Texto del fallo
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
SEGUNDA
SENTENCIA N° 300/2020
EXPEDIENTE : 116/2018
DEMANDANTE : Gobierno Autónomo Departamental de
Cochabamba
DEMANDADO (A) : Ministerio de Economía y Financias Públicas
TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo
RESOLUCION IMPUGNADA : Resolución Ministerial RMJ
MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 003/2018 de
10/01/2018
MAGISTRADO RELATOR : Dr. Carlos Alberto Egüez Añez
LUGAR Y FECHA : Sucre, 21 de septiembre de 2020
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fojas 109 a 119, subsanada a fojas 138, interpuesta por Alaim Mauricio Flores Cáceres y Silvia Eugenia Claros Orellana, en representación del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, impugnando la Resolución Ministerial RMJ MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 003/2018 de 10 de enero, de fojas 5 a 15, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, contestación a la demanda, de fojas 260 a 263 vta., los memoriales de respuesta a la demanda de los terceros interesados, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros-APS, de fojas 248 a 253 vta., Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA, no presentaron réplica ni dúplica, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.
CONTENIDO DE LA DEMANDA:
Que, Alaim Mauricio Flores Cáceres y Silvia Eugenia Claros Orellana, en representación del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, se apersonaron en mérito a Testimonio de Poder N° 028/2018 de 16 de abril, otorgado por Ivan Jorge Canelas Alurralde, en su condición de Gobernador del GADC, ante la Notaría de Gobierno; y al amparo de lo previsto en el art. 2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, concordante con lo establecido con lo establecido en la Disposición Tercera de la Ley 439 de 19 de noviembre de 2013 y la Disposición Transitoria Decima de la Ley 025 de 24 de junio de 2010 -Ley del Organo Judicial- interponen demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución Ministerial Jerárquica RMJ MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 003/2018 de 10 de enero, de fojas 5 a 15, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, constituyéndose en tercero interesado la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros-APS y Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA, a los fines de la presente demanda. Seguidamente, describe los antecedentes del proceso en sede administrativa y expresa los siguientes fundamentos:
Aduce que el fundamento expresado por la resolución ministerial impugnada, se limita a establecer la conducta infractora, su adecuación a la infracción y respectiva sanción, ahondando su análisis en el plazo que tenía la compañía de seguros para indemnizar las pólizas ya referidas, acción que por demás se estableció que fue extemporánea, empero no realiza un análisis técnico-jurídico, con relación al objeto principal del fundamento presentado por el GADC, que en lo esencial no radicaba en el plazo para la ejecución de la póliza, sino versa sobre la falta de disposición en las resoluciones sancionatorias referentes a las medidas o acciones a ser cumplidas para proteger o prevenir los efectos de la infracción y restaurar el derecho, lo que se traduce en la disposición expresa de indemnización total de la póliza de correcta inversión de anticipo, esto a fin de evitar un daño económico al GADC.
Señala que la resolución impugnada, en forma sesgada establece que los alegatos formulados por la GADC están fuera de contexto y que carece de fundamento, sin describir con precisión por qué no son aplicables al caso, más cuando se realizó la explicación normativa y jurisprudencial pertinente; en ese sentido, la autoridad jerárquica debió pronunciarse respecto a “si la APS tiene facultades para disponer o no el pago total de la pólizas objeto de la presente, o en su caso cuales fueron las medidas o acciones a ser cumplidas para proteger o prevenir los efectos de la infracción y restaurar el derecho”, considerando que este aspecto vulnera el debido proceso -en su vertiente debida motivación y fundamentación de la sentencia- prevista en los arts. 115 y 117 de la CPE. A ello cita la .
Esgrime, que si bien la resolución impugnada señala que la APS cumplió en la aplicación de las normas específicas, no establece de manera precisa de qué manera la APS dio estricto cumplimiento a su propio reglamento para procesos administrativos aprobado por Resolución Administrativa IS Nº 602 de 24 de octubre de 20003, por cuanto esta norma en su art. 23 señala el contenido y los elementos que debe tener las resoluciones administrativas que ponen fin a los procesos administrativos sancionatorios. En tal virtud, las resoluciones administrativas, no establecen la forma, medidas y acciones destinadas a proteger o prevenir los efectos de la infracción o restaurar el derecho que tiene la GADC, siendo la única forma –obligar a la Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA- la indemnización total de la Póliza de Correcta Inversión de Anticipo en favor de la GADC.
Mostrando 19 de 91 parrafos.