Sentencias

Caso: El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; en razón a que, estando recluido en el Centro Penitenciario “Palmasola”, del departamento de Santa Cruz en razón de la Sentencia 5 condenatoria ejecutoriada dictada en su contra por la comisión del delito de robo agravado, interpuso incidente de libertad condicional, habiendo al efecto el Juez de Ejecución Penal Segundo del indicado departamento, mediante decreto de 19 de junio de 2020, solicitado al Director del referido centro carcelario -ahora accionado-, que de conformidad al art. 175 de la LEPS, remita los informes correspondientes para resolver dicho incidente; sin embargo, la referida autoridad accionada hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no expidió la documentación solicitada aun de ser conminada, incurriendo en una dilación injustificada.

Caso: El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a la defensa en su vertiente a ser oído, puesto que: a) El Fiscal de Materia ahora coaccionado a pesar que el denunciante -se entiende del proceso penal- fue legalmente notificado con la Resolución de Rechazo 91/2020 de 19 de marzo, ordenó a la funcionaria policial hoy coaccionada que practique una nueva notificación; b) Dicha funcionaria policial informó que se debe practicar una nueva notificación a las partes procesales, extremo que sería absolutamente falso; y, c) La otra denunciada -se entiende del proceso penal- acudió ante el Juez ahora accionado a efectos de que solicite al Fiscal de Materia hoy coaccionado un informe respecto a las irregularidades que ocurrieron en el proceso penal del cual deviene esta acción tutelar; empero, no obtuvo respuesta alguna hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, tal como lo prevé el art. 132 del CPP.

Caso: El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad de las partes, al acceso a una justicia plural, pronta y oportuna, a la tutela judicial efectiva y “…a ejercer los derechos y garantías constitucionales, tratados y convenios internacionales…” (sic); puesto que los Jueces Técnicos ahora accionados no se pronunciaron respecto a la excepción de prejudicialidad -que ataca el fondo de su proceso- que fue planteada ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien a diferencia de los Jueces Técnicos hoy accionados -cuya emisión de cualquier resolución al respecto sería nula- es el competente para resolverlo, siendo que al valorar la prueba documental esa instancia pudo concluir su proceso o al ser negado, tenía la posibilidad de hacer uso de su derecho a la impugnación; al no realizarse de esa forma, se vulneró su derecho a la defensa al dejarlo en estado de indefensión por continuar con un trámite viciado provocando un procesamiento indebido.