Sentencias

Caso: El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a la libertad, por parte de los demandados, quienes al emitir el Auto de Vista 175/2020 de 12 de octubre, realizaron una interpretación más favorable y de mayor protección al derecho adquirido por los beneficiarios de asistencia familiar, no pudiendo sostener la teoría de la prescriptibilidad de dicho beneficio por el transcurso del tiempo, la citada interpretación puede únicamente vincularse a casos donde los beneficiarios son menores de edad.

Ratio: Se denegó la tutela impetrada, por no concurrir los presupuestos de activación para la presente acción de defensa

Caso: Los accionantes a través de su representante sin mandato denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y el principio de celeridad; puesto que, la autoridad demandada no remitió el cuaderno de investigaciones ni la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 24 de marzo de 2021, emitida por Roberto Francisco Ruiz Pizarro, anterior Fiscal de Materia, al Fiscal Departamental de Santa Cruz, habiendo solicitado en reiteradas oportunidades se proceda a la remisión extrañada, sin resultado hasta la fecha de interposición de la acción de libertad de pronto despacho.

Ratio: Se deniega la tutela, toda vez que el reclamo efectuado por los accionantes respecto a la dilación e la remisión oficio de la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 24 de marzo de 2021 por parte de la autoridad fiscal ante el Fiscal Departamental; no es la causa directa de la situación jurídica de los prenombrados, sino una resolución que dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal dictada por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; asimismo, no se advierte que se encuentren en estado de indefensión, pudiendo hacer uso de los recursos que les faculta la ley. Por consiguiente, no concurren los dos presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para tutelar el debido proceso vía acción de libertad.