2001-R y N° 378/200-R sobre el derecho a la defensa el debido proceso.
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