Sentencias

Caso: El accionante a través de sus representantes denunció la lesión a sus derechos a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en su componente a la defensa, toda vez que, la Jueza demandada incurrió en imprecisiones al momento de señalar una nueva audiencia de prosecución del juicio oral en relación a la hora y fecha de dicho actuado, lo que dio lugar a que se apartara de su proceso a sus abogados patrocinadores, impidiéndole contar con una defensa técnica de su confianza e imponiéndole un defensor de oficio.

Ratio: Se denegó la tutela impetrada, en virtud a que los actos lesivos denunciados como infracción del debido proceso no se encuentran vinculados con la libertad, debido a que el peticionante de tutela no acreditó que se encuentre restringido en su libertad.

Caso: La accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad, y el principio de “celeridad”; toda vez que, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado- y la Secretaria del referido Juzgado -ahora codemandada- no remitieron a la fecha -se entiende hasta la presentación de ésta acción de defensa- los antecedentes del recurso de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio 262/2021 de 29 de julio, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; la cual observó los mismos en dos oportunidades por no estar aparejados los elementos de prueba producidos en la audiencia (virtual) de 29 de julio de 2021, donde se le impuso la medida cautelar de detención preventiva.

Ratio: Concede la tutela; ingresando al fondo de la problemática sobre el reclamo de procesamiento indebido toda vez que existe una vinculación indirecta con el derecho a la libertad y en el caso no era necesario el agotamiento de los medios de defensa, advirtiéndose la vulneración de derechos al debido proceso, justicia pronta oportuna y sin dilaciones; y al principio de celeridad.

Caso: El impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho como ciudadano de participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político directamente; debido a que, las autoridades demandadas omitieron convocar a la asamblea ordinaria con la finalidad de que se anule la elección de los integrantes del Comité Electoral y la consiguiente, convocatoria a elecciones para integrar los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa.

Ratio: Deniega la tutela; toda vez que, el accionante incurrió en la causal de improcedencia por existencia de actos consentidos libre y expresamente; al participar de los actos que denuncia como ilegales, manifestando su aquiescencia tanto con la forma y el fondo de la decisión de la Cooperativa aprobando determinaciones consintiendo los actos que impugna ahora en la acción.

Caso: El accionante mediante sus representantes denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada habiendo sido notificada con el mandamiento de libertad condicional de 29 de noviembre de 2021, emitida por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, que mandó y ordenó se disponga su libertad condicional; sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no fue cumplida.

Ratio: Se denegó la tutela impetrada, al no haberse demostrado los presupuestos para su activación.

Caso: El accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de su derecho sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso al generar un procesamiento y persecución ilegal indebida, alegando que el Fiscal de Materia demandado inició un proceso penal en su contra en mérito al informe de acción directa emitido por el funcionario policial demandado, por la presunta comisión del delito de conducción peligrosa, sobre un hecho de tránsito que el mismo impetrante de tutela denunció; sin embargo, se modificó arbitrariamente, tanto al denunciado como el tipo penal.

Ratio: Se denegó la tutela impetrada, al no concurrir los presupuestos para su activación.

Caso: El accionante denuncia que dentro del proceso de homologación de asistencia familiar que le instauro Amalia Suyo Mamani, se encuentra detenido a raíz de dos mandamientos de apremio consecutivos emitidos en su contra; en ese escenario, pese a que presentó solicitudes de mandamiento de libertad al término de seis meses, las mismas le fueron negadas aduciendo el Juez de la causa que no hubiera oblado la asistencia familiar adeudada, desconociendo que el apremio por dicha obligación no puede exceder el señalado lapso de tiempo, restringiendo de esa manera sus derechos a la libertad y al debido proceso.

Máxima: La privación de libertad en cumplimiento a un mandamiento de apremio por incumplimiento en el pago de pensiones devengadas, de conformidad al art. 415.IV del CFPF, no puede exceder los seis meses en su ejecución, encontrándose la autoridad judicial de la causa constreñida inclusive de oficio, en disponer libertad del obligado.

Precedente: F.J.III.2. “En lo concerniente al incumplimiento del pago de la asistencia familiar por parte del obligado sancionado con el apremio corporal, se tiene el criterio contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual establece que la privación de libertad como medida coercitiva ante la falta de cancelación de la manutención fijada, no puede exceder los seis meses en armonía con lo previsto taxativamente en el art. 415.IV del CFPF; ahora bien, este Tribunal razonó que cumplido ese término no podría ejecutarse una nueva restricción a ese derecho por similar razón y dentro la misma causa familiar hasta transcurridos otros seis meses; puesto que, lo contrario significaría mantener indefinidamente detenido al individuo en cuestión; lo que, no solo se constituye una transgresión a sus derechos sino también un detrimento en el beneficiario; pues, de mantenerse recluido de forma continua, el obligado no podría generar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de aquel. En ese contexto y de la citada certificación se concluye que se transgredió el derecho a la libertad del accionante; por cuanto, ingreso al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí el 4 de abril de 2021, computándose a la emisión de esa documental corresponde a siete meses y veintinueve días de detención, sobrepasando el límite establecido de seis meses, los cuales una vez cumplidos el Juez de la causa estaba obligado inclusive de oficio a disponer la libertad en aplicación de los alcances de la SCP 1720/2014 de 5 de septiembre, que sostuvo: “Así, la autoridad jurisdiccional que conoce de un proceso de asistencia familiar donde impuso el apremio corporal contra el obligado a su suministro, está en el deber de disponer inclusive de oficio la libertad del deudor una vez que se cumplieron los seis meses estipulados en la norma, razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado, y sin haber advertido este extremo, media la solicitud del interesado para restablecer el ejercicio de este derecho, debe proveer su tramitación en forma expedita” (el énfasis es añadido); máxime, si en el caso concreto cursaban solicitudes de mandamiento de libertad de 4 de octubre y 19 de noviembre de 2021, mismas que fueron negadas; sin embargo, debieron ser atendidas conforme el criterio jurisprudencial glosado; por consiguiente en el caso de autos, ante la vulneración detectada, corresponde conceder la tutela impetrada”.