Sentencias

Máxima: APLICACIÓN DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN BOLIVIA – ESPAÑA DE 1990/ Aborda principalmente los requisitos de territorialidad y la doble incriminación para que la extradición proceda; es decir, que: 1. Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año y un día. 2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá además que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta cumplir no sea inferior a seis meses.

Precedente: Artículo 184 numeral 3) de la Constitución Política del Estado. Artículo 38 númeral 2 de la Ley del Órgano Judicial, Ley 025 de 24 de junio del 2010. Artículos 50 numeral 3) y 154 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal (Ley N° 1970). Artículos 2 y 24 numeral 5) del Tratado de Extradición entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia, de 24 de abril de 1990.

Máxima: PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN/ Procederá por delitos que, en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años y se regirá por las Convenciones y Tratados internacionales vigentes o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable.

Precedente: Artículo 184 numeral 3 de la Constitución Política del Estado. Artículo 149 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas Ley 1008 de 19 de julio de 1988. Artículo 1 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile.

Máxima: EXTRADICIÓN/ La finalidad esencial de la extradición es hacer efectiva la cooperación judicial internacional para contribuir a la realización de la justicia, garantizar el debido proceso y la aplicación igualitaria de la Ley, con la finalidad de evitar la impunidad de los delitos y simplificar las formalidades, permitiendo la ayuda mutua en materia penal en un ámbito más amplio que el previsto por los tratados en vigor.

Precedente: Artículos 184 numeral 3 y 255 numeral 1 de la Constitución Política del Estado. Artículo 149 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 20 del Tratado de Extradición entre Argentina y Bolivia.

Máxima: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN/ La misma procede si esta revestida de las formalidades que inexcusablemente deben ser cumplidas por el Estado requirente y el cumplimiento de éstas provoca que el Estado requerido considere procedente el pedido de detención preventiva; en base a la normativa específica aplicable.

Precedente: Artículo184 parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado. Artículo 150 del Código de Procedimiento Penal. Artículos 48 con relación al 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas Ley 1008 de 19 de julio de 1988. Artículos 1 y 18 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR de 10 de diciembre de 1998.

Máxima: VALORACIÓN DE LA PRUEBA/ El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, salvo que en el recurso se acuse y pruebe la existencia de error de hecho o de derecho en su apreciación, única posibilidad para que de manera excepcional se pueda volver a valorar la prueba identificada de manera clara y específica en el recurso.

Precedente: Artículo 220 parágrafo II del Código Procesal Civil. Artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

Máxima: PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN/ El principio de preclusión que rige en los procesos laborales, se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, quedando extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto o reclamarlo si se considerara que causa un agravio.

Precedente: Artículos 3 inciso e) y 57 del Código Procesal del Trabajo.