Sentencias

Caso: El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso en su elemento al derecho a la defensa, vinculado al principio de seguridad jurídica; toda vez que, habiéndose dispuesto la notificación de las víctimas y el Ministerio Público con la acusación fiscal y su radicatoria a través de comisión instruida, la Secretaria demandada una vez efectuadas las diligencias, no remitió los actuados al Tribunal de origen, alegando ser la única funcionaria del juzgado, lo que le impide dar inicio al juicio oral, estando detenido preventivamente.

Ratio: En aplicación del F.J.III.3 que desarrolla el estándar más alto de protección del debido proceso vía acción de libertad, se ingresa a fondo, en razón a que existe vinculación del acto denunciado con la libertad.

Caso: La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa; luego de ocho meses de investigación, el Ministerio Público emitió requerimiento de rechazo de 27 de enero de 2021, decisión fiscal que fue impugnada y mereció la Resolución jerárquica FDLP/WEAL/R-294/2021 de 15 de junio, la cual resolvió ratificarla; sin embargo, posteriormente el Fiscal de Materia demandado reaperturó el caso sin realizar una fundamentación legal ni subsunción al tipo penal de estelionato, para luego citarla a declarar; por ello, alega persecución ilegal y arbitraria.

Ratio: Se confirma la Resolución y se deniega la tutela al no concurrir los dos presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para tutelar el debido proceso vía acción de libertad.

Caso: La parte impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a elegir y ser elegido, al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba, a la “…INADECUADA VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y EL SISTEMA DE ELECCIÓN” (sic); a la defensa; a recurrir el fallo ante el superior en grado; al “principio de impugnación” y principio de legalidad; así como a la tutela judicial efectiva o tutela “electoral” efectiva; pues: 1) Aunque cumplieron con todos los requisitos exigidos para presentar su candidatura al proceso eleccionario en el ICAC; el Comité Electoral los inhabilitó, con el único argumento de que la nómina de candidatos presentada no comprendía todos los cargos jerárquicos a los que se convocó; sin considerar que presentaron su postulación con base al sistema de lista incompleta establecido en la Convocatoria para garantizar la representación y proporcionalidad de la mayoría simple y el segundo inmediato en la votación; 2) Las Resoluciones emitidas con relación a su inhabilitación, entre ellas la de 4 de octubre de 2021, procedió sin la debida fundamentación, motivación, congruencia e inadecuada valoración de la prueba al ratificar su inhabilitación, ante una evidente falta de conocimiento con respecto a los sistemas de elección; 3) La Resolución de 29 de septiembre de 2021 de inhabilitación, usurpó funciones que no le competen, pues debió ser firmada por la Presidente, Vocal titular y dando fe electoral, la Vocal Secretaria y en caso de impedimento acreditado, se tenía que convocar a cualquiera de los dos Vocales suplentes; empero, solo fue suscrita por la Presidente, con la complicidad del Vocal Suplente, quien no acreditó con carácter previo el impedimento de los titulares y sin la autorización de la Vocal Secretaria; y, 4) Se negó la posibilidad de recurrir la decisión del Comité Electoral del ICAC ante una instancia superior en grado, debido a que el numeral 8.3 de la Convocatoria de 22 de agosto de 2021, determina que los fallos del Comité Electoral son irreversibles y causan estado.

Ratio: Deniega la tutela; toda vez que, la accionante incurrió en la causal de improcedencia por existencia de actos libre y expresamente consentidos; sin que haya antecedido antes o durante la presentación de su candidatura alguna observación a las disposiciones que contenía la Convocatoria pues a partir de la postulación efectuada se denota una inequívoca aceptación o consentimiento voluntario y expreso, respecto a las disposiciones contenidas en la Convocatoria.

Caso: El accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa en relación con su derecho a la libertad; toda vez que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de Estafa Agravada y otros, el Juez demandado, no emitió la conminatoria prevista en el art. 134 del CPP para que el Fiscal Departamental emita requerimiento conclusivo, no obstante a que el plazo de la etapa preparatoria venció; y, sin considerar los memoriales que en forma reiterativa presentó solicitando dicha conminatoria.

Ratio: Se concedió en parte la tutela ingresando al fondo, que en aplicación al estándar jurisprudencial más alto, que permite tutelar lesiones del debido proceso aun no exista una lesión directa al derecho a la libertad.